La jueza de la dana ve “claros indicios” de que Pradas y Argüeso habrían evitado muertes “si hubieran ejercido sus funciones”

La jueza de la dana asegura en un auto que “existen claros indicios” de que los fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre “podrían haber sido evitados” si la entonces consellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados, “hubieran ejercido sus funciones”.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, señala que los fallecimientos en La Torre -una de las tres pedanías valencianas con víctimas mortales en aquella dana, que dejó 17 en todo el término municipal- son “una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y del retraso de avisos y las consecuencias que tuvo para aquellas víctimas que perecieron en los garajes, en sus casas, o de camino en los coches”.

La instructora determina que uno de los elementos decisivos para la toma de decisiones con prontitud es el conocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia y advierte: “Cuando Pradas llega a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, la actuación que asumió ya fue tardía y errónea”.

Asimismo, indica que la afirmación de Argüeso de que “no tenía por qué ir al Cecopi” es “difícilmente inteligible teniendo en cuenta que la convocatoria al Cecopi se hace por la AVSRE (Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias), y que el secretario autonómico es el director de la misma”, y apunta que “solo se puede explicar como una forma de justificar la escasa o nula intervención del mismo, y ello incidiría igualmente en el resultado mortal sucedido en La Torre”.

De esta forma, la magistrada rememora que el 29 de octubre de 2024 ya existía un aviso rojo de Aemet por la mañana, que hubo bomberos forestales que no fueron movilizados para vigilar cauces, que el Cecopi fue “anormalmente tardío en su convocatoria” y que hubo una “conocida ralentización en la toma de decisiones relevantes”, lo que culmina con un mensaje Es-Alert a las 20:11 horas, “con las ya conocidas vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas”.

“Todo lo anterior nos conduce hasta los fallecimientos que tuvieron lugar en La Torre, de los cuales efectivamente existen claros indicios de que pudieran haber sido íntegramente evitados por los investigados, si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones”, afirma en su auto.

En esta línea, sostiene que la bajada a los garajes en La Torre “resultó mortal, pero también caminar por la calle o circular con el vehículo”, y desgrana las situaciones en las que murieron algunos vecinos de la pedanía, como una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio, así como dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví.

La jueza también profundiza sobre los errores, a su juicio, del proceso de redacción del mensaje Es-Alert, con las distintas propuestas de texto que recomendaban “permanecer en sus domicilios” o “evitar desplazamientos”, y señala que con el mensaje final “no se alertaba del peligro real, por ejemplo, de bajar a un garaje o de quedarse en la planta baja de casa”.

“Se desconoce todavía por qué motivos se cambió dicho texto del borrador nº 706, que decía 'permanezcan en sus domicilios'. En el caso de La Torre habría podido evitar bajar a un garaje o salir a la calle”, indica la jueza, quien considera que el mensaje de subir a pisos altos “podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas”.

“La población de La Torre, donde no llovía, no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba cuando bajó a un garaje, o estaba en la planta baja de su casa, caminaba por la acera o circulaba con el coche por la pedanía”, apunta.

También recuerda que el alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal, testificó el pasado 5 de octubre que “no había recibido avisos de manera directa desde el Centro de Coordinación de Emergencias, sino que fue la propia alcaldesa de València, María José Catalá, la que remitió en un chat de WhatsApp el aviso rojo de la Aemet”.

Por eso, en el auto de este martes requiere al Ayuntamiento de València que identifique, en un plazo de cinco días, al funcionario adscrito a la pedanía de La Torre que prestaba servicios el día de la dana y que aporte copia de las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su alcalde, entre las 7 y las 21 horas del 29 de octubre.

También le requiere que, en un plazo de cinco días, remita copia de las comunicaciones trasladadas desde cualquier organismo público (112, Emergencias, Diputación, Administración central) a la alcaldía pedánea, aunque desestima la petición de que se incorpore a la causa el contenido de un grupo de WhatsApp en el que figuran la alcaldesa de València y los alcaldes pedáneos.

Asimismo, cita como testigo, dada su situación adyacente con La Torre, al alcalde pedáneo de Horno de Alcedo, quien podrá aportar voluntariamente los mensajes del chat relacionados con la emergencia.