Odusalud denuncia que la sanidad pública valenciana dejó 173 casos sin atención en 2017

Odusalud (Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad

Valenciana) ha lanzado este lunes su 14 Informe que recoge 173 incidencias de vulneración de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana durante 2017 y el primer semestre de 2018.

Los casos registrados corresponden a personas en situación administrativa irregular, residentes de la Unión Europea y personas españolas en situación de exclusión como las principales afectadas. El estudio indica que los lugares donde se registran más incidencias son València y provincia; con el 48% y el 17% respectivamente.

Las causas fundamentales de las inatenciones sanitarias vienen provocadas principalmente por aplicación arbitraria del Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal en Comunitat Valenciana. Se sigue constatando desinformación entre el personal de los servicios de admisión de los centros sanitarios y ausencia de criterios claros en el proceso de tramitación de las solicitudes de asistencia sanitaria que realizan las áreas de Trabajo Social de los centros sanitarios, aunque existe un protocolo de actuación de reciente creación para los/as trabajadores/as sociales del sistema sanitario, cuyos resultados están pendientes de evaluar.

De los casos de personas en situación administrativa irregular encontramos personas que no pueden ser identificadas por irregularidades en su documentación (la caducidad, sustracción o pérdida del pasaporte o la Tarjeta de Identidad de Extranjero) y personas con dificultades para certificar su residencia en nuestra comunidad.

Otras incidencias detectadas en el estudio de personas en situación administrativa regular son las personas no atendidas por causa de una reagrupación familiar o ser familiar de ciudadano de la Unión Europea con residencia en España después la entrada en vigor del RD 16/2012, a quienes se les deniega la asistencia sanitaria, pese a tener regularizada su situación de residencia. Entre estas incidencias se encuentra un menor de edad, una mujer embarazada y una persona con enfermedad mental.

Con especial relevancia, el estudio destaca la inatención de personas en situaciones en las que la inasistencia médica, la ausencia de tratamiento o la falta de acceso a la medicación pueden tener graves consecuencias sobre la salud de la persona y su entorno más inmediato, así como en salud pública.

La falta de sensibilidad o de adecuación a estas situaciones, las empeora determinando agravamiento de la enfermedad, ingresos por urgencias o incluso la muerte. Se han registrado un total de 18 casos de los cuales 7 tienen una enfermedad infecciosa y 4 presentan enfermedad mental.

Asimismo, se han registrado casos de personas en situación de vulneración extrema con problemáticas sociales graves asociadas y a las que les ha sido denegado el acceso al sistema sanitario.

Son personas en situación de sin hogar y otras que, aun teniendo hogar, tienen graves dificultades económicas y en muchos casos, dificultad de documentación original para demostrar su residencia independientemente de su nacionalidad. La acumulación de problemáticas sanitarias muy graves, económicas, administrativas y de falta de red de apoyo, hacen que estos casos tengan muy mal pronóstico.

El informe muestra en su apartado de casos resueltos que de los 173 casos declarados en Odusalud, entre 2017 y primer semestre del 2018, solo se han podido calificar como resueltos 54 casos, es decir un 31% del total de las incidencias. Muchas de las situaciones denunciadas por Odusalud se solventan gracias a la intervención de las entidades del Tercer Sector, que siguen cubriendo un espacio no asegurado, ni garantizado por la sanidad pública.

Odusalud considera que a pesar de la voluntad positiva de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en defensa del Derecho a la Salud, 173 incidencias todavía son demasiadas teniendo en cuenta que hemos estado bajo el amparo de Decreto Ley 3/2015 durante 2017.

La plataforma insiste que es necesario que la Conselleria refuerce los procedimientos y formación necesarias dentro de la administración pública, con especial atención en los servicios de admisión de los centros de salud como en las áreas de trabajo social, para consensuar criterio únicos y eficaces a la hora de garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas.

Las 87 organizaciones que constituyen la plataforma son contundentes al afirmar que mientras sigan recogiéndose incidencias, continúa siendo imprescindible, por parte de las entidades, una vigilancia y denuncia de estas, y que no debemos presuponer una plena inclusión en el ejercicio del derecho a la salud de todas las personas mientras no desaparezcan los casos de desatención sanitaria.