Nace en València La Barana, un espacio social para luchar contra la precariedad del alquiler y por los derechos de los inquilinos

“Un espacio de respaldo mutuo entre personas inquilinas para mejorar el acceso y la estabilidad habitacional de quienes alquilan una vivienda en la ciudad de València”. Así se define La Barana, un proyecto piloto “fundamentado en la precariedad del alquiler” en València que pretende ayudar a los inquilinos a “defender sus derechos, mantener sus viviendas y reivindicar las demandas colectivas”.

La Barana, un colectivo impulsado por la Cooperativa El Rogle (compuesto por juristas y sociólogos que tratan diariamente temas relacionados con la vivienda) que aspira a convertirse en asociación próximamente, pretende poner a disposición de los inquilinos una serie de herramientas que les pueden ser útiles: asesorías, cobertura de impagos, estudios. La idea surge a propósito de unas subvenciones convocadas por el departamento de Innovación Social Urbana del Ayuntamiento de Valencia.

Para su puesta en marcha y un funcionamiento adecuado, los promotores calculan que necesitan unos 400 socios, aunque podrían comenzar antes “asumiendo un período inicial de pérdidas económicas”: “A partir de 400 socios, sería económicamente autónoma”. De momento, se encuentran en fase de captación. Su ámbito de actuación será València y su área metropolitana, “aunque creemos que es un modelo replicable a otros municipios”.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas que son conscientes de la actual situación de emergencia habitacional y, por tanto, buscan mecanismos para introducir mejoras y cambios al respecto. También a quienes buscan asesoramiento legal y respaldo en problemas relacionados con su realidad habitacional o se sientan desprotegidos y vean comprometida su estabilidad, “a quienes les cuesta pagar cada mes el alquiler”.

Cómo combatir esta precariedad

Para combatir esta precariedad se busca mejorar la estabilidad de los inquilinos y dignificar el alquiler. Los ambiciosos objetivos que se plantea La Barana son: reducir los desahucios, facilitar el acceso a nuevas viviendas, promover relaciones de confianza y duraderas entre propietarios e inquilinos, dar a conocer la realidad del alquiler y promover políticas en favor del derecho a la vivienda en alquiler.

Para ello se dispone de una serie de herramientas. La más ambiciosa de todas ellas es, sin duda, el fondo de cobertura de pagos, que pretende evitar desahucios, favorecer el acceso a una vivienda y promover economías de confianza. Tal y como describen, se trata de una caja de dinero que proviene de las cuotas y al que los socios podrían acceder en caso de pérdida sobrevenida de ingresos para evitar un desalojo o facilitar el acceso a una nueva vivienda. Esta herramienta puede cubrir hasta dos mensualidades de 520 euros como máximo, una cantidad que se podría retornar por medio de un plan adaptado a la situación del beneficiario. Es una herramienta muy útil para combatir los desahucios cuando no dispones del dinero que necesitas en un momento determinado“, al tiempo que ofrece mayores garantías de pago de cara al acceso a una nueva vivienda, tal y como explican.

Otras herramientas con las que contarán son: el asesoramiento jurídico, para evitar abusos y equilibrar las relaciones arrendatarias; la mediación, para favorecer relaciones duraderas, encontrar soluciones amistosas y evitar deshacuios; la monitorización, para conocer la realidad de los inquilinos; el desarrollo de un discurso reivindicativo de cara a promover políticas que mejoren el derecho a la vivienda; y la creación de un tejido de apoyo mutuo como base a nuevos desarrollos, ideas, herramientas.

La Barana se estructurará en forma de asociación y la toma de decisiones se llevará a cabo en una asamblea general de socios. Contará con una estructura participativa y estará financiada por las cuotas de los socios (que pueden ser inquilinos y propietarios), por medio de inversiones éticas de empresas y particulares -cantidades que irán destinadas a fortalecer el fondo de cobertura- y la posibilidad de optar a financiación pública para intentar llegar a personas en situación más vulnerable. Pretende ser un instrumento autónomo y autosostenible.

Radiografía del alquiler en València

El nacimiento de La Barana se fundamenta en un estudio elaborado en febrero de 2020, antes de la pandemia, de la que se extraían una serie de conclusiones. El 28% de la población de la capital valenciana, unas 200.000 personas, vive de alquiler, lo que supone el doble de la que lo hacía en 2011 (alrededor de un 14%). “El número de inquilinos crece conforme crece la precariedad en la vivienda”, señalan desde esta iniciativa: “Los precios se han encarecido en más de un 40% desde 2015, y no han bajado con la COVID”. El precimio medio del alquiler se sitúa en unos 520 euros al mes, “y a más de la mitad de los encuestados les habían subido el alquiler recientemente”.

El estudio revela que la renta media del hogar que vive de alquiler es de 1.700 euros, unos 1.000 euros por debajo de la media valenciana: “Es una diferencia muy grande, que refleja una realidad, y es que que el perfil de la persona que vive de alquiler es de un joven de entre 20 y 25 años”. Además, la mitad de los inquilinos gastan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler; el 17% de los entrevistados se había retrasado en el pago o directamente no había podido hacer frente a él; el 20% ha tenido que abandonar la vivienda porque no les han renovado el contrato de alquiler; y al años se producen unos 900 desahucios de inquilinos en València, “el 80% del total”. La oferta actual para poder alquilar un piso está en unos 850 euros al mes, “lo que complica el acceso”. Otros resultados de este estudio son que el 14% de los inquilinos había recibido ayudas públicas (València destina 14 millones de euros en ayudas de este tipo) y que el 80% de los entrevistados considera que son necesarias medidas más contundentes y urgentes.