El necesario principio de precaución frente a la pandemia

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"La única medida conocida hasta ahora que ha demostrado su efectividad para evitar la transmisión del virus COVID-19 es el confinamiento”. Son palabras del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad del Congreso. Hace unos días, el ministro también comentaba que “vienen unas semanas muy duras y complicadas”. Insistió en que ya sabemos lo que hay que hacer: “reducir al máximo la movilidad y los contactos”. El estudio de A. Hyafil y D. Morriña (Gaceta sanitaria mayo 2020) concluye que hubo una disminución muy pronunciada del número de casos y del R0 en todas las Autonomías tras la implementación del confinamiento obligatorio (el R0, -que es un índice de contagiosidad que utilizan los científicos para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa- pasó de 5,89, antes de las medidas, a 0,48 tras el confinamiento). La mayoría de los epidemiólogos están de acuerdo en la eficacia del confinamiento, aunque hubo discrepancias. Por ejemplo, países como Suecia no aplicaron esta medida en la primera oleada y han tenido que rectificar. Ahora tenemos además una vacuna, pero esto no significa que la vacuna nos libere de mantener las medidas de prevención. Y eso es el confinamiento, la medida más importante para la prevención.

En la primera ola no se tomaron medidas contundentes hasta después de la pérdida de la trazabilidad de la transmisibilidad. Estas medidas fueron duras pero eficaces, se aplanó y doblegó la curva que reflejaba la muerte de decenas de miles de ciudadanos. Estas medidas preventivas evitaron miles de muertes tal y como indicó el prestigioso instituto Imperial College de Londres.

En el País Valencià estamos asistiendo en este momento a un aumento del número de contagios. Hace dos días tuvimos el récord de más de 6.000 contagios. La incidencia acumulada es de 350, cifra alarmante que nos acerca a valores de la primera ola de la pandemia (el 7 de enero 2021 había 2.254 personas ingresadas por COVID-19, superando el pico de 2.189 que hubo el 29 de marzo y el 1 de abril de 2020). Los expertos y plataformas sanitarias advirtieron que la disminución de las medidas para el periodo de Navidad no era adecuada y ahora estamos viviendo las consecuencias: UCIs saturadas, enfado y frustración entre los sanitarios que se dejan la piel y esperan que desde la Generalitat se tomen medidas más contundentes.  La ocupación de espacios para su uso como Unidades de Cuidados Intensivos (quirófanos, salas de cuidados intermedios, etc.), con el consiguiente esfuerzo del personal sanitario adscrito y sin incremento del personal sanitario, sólo se puede entender en un escenario de emergencia imprevisible.  La gestión de la pandemia, con los antecedentes de la primera ola, debería haber servido para que esto no volviera a repetirse en estos momentos.

La reivindicación de los profesionales sanitarios es la de aumentar las medidas de prevención que minimicen el colapso sanitario que comenzamos a sufrir de nuevo, porque además aún no podremos observar los efectos de la vacunación. Es cierto que un confinamiento, que evite el aumento de la mortalidad, tendrá consecuencias perjudiciales para la economía. Por ello hay que pensar al mismo tiempo en no agravar la situación de disminución de ingresos, atención a los cuidados y desprotección social. Contamos para minimizar los efectos de las restricciones como los ERTES, miles de millones de euros de Europa para reconstrucción, los PGE y presupuestos de la Generalitat aprobados recientemente y que son los presupuestos más sociales y expansivos de la historia. Todo dirigido a proteger a las personas de las consecuencias económicas de la pandemia. Las decisiones políticas también tienen repercusiones y es momento de ser contundentes ante la falsa dicotomía entre economía y salud.

La vacunación es una de las medidas preventivas más determinantes y seguras que existen actualmente para derrotar al virus y alcanzar la inmunidad de grupo.  Dada la limitada de disponibilidad ésta debe estar enfocada en primer lugar a las personas de riesgo y al personal sanitario de primera línea.  Es evidente que la vacunación debe ser rápida e ininterrumpida, desarrollando, fortaleciendo y distribuyendo en primer lugar todos los recursos disponibles de la sanidad pública. En pocos días se ha tenido que corregir el plan inicial de vacunación, acelerando el proceso para abarcar con mayor rapidez al sector sanitario. Sabemos que la vacuna de la COVID-19 no es como la de la gripe y requiere ciertas condiciones, pero hace tiempo lo que sabíamos. Ha faltado previsión en la elaboración y ejecución del plan de vacunación. El 7 de enero se habían administrado en el País Valencià el 19,1% de las vacunas recibidas. En Asturias, en cambio, ya habían administrado en esa fecha el 60,7% a pesar de tener una menor incidencia de la pandemia. Afortunadamente la vacunación se ha acelerado en los últimos días respondiendo a las peticiones de nuestros sanitarios y ayer se anunciaba que se había administrado y distribuido el 85%. Hasta que la vacuna nos permita alcanzar la inmunidad de grupo, las medidas de prevención deben mantenerse irremediablemente, sobre todo en la situación actual, con un número de casos similares a la primera oleada y con un colapso de los hospitales similar.

