El Gobierno valenciano aprueba la norma que pone coto a los macrocentros comerciales

Después de seis años de consultas y alegaciones, reuniones, cambios y tensiones, el Gobierno Valenciano ha aprobado este martes el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana. Abreviado como Patsecova, será el primer plan de ordenación territorial del sector, que busca proteger al pequeño comercio y organizar un espacio saturado de grandes superficies. El Patsecova cobró especial relevancia cuando Intu y Eurofund se aliaron para presentar el proyecto Puerto Mediterráneo, un Eurovegas a la valenciana, que implicaba una extensa superficie comercial y de ocio en parte de un parque natural protegido en Paterna (Valencia).

No hizo falta explicitar que el Patsecova sería una herramienta de Gobierno autonómico contra el proyecto faraónico, cuya tramitación fue recurrida por la empresa en los tribunales -está a la espera de ver si el Ejecutivo debe abonar la responsabilidad patrimonial demandada-, un comodín que puede que no haga falta, dado que la empresa británica ha quebrado y la pandemia no parece el mejor escenario para construir un macrocentro comercial. En concreto, el plan aprobado prevé que no podrán autorizarse superficies comerciales superiores a los 120.000 metros cuadrados, un área que ningún centro comercial supera hasta la fecha en la Comunitat Valenciana, y amplía el control del Ejecutivo autonómico sobre las licencias de apertura.

El Patsecova prevé que las empresas que quieran poner en marcha un espacio comercial superior a los mil metros cuadrados deberán solicitar la licencia a la Generalitat Valenciana y no a los ayuntamientos, con los trámites y evaluaciones que la legislación autonómica requiere, siempre que no estén en una trama urbana consolidada o una zona comercial. Para aquellos de 2.500 metros cuadrados en adelante, la tramitación será la misma que con la norma actual, también con la evaluación autonómica.

Las limitaciones de superficie tienen que ver con el impacto de la actividad económica en la población y también en el medio ambiente; es decir, se tiene en cuenta si la instalación provocará desplazamientos en coche y su impacto territorial, como puede suceder en caso de grandes supermercados o hipermercados. Los centros con esta superficie suelen tener ámbitos de influencia que exceden el municipio.

Pese a que la norma se ha aprobado este 29 de diciembre, no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 2021. La vacatio legis, explican fuentes del Consell, responde a la necesidad de los ayuntamientos de avaluar y adaptar sus planes urbanísticos y estar preparados para su aplicación. Este paréntesis coincidirá con la propuesta de modificación de la superficie que requerirá de autorización autonómica, que el Consell, por acuerdo con los sectores comerciales, estudia aumentar a los 1.700 metros cuadrados. Esta propuesta primero tendrá que pasar por un periodo de exposición pública y alegaciones, el tercero de un plan al que le faltan nueve meses para entrar en vigor, pero que fue polémico desde su concepción.

Según el comunicado de la Generalitat, el Patsecova “destaca el papel del pequeño comercio de proximidad en el mantenimiento del dinamismo de los territorios y en garantizar la accesibilidad de la población a los comercios”. El plan incide en la “protección y fomento de los pequeños comercios independientes”, los trabajadores, las pymes y las empresas pequeñas agrícolas, insiste el comunicado, que, indica “aborda el significativo impacto ambiental del sector del comercio debido a los desplazamientos geográficos de las personas consumidoras y al tráfico de mercancías”.

Los datos que maneja el Ejecutivo autonómico indican que el comercio de proximidad reviste una importancia creciente para las personas de edad avanzada (en 2020, los mayores de 64 años serán el 18,74% de la población valenciana), las personas discapacitadas (el 9% de la población valenciana), las personas aisladas o que residen en zonas poco pobladas (0,93% en el sistema rural interior), así como para las ciudadanas y los ciudadanos que carecen de medios suficientes para poseer un vehículo (17,3% personas por debajo del umbral de la pobreza).