Imputan por prevaricación y tráfico de influencias en el caso Rabassa a un técnico de Urbanismo
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado al jefe de servicio de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, José Luis Ortuño, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el contexto del caso Rabassa, en el que también está imputada la exalcaldesa, Sonia Castedo.
Ortuño debía prestar declaración en calidad de testigo en esta pieza separada del caso Brugal el pasado 9 de enero, aunque la comparecencia fue aplazada después de que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicitara su imputación en el procedimiento. El funcionario será interrogado como imputado el 6 de febrero.
El Ministerio Público consideraba que el jefe del servicio de Urbanismo pudo incurrir en los mismos delitos por los que Cerón tomó declaración el pasado viernes a Castedo, al dar el visto bueno a la legalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitía la instalación de la multinacional sueca Ikea en el sector de las Lagunas de Rabassa.
Un informe aportado al juzgado constata que el pleno del Ayuntamiento aprobó someter a exposición pública el 29 de enero de 2010 el convenio entre el Consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL e Ikea Ibérica SAU con esa finalidad pese a que la ejecución del plan parcial donde se encuadraba estaba suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde el mes de diciembre anterior.
En su auto sobre el técnico, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía y acuerda citar a Ortuño para el próximo 6 de febrero, al entender que su actuación podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación, “del que podría llegar a responder en grado de autor material o cooperador necesario”.
El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante recuerda en la resolución que la propuesta de exposición pública del convenio con Ikea contenía una “cláusula que tiene en cuenta las medidas suspensivas” del auto del TSJ, pero “posibilita seguir en contra de lo resuelto por el TSJ”.
Concretamente, el informe sobre el caso elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) expone que dicha cláusula “se pudo acordar en una reunión el día 21 de diciembre en la que estaría presente José Luis Ortuño y que habría dejado su aprobación definitiva a que lo autorizara Sonia Castedo”, añade el juez.
Además de la exalcaldesa y del técnico, en la investigación del caso Rabassa están imputados el empresario Enrique Ortiz, el gerente de la Concejalía de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jefa del servicio jurídico de esta área, Isabel Campos. Estos tres últimos prestarán declaración ante el juez Cerón entre los días 29 y 30 de este mes de enero.
