La Policía acusa a los tres antifascistas detenidos en València de “actitud muy agresiva”, pero uno de ellos acabó en el hospital

Los tres detenidos en Benimaclet el pasado 12 de octubre en la protesta contra una manifestación de extrema derecha quedaron en libertad con cargos el miércoles tras pasar a disposición judicial. Pasaron, pues, dos noches en las dependencias judiciales después de que uno de ellos requiriera atención hospitalaria. Los jóvenes, que iban a participar en la concentración antifascista en rechazo a la marcha organizada por el partido ultra España 2000, en la que se exhibieron símbolos fascistas y franquistas fueron detenidos en los alrededores de la convocatoria, donde se estaba produciendo una pelea “entre grupos de ideología contraria”, según la versión policial.

La policía nacional acusa a los jóvenes de atentado contra la autoridad por agredir a tres agentes durante las detenciones, señalando una “actitud muy agresiva”. Según relata la documentación, los agentes que formaban parte del dispositivo organizado para la concentración tuvieron conocimiento de una pelea y, al acudir, interceptaron a un joven que echó a correr. Dos compañeros de este volvieron sobre sus pasos y agredieron a los agentes - recibieron “puñetazos en todas las partes del cuerpo (...) en actitud muy agresiva”-, que tuvieron que pedir refuerzos, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. La Policía indicó que tres agentes sufrieron lesiones -contusiones en la mano, eritemas y heridas en el párpado- como consecuencia del forcejeo durante la detención. Uno de los jóvenes está acusado de robo con violencia, según informa el instituto armado, porque uno de los ultras agredidos testificó que tras el altercado observó cómo alguien cogió su teléfono.

La versión policial y la versión de la defensa de los detenidos apenas coinciden en algunos aspectos. Los jóvenes niegan haber participado de ninguna reyerta en la plaza de Benimaclet ni haber cometido ningún robo con violencia. Por el contrario, indican que se toparon con un grupo de personas en plena huida y echaron a correr, desconociendo lo acontecido, cuando fueron detenidos. Asimismo, la defensa muestra su perplejidad ante la imputación de otro delito contra la Constitución, que no se especifica en el auto. En el Código Penal, los delitos contra la Constitución vienen reflejados en el Título XXI, que va desde el artículo 472 -delito de rebelión- hasta el 543 -ultrajes contra España-, ambos inclusive. Este título incluye los delitos contra los derechos fundamentales o contra las instituciones del Estado, entre otros.

La Policía, consultada por este diario, asegura que la acusación es por agresión a los agentes y se fundamenta en los golpes recibidos y el parte de lesiones. Asimismo indican que desde sus filas no se ha imputado ningún otro delito -salvo el caso de uno de los detenidos, en el que se incluye robo con violencia-. En una primera versión de los hechos el mismo 12 de octubre difundida en algunos medios se indicó una imputación por delito de odio, una cuestión que las fuentes policiales han negado de forma reiterada y no figura en la documentación consultada por elDiario.es.

Unidas Podemos interpela al Ministerio de Interior

El grupo parlamentario Unidas Podemos presentó el jueves varias preguntas escritas relacionadas con la marcha de ultraderecha del 12 de octubre. La coalición pregunta por qué la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana autorizó la marcha de España 2000 -bajo el lema “Orgullosos de ser españoles”- en la que se exhibió simbología franquista y neonazi.

La coalición afirma que “nunca tuvo que haberse permitido esta manifestación ya que había indicios suficientes para prever riesgo para la seguridad pública en el barrio” y recuerda las agresiones del 9 de octubre de 2017. Unidas Podemos afirma que hay antecedentes suficientes para poder “prever que se generarían fuertes tensiones con los vecinos y el tejido asociativo de la zona y teniendo conocimiento de la habitual exhibición de simbología explícitamente nazi y franquista”.