Mónica Oltra apela a que el Tribunal Superior valenciano ya rechazó imputarla y persiste la falta de pruebas

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se pronuncia por primera vez, a través de sus abogados, en el plano jurídico ante la posibilidad de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la cite a declarar en calidad de investigada por la supuesta desprotección de una menor abusada por parte de un trabajador social, exmarido de la líder de Compromís. Las alegaciones llegan tras el posicionamiento favorable de la Fiscalía a que Oltra declare ante los tres magistrados que conforman la Sala.

En síntesis, la defensa de Mónica Oltra niega que durante la instrucción del juez Vicente Ríos hayan aflorado ni siquiera indicios de que la vicepresidenta ordenara una investigación interna en el seno de su departamento para desacreditar el testimonio de la menor tutelada. Además, la defensa de Oltra recuerda que la misma sala rechazó, en respuesta a una querella de la activista ultra Cristina Seguí, la imputación de la número dos del Ejecutivo valenciano. La instrucción pretendía determinar si la apertura de un expediente informativo por parte de la conselleria en el caso del abuso derivó en un intento de desprotección de la menor tutelada.

La defensa de Oltra recuerda que un auto de la misma Sala, que desestimó la querella de la activista ultra Cristina Seguí, argumentó que la causa se limitaba a juzgar la comisión de un delito de abuso sexual. Los “juicios de valor” introducidos en la sentencia que condenó al exmarido de Oltra, en los que la querellante se basó, “no pierden su naturaleza porque se introduzcan en una sentencia, pero sí pueden tener una repercusión más allá del proceso cuando son utilizados de forma espuria en el juego político o en la creación de un proceso penal con importantes consecuencias mediáticas, tal y como está ocurriendo en el presente caso”, agrega el escrito.

“Llama poderosamente la atención” que la exposición razonada del juez instructor ante ante el TSJ-CV “no plantea ni razona” indicios. “No se concretan qué hechos han sido cometidos por la vicepresidenta y consellera, ni cuál es la ilicitud de los mismos, ni tampoco a qué supuestos de hecho tipificados penalmente se corresponden”, agrega.

Las alegaciones de Oltra lanzan un dardo al instructor: “Desconocemos si nos encontramos ante un reproche personal, político o de otro tipo”, señala la defensa, que también considera “cuanto menos sorprendente que el instructor efectúa (...) una serie de preguntas retóricas (como él mismo reconoce) reflejando en la exposición una contestación”.

El escrito sostiene que ninguno de los funcionarios imputados en la causa “cometió delito alguno” pero alega que “ningún hecho o nexo” puede “unir” sus decisiones con las de Oltra. La defensa de la vicepresidenta, que ejercen los letrados Daniel Sala y Miguel Ferrer Fernández, también reprocha al instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que incluyera en su exposición razonada “valoraciones que carecen de trascendencia penal alguna y se adentran en conjeturas sobre sus consecuencias políticas, que deberían estar alejadas de este foro”.

El magistrado Vicente Ríos afirmaba que “a la vista están, en el plano de las eventuales responsabilidades políticas, los repetidos ataques de que ha sido objeto a raíz de que los hechos fueron conocidos por la opinión pública”. Sin embargo, las alegaciones de Mónica Oltra argumentan que “estas elucubraciones” del instructor “no pueden sostener ningún indicio, toda vez que lo relevante es que existiera algún hecho concreto y acreditado” sobre la participación de Oltra y que, además, tuviera naturaleza delictiva, “debiendo tener especial prudencia para evitar la desnaturalización del proceso penal, provocando que un juicio de oportunidad estrictamente político acabe resolviéndose en los tribunales de la jurisdicción penal”. 

El escrito incide en las declaraciones en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación de la vicepresidenta sobre el expediente informativo abierto en el seno de su departamento tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de menores a raíz de la denuncia de la menor Maite T. El instructor sostiene que Oltra pretendía abrir una investigación paralela para desacreditar a la víctima. “Ninguna las dos premisas son ciertas, ni están acreditadas, por lo que consideramos que son meras elucubraciones”, reza el escrito de alegaciones.

El juez asegura que Oltra ordenó a una subordinada que abriera un expediente informativo. Por el contrario, los letrados de la líder de Compromís señalan que la conclusión “es errónea y especulativa” y “contradice el resultado de la instrucción”. El escrito recuerda que tanto Rosa Josefa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia, como la subdirectora Gema Plaza descartaron “de forma rotunda la intervención de terceras personas” y, singularmente, de Mónica Oltra. 

Aunque también señalan que la apertura del expediente informativo “entra dentro de las atribuciones de la Administración”. “Elementales pautas de sentido común justifican que ante el conocimiento de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la existencia de unos hechos que afectan a una persona menor tutelada se aperture un expediente para conocer qué ha fallado, cómo se ha actuado con anterioridad y esclarecer a nivel interno qué es lo que ha podido ocurrir y cómo pueden mejorarse los protocolos de actuación”, agrega el escrito. 

Además, recuerda la defensa de Oltra, ninguno de los funcionarios de su departamento o de los trabajadores de la Fundación Espill, encargada del informe que no dio credibilidad al testimonio de la menor, “ha señalado la participación directa o indirecta” de Oltra. “Cada una de las personas interrogadas ha asumido lo que hizo, con plena transparencia, profesionalidad, sinceridad y completa colaboración con el órgano instructor, dando cuenta de las motivaciones de actuación en cada caso, defendiendo con rigor la legalidad de su actuación y dando cuantas explicaciones han sido necesarias a requerimiento del instructor, máxime teniendo en cuenta lo exhaustivos y extensos que han sido los interrogatorios efectuados por el propio magistrado”, apostilla.

El escrito invoca un auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, la misma que debe decidir si toma declaración Oltra como imputada, en un “caso análogo” tras la denuncia de un educador contra la consellera. La resolución, asegura la defensa de la vicepresidenta, justificaba la “razonabilidad” de la apertura de un expediente informativo en el marco de una denuncia por unos supuestos abusos a menores que finalmente fue archivada.

En definitiva, la defensa de Oltra sostiene que no hay motivo para tomar declaración como investigada a la vicepresidenta. “Los hechos han sido investigados, las extensas declaraciones dirigidas exhaustivamente por el magistrado instructor de todos los intervinieres han sido practicadas, extensa prueba documental ha sido aportada, y tras todo ello sólo siguen existiendo esas mismas manifestaciones públicas anticipadas por los querellantes que este ilustre Tribunal entendía que eran insuficientes para sostener la acusación contra la aforada y que lo siguen siendo en la actualidad”, concluye el escrito.