Cuando el negocio educativo se tambalea
La puesta en marcha del programa experimental de escolarización gratuita para niños de 2 años ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de las escuelas infantiles privadas, que se han agrupado en la Plataforma Salvem 0-3, ante su temor por una extensión de la medida, que supondría un trasvase de alumnos hacia las aulas públicas.
Es lógico y lícito que las patronales defiendan sus intereses económicos, pero está claro que el interés social mayoritario es el de disfrutar de una educación gratuita o lo más asequible posible también en la etapa de primer ciclo de Infantil, pues aunque no se trata de una enseñanza obligatoria facilita la conciliación de familia y trabajo, además de suponer ventajas en el desarrollo, estimulación temprana y socialización de los más pequeños.
En estos días las escuelas privadas están demandando la vuelta a la universalidad del llamado bono de ayuda a las familias, que el nuevo gobierno autonómico ha eliminado para reducirlo sólo a las personas con menos renta. Durante muchos años el bono supuso un chollo: era una forma de financiarse para muchas de estas empresas, que realmente se quedaban con el importe de unas subvenciones destinadas a las familias a través de una fórmula que se parece mucho a un fraude. El problema es que la ayuda no iba directamente al bolsillo de los padres, sino que se entregaba a las escuelas. Supuestamente, el importe de la subvención debía restarse del coste de la mensualidad, pero hecha la ley, hecha la trampa, pues la inmensa mayoría de centros aumentaba artificialmente ese coste inicial, de forma que realmente los usuarios no notaban ninguna rebaja y las empresas podían quedarse en la práctica con el dinero. Esto hizo que el anterior Consell limitara el precio máximo de la mensualidad a partir de 2010 para evitar fraudes.
Hay que recordar que las patronales de la educación infantil privada se opusieron a esta medida, que hacía descender sus beneficios. Pocos escrúpulos mostraron para lucrarse a costa de las subvenciones públicas y perjudicar a los verdaderos beneficiarios de la ayuda muchos de los que ahora piden socorro a la administración, aunque en este asunto también hay centros que no engrosaron las listas de la picaresca.
En el curso pasado, los alumnos de 0 a 1 año, de 2 años y de 3 recibieron 155, 94 y 62 euros al mes, respectivamente. Los precios máximos estaban fijados en 460, 350 y 280 euros, por lo tanto, la mensualidad rondaba los 300 euros para los niños de 0 a 1, los 250 para los de 2 y algo más de 200 para los de 3 años. Estas cifras, que pueden incrementarse en función de que las familias necesiten contratar más horas o servicios extra, muestran que tener escolarizado a un hijo (o a varios) en el primer ciclo de Educación Infantil supone un lujo para muchos, y en numerosas ocasiones, hoy en día incrementadas por la precarización de las condiciones laborales, no resulta rentable acceder a un puesto de trabajo, lo que hace que, sobre todo las madres, opten por permanecer en casa al cuidado de los menores.
Por lo tanto, la extensión de la red pública de enseñanza en esta etapa es una buena noticia, especialmente para los bolsillos más desfavorecidos, para la conciliación y para luchar contra la desigualdad entre sexos. Realmente, desde un punto de vista económico es de lamentar que la medida tenga una incidencia desfavorable en las empresas del sector y el empleo que estas generan, aunque también es cierto que en contraprestación habrá un aumento de los puestos de trabajo para docentes públicos, por lo tanto, de mejor calidad.
En cualquier caso, la planificación educativa debe regirse por el interés mayoritario y la protección social de los más desfavorecidos y no por el beneficio privado, aunque medidas del anterior gobierno fueran dirigidas a la promoción de las escuelas concertadas dentro o fuera de la legalidad, como en el caso de pagos a “liberados” de las patronales, que investiga la justicia. A nadie le parecería lógico que el motivo para no dotar a un hospital público de un nuevo servicio fuese que se va a perjudicar a los hospitales privados y, sin embargo, eso es lo que nos están diciendo las empresas de la enseñanza, eso es a lo que las han acostumbrado durante demasiado tiempo.
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