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El Gobierno valenciano podrá autorizar pagos por adelantado en las ayudas europeas y reduce el control de las subvenciones inferiores a 6 millones para agilizar el proceso

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en la sede de la conselleria.

Laura Martínez

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La reducción de la burocracia para acelerar la tramitación de los fondos europeos para la reactivación económica lleva de la mano una reducción de los controles. El Ejecutivo valenciano ha aprobado este jueves el decreto ley que simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiados por los mecanismos europeos Next Generation y REACT EU, los planes de recuperación que Bruselas aprobó el año pasado.

El decreto es una trasposición de la normativa estatal y viene justificado por la urgencia con la que comenzar a tramitar las ayudas europeas de reconstrucción, que, según la Conselleria de Hacienda, exigen que el 60% de los compromisos de gasto deben contraerse antes del 31 de diciembre de 2022. Es decir, un año y medio para tener listos más de la mitad de los proyectos, con los trámites administrativos superados. “La gravedad de la excepcionalidad y la gravedad de la crisis” obliga a la Generalitat Valenciana a “actuar con celeridad ante cualquier obstáculo que pueda entorpecer la recuperación económica”, pero, “siempre garantizando la seguridad jurídica”, ha apuntado Soler. Ya en la presentación del plan 'España Puede', donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró las bases de su proyecto de recuperación, el president Ximo Puig Puig apuntó como reto de una transformación profunda de la administración, para agilizar los trámites, y que “los nuevos fondos no tropiecen con el embudo de la burocracia”.

La norma, que aún debe ratificarse en las Corts Valencianes, eleva los máximos exentos de pasar por el Pleno del Consell en cuanto a las subvenciones y también amplía los supuestos por los que los miembros del Ejecutivo, los consellers, pueden aprobar procedimientos sin pasar por el órgano que reúne a todo el Gobierno, siempre que ya cuenten con informes de control preceptivos, según indicaba el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en rueda de prensa.  El decreto, del mismo modo que la norma que adapta, aumenta hasta 6 millones la cuantía de las subvenciones por concurrencia competitiva que podrán aprobarse por las propias consellerias si cuentan con los perceptivos informes de control. “Es muy importante que sean ejecutables en los términos que pide Europa”, ha insistido Soler, que señala que se trata de “hacer más eficientes los trámites” de una administración de tradición “napoleónica”.

El decreto permite la tramitación de urgencia de los expedientes vinculados a los proyectos e inversiones financiadas fondos europeos y reducirá a la mitad los plazos previstos, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos para garantizar en todo momento la seguridad jurídica. Por contra, permitirá que se puedan aprobar en un único expediente las bases reguladoras y la convocatoria a la que hagan referencia para reducir los tiempos de tramitación, “siempre que se cuente con los procesos de información pública, e informes de abogacía e intervención pertinentes”.

Además, se podrá recurrir a la tramitación anticipada de cualquier tipo de expediente de gasto antes de que finalice el ejercicio, con cargo al ejercicio posterior, siempre que se garantice la existencia de fondos. El decreto permite a la Administración realizar pagos anticipados tanto a personas físicas o entidades locales para supuestos concretos como ayudas de concesión directa o convenios y siempre que se establezca un régimen de garantías y el adecuado control. En el caso de las personas físicas se podrá fragmentar y adelantar el pago siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 6.000 euros y en el caso de las entidades locales si se trata de transferencias de capital, se podrá conceder un adelanto de hasta un 30% de la subvención concedida.

Mecanismos de control.

Según ha explicado el titular de Hacienda, las consellerias deberán presentar cada dos meses un “compendio” de todas las normas aprobadas, para que los ciudadanos tengan conocimiento de las actuaciones en marcha. Cualquier actuación que no se incluya en el recuento, quedará sin efecto.

El Consell asegura que establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la participación y el seguimiento del plan de recuperación y regula la obligación de informar de los gastos financiados por fondos europeos. En concreto, indica Hacienda, las entidades integrantes de la administración, entidades locales o privadas con fondos financiados por el mecanismo de recuperación, deberán comunicar de forma periódica las inversiones llevadas a cabo, para su pertinente control.

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