La mitad de los máximos responsables de empresas públicas valencianas suspenden en “mérito y capacidad”

La nueva investigación de datos Hay Derecho analiza el currículum de 66 máximos responsables de las principales entidades públicas de la Comunitat Valenciana en la última década y bajo gobiernos de distinto signo político. El análisis final revela que 33 de ellos suspenden en cuanto a los principios de mérito y capacidad, con menos de un 5 en una escala del 1 al 10.

El resultado forma parte de las conclusiones de una investigación de datos llevada a cabo por Hay Derecho que analiza, en total, 101 currículums de directivos de 43 entidades públicas de dos comunidades autónomas de signo político contrario: la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana.

Hay Derecho, organización sin ánimo de lucro que defiende el Estado de derecho y lucha contra la corrupción, ha creado unos indicadores que, a partir de la recogida y análisis de datos públicos, permite evaluar si los procesos de selección de los máximos responsables reflejan los principios de mérito y capacidad o por el contrario se trata de amiguismo e intercambio de favores

Para el análisis de la idoneidad de los máximos directivos, la metodología tiene en cuenta la formación académica, la experiencia profesional general y específica en el sector que dirige, así como experiencia de gestión, tiempo de permanencia en el puesto y vinculación política.

La investigación, que lleva por nombre El Dedómetro, resalta que el sistema no establece procedimientos objetivos, transparentes y con concurrencia para garantizar los principios de mérito y capacidad en su selección. Y sin embargo, estos directivos gestionan presupuestos medios de 184 millones de euros de dinero público y cuentan con salarios de hasta 220.000 euros anuales.

Los responsables de gestionar empresas públicas de sectores claves como el transporte, los medios de comunicación o las finanzas, entre otros, están expuestos a niveles de rotación muy altos, vinculados principalmente a los cambios de gobierno. En la Comunitat Valenciana destacan 3 entidades que han llegado a tener entre 5 y 7 responsables diferentes en una década.

“¿Cómo se puede sostener una estrategia o un plan de acción coherente con una rotación tan alta? La ciudadanía merece una gestión eficaz de sus servicios y del dinero público”, señala Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

Analizando una década de datos

El Dedómetro, que analiza datos de entre 2012 y 2022, apunta a una leve mejora en el perfil de los máximos responsables de los entes públicos cuando los gobiernos carecen de mayoría absoluta. Llama en todo caso la elevadísima rotación de los directivos, lo que pone de relieve que los nombramientos y ceses van ligados a los ciclos políticos y no a los resultados de la gestión u otros criterios de tipo profesional.

Los resultados, sin embargo, mejoran en el caso de las entidades públicas que cuentan con una normativa de selección que concreta el proceso y el tipo de experiencia profesional requerida para el puesto. En estos casos, el análisis del Dedómetro muestra que se tiende a seleccionar a candidatos con una trayectoria profesional más larga y especializada, aunque desafortunadamente no siempre con mayor experiencia de gestión.

No obstante, incluso en estas entidades, la rotación no disminuye, salvo en aquellos casos en que hay periodos prefijados de mandato.

Suspenso en transparencia

Otra de las claves del informe es el análisis del cumplimiento de las leyes de transparencia: sólo 6 entidades cumplen íntegramente con la normativa de transparencia. El 80% incumple al menos una de las obligaciones legales como publicación de información contable, o del nombre y trayectoria profesional de su máximo responsable, entre otros datos. Inclusive, una de ellas, Espacios Económicos y Empresariales, con 4 empleados y presupuesto de 94 millones de euros, no cuenta siquiera con web propia donde alojar la información que la ley exige publicar.

La investigación revela que el 47% de las entidades no publica sus salarios, el 33% no muestra el currículum de sus máximos responsables -o lo hace de manera incompleta-, y el 13% no publica información contable.

“Detrás de un currículum no publicado o publicado de manera incompleta no solo hay un incumplimiento legal, también puede haber una intención de ocultar la trayectoria de alguien no demasiado cualificado o una carrera puramente política”, señala Rafael Rivera, responsable de investigación de Hay Derecho.

“Desde Hay Derecho creemos que es necesario aplicar protocolos que aseguren la publicación activa y accesible de toda la información, establecer un modelo de CV normalizado para los directivos del sector público y responsabilizar al máximo directivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia”, señala Safira Cantos.

Como ejemplo de buenas prácticas, el Dedómetro señala el caso de la Agencia Valenciana Antifraude, la única entidad con máximas puntuaciones tanto en transparencia como en mérito y capacidad de su máximo responsable. Cabe señalar la transparencia en el proceso de selección y que éste se lleve a cabo públicamente a través de propuestas que vengan de cualquier grupo político o de la sociedad civil.

El Dedómetro a nivel nacional

Hay Derecho ya ha llevado a cabo este tipo de investigaciones con anterioridad. En 2020, el primer Dedómetro se centró en evaluar la Administración General del Estado a partir de una serie de organismos reguladores y de una muestra de 36 entidades pertenecientes al sector público empresarial como Correos, AENA, Red.es o Paradores. Los resultados fueron: un alto nivel de rotación, con entidades que tuvieron hasta 9 máximos responsables durante un periodo de 15 años, escasa experiencia en gestión y escasa experiencia en la materia de los máximos responsables analizados. Mejoran las conclusiones en las autoridades independientes, que establecen requisitos concretos y mandatos con duraciones determinadas para sus máximos responsable.

En la segunda investigación se analizaron las distintas entidades del Área Metropolitana de Barcelona evaluando no sólo a los máximos responsables, sino también su transparencia.

La Fundación Hay Derecho es una organización sin ánimo de lucro, independiente, que trabaja para defender el Estado de Derecho, el buen funcionamiento institucional y promover la lucha contra la corrupción. La Fundación se ha incorporado al Consell de Participació de la Agencia Valenciana Antifraude.