Reflexiones en torno a un acuerdo histórico

El Consejo de Ministros ha aprobado la derogación de algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. No considero en absoluto exagerado calificar como histórica esta reforma laboral, que ha contado con el apoyo de sindicatos y patronal. Un acuerdo tripartito de estas características no se daba en nuestro país desde que se aprobó el primer Estatuto de los Trabajadores, en 1980. Por primera vez, desde entonces, una reforma laboral irá dirigida a conceder derechos a la clase trabajadora en detrimento de la patronal, que va a perder parte del poder otorgado por el gobierno de Mariano Rajoy hace ya casi una década, equilibrando así las relaciones laborales. Razón si cabe para poner aún más en valor la naturaleza de este acuerdo. Contra todo pronóstico, se ha cerrado con consenso en tiempo y forma para cumplir con el compromiso adquirido con la Unión Europea.  

Decía el mes pasado en esta misma tribuna que el efecto de la reforma laboral impuesta por el PP había derivado en una considerable devaluación salarial, acompañada por una precarización en las condiciones de trabajo, consecuencia de la pérdida de peso de la negociación colectiva en merced del poder unilateral del empresariado. La consecución del objetivo de recomponer ese equilibrio roto ha sido trascendental para que hoy nos felicitemos por el acuerdo firmado. La recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa en materia salarial, son cuestiones que deben poner freno a la precariedad.

Otro de los objetivos que apunta esta reforma de consenso se dirige a reducir la dualidad del mercado de trabajo, un mal endémico que venimos arrastrando décadas. Reducir el número de contratos temporales se ha convertido en una necesidad imperiosa para las organizaciones sindicales. Prácticamente 9 de cada 10 contratos firmados en nuestro país tienen carácter temporal. El nuevo acuerdo impulsa soluciones en este sentido: refuerza la exigencia de causalidad en la contratación temporal, reduce la duración de los mismos y finiquita el contrato de obra o servicio. Tenemos plena confianza en que, a medio plazo, empezaremos a notar las consecuencias del cambio de marco normativo en materia de temporalidad, que a buen seguro se sustanciarán en una mejora de la estabilidad laboral en este país.

El acuerdo también supone la consolidación de una herramienta muy de actualidad. Me refiero a los ERTE, cuya eficacia ha quedado fuera de toda discusión. Así se recurre lo que denominamos el ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, que una vez activado por el Consejo de Ministros permitirá hacer frente a situaciones de especial dificultad atendiendo a dos lógicas: una cíclica, en función de las dificultades coyunturales de la actividad económica; y otra sectorial, cuando en un determinado sector se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación de las personas trabajadoras. Se consolida pues una exitosa fórmula que pretende, a través del diálogo social, establecer cauces de flexibilidad como son la reducción de jornada o la suspensión temporal del contrato de trabajo con las miras puestas al mantenimiento del empleo, y que las empresas no opten por el despido a la primera dificultad de turno. En definitiva, justo lo contrario de lo que ocurría habitualmente en este país desde 2012 hasta la pandemia.

Como ustedes, soy plenamente consciente de que este acuerdo, como ocurre con cualquier acuerdo de cualquier naturaleza, ha implicado cesiones. No hemos podido revertir algunas cuestiones de fondo, en particular, todo lo que afecta a las condiciones de salida de trabajadoras y trabajadores de las empresas. Del mismo modo, la patronal se habrá dejado cosas por el camino, Pero quiero ser clara. La cesión en cuestiones de calado no supone ninguna renuncia definitiva, razón por la cual vamos a seguir insistiendo en las mesas del diálogo social en todos aquellos aspectos esenciales para la clase trabajadora, como, por ejemplo, sin ir demasiado lejos, en proseguir la revalorización del SMI.

Preguntada el otro día por quién ganaba con este acuerdo, contesté que ganamos todas las partes. Estoy firmemente convencida que con este nuevo marco vamos a ser capaces de mejorar nuestra productividad y, en consecuencia, la competitividad de nuestras empresas. Porque sencillamente, no solo es perfectamente compatible con la mejora de derechos laborales, sino que además es condición sine qua non.