Un tema controvertido es la asistencia a las aulas, donde los alumnos deben permanecer muchas horas y en condiciones difíciles. La vuelta al colegio va acompañada de un intenso debate. Reino Unido, Alemania o Dinamarca han decretado el cierre de los centros. En España hay regiones donde ya se ha vuelto a las aulas.  Extremadura ha decidido que los alumnos a partir de la ESO en adelante no regresen a la actividad presencial debido a que parece haber mayor transmisión del virus en esas edades. En Cataluña (Xcatalunya.cat), una veintena de científicos han publicado una carta en la que piden que se retrase la vuelta a las aulas alegando que la tasa de positividad casi duplica el valor recomendado (9,51% frente al 5%). Recuerdan también que la incidencia acumulada supera el nivel de riesgo extremo establecido por el Ministerio de Sanidad. El documento prevé que estas cifras empeorarán en los próximos días, tal como han estimado diversos modelos matemáticos. Este grupo de expertos dice que la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra y presente entre nosotros ha demostrado tener una infectividad 24% superior en el grupo de población de 0 a 9 años y un 14% superior en el grupo de 10 a 19 años. Por eso sostiene que los niños, niñas y adolescentes son más transmisores del virus. El Secretario de Salud Pública de Cataluña ha apuntado la posibilidad de que las escuelas cierren dentro de tres semanas si los indicadores de la pandemia evolucionan desfavorablemente. El Departamento de Educación de Aragón ha pospuesto, por razones similares, el retorno escolar hasta febrero.

Sin embargo, la Conselleria de Educació de la Generalitat Valenciana no considera necesario cerrar las aulas y pide a los docentes “que asuman la responsabilidad que les corresponde”. El sindicato STEPV ha criticado las declaraciones y defiende la dedicación y profesionalidad del profesorado mientras critica a una Conselleria que según el sindicato no ha desplegado los medios necesarios y ha decidido mantener abiertos los centros educativos en unas condiciones que impiden el normal desarrollo de las clases. También ha denunciado a la Inspección de Trabajo la situación de los centros educativos. El binomio COVID-19 y la necesidad de ventilar las clases, junto a la ola de frio, está impidiendo la docencia porque el alumnado y el profesorado deben permanecer durante muchas horas en aulas a temperaturas extremas que contradicen las normativas de seguridad y salud laboral actualmente vigentes. El CSIF ha anunciado que instará a la Inspección de Trabajo a que se pronuncie sobre las condiciones laborales en las aulas y su legalidad e insta ya a la actuación de los comités de seguridad y salud laboral. 

Nuestro grupo considera que en la situación actual, en el caso de las escuelas y ante la falta de evidencia científica definitiva, lo que procede es aplicar el principio de precaución y anticiparse a los daños que se puedan ocasionar. Atendiendo al mismo tiempo a las necesidades que esto puede requerir en cuanto a conciliación y cuidados, con toda la protección necesaria para las familias vulnerables.

En este escenario, es necesario el confinamiento, el teletrabajo y el cierre de centros educativos para combatir la pandemia.  Escuchemos al personal sanitario, al profesorado y a los expertos y científicos, adoptemos las medidas idóneas para combatir la pandemia.  La saturación del sistema público de salud el COVID-19 está generando grandes listas de espera en patologías de toda índole (cáncer, patología cardíaca, etc ) y tenemos que estar preparados para la última oleada que será la de aquellos pacientes que no pudieron ser atendidos en estos momentos. Mientras esperamos avanzar con la vacunación y alcancemos la inmunidad de grupo, las medidas más seguras son reducir la movilidad y los contactos mediante el confinamiento, el teletrabajo y el cierre de las aulas. La reflexión es siempre necesaria, sobre todo en una situación caracterizada por la incertidumbre para elegir las mejores medidas y adelantarnos al virus. Pero tras la reflexión toca la decisión desde la certeza que el confinamiento salvará más vidas

  • Rosa Medel. Médica de la sanidad pública de Valencia. Diputada valenciana y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
  • John Orozco. Médico de la sanidad pública de Alicante. Secretario de círculos, formación y participación de Podem.
  • Pep Trullén. Médico y Director General de Salud Pública de Castellón. Miembro del Consejo de Coordinación de Castellón de Podem.
  • Lidia Montero. Enfermera de la sanidad pública de Alicante. Secretaria de Políticas Públicas y Portavoz de Podem.
  • Pedro Durán Mondéjar. Médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en Alzira y miembro del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana.
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