El PSPV denuncia a la junta de gobierno de Alicante ante Anticorrupción por las obras del Centro de Inteligencia del Agua

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Anticorrupción contra la junta de gobierno local por una presunta “infracción urbanística grave”, por la ejecución de obras para habilitar las oficinas administrativas del Centro de Inteligencia del Agua en un suelo reservado a centro educativo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, y la concejala del PSPV Trini Amorós han registrado este miércoles la denuncia por una “infracción urbanística grave”, que consideran que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación, según ha indicado el PSPV en un comunicado.

Los hechos denunciados están asociados a la construcción de oficinas administrativas sobre una parcela que está calificada como suelo dotacional docente en el PGOU. Se trata del antiguo parque de bomberos de la calle Italia, donde se pretende habilitar el Centro de Inteligencia del Agua.

El PSPV ha denunciado que las obras se encuentran ya en ejecución “sin que se haya aprobado antes la necesaria modificación puntual” del PGOU sobre el uso de esta parcela, reservada a actividad docente reglada.

Al respecto, Barceló ha aseverado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “no tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana en la ciudad” y le ha acusado de saltarse “normas urbanísticas, el Pleno y los órganos de participación”. “No se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía ni impedir un debate necesario sobre la idoneidad de destinar esta reserva de suelo a la construcción de un centro educativo”, ha sostenido.

En este sentido, ha explicado que el grupo socialista detectó que el proyecto que se está ejecutando para construir dependencias administrativas “no es compatible” con el uso del suelo que determina el PGOU, algo que “advirtió un informe técnico del Departamento de Obras del propio Ayuntamiento”.

La denuncia se dirige contra los miembros de la junta de gobierno que aprobaron la adscripción de uso de la parcela a la Agencia de Local de Desarrollo en la pasada legislatura, así como contra los actuales integrantes de este órgano, que aprobó el proyecto de obras. “Todo ello, mientras existía un informe técnico en contra”, ha afirmado.

El pasado 27 de septiembre, el grupo socialista registró un escrito dirigido al alcalde para exigir la “inmediata suspensión y paralización” de las obras, a lo que no han recibido contestación y los trabajos no se han paralizado.

“Tenemos la firme convicción de que se han saltado la legalidad. Creemos que se ha cometido una infracción urbanística grave que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. Es necesario que se investigue y, si es necesario, se depuren responsabilidades”, ha aseverado.

Barceló ha indicado que en 1987, cuando se aprobó el PGOU de Alicante, se reservó el suelo de la calle Italia para instalaciones educativas y ha censurado que con esta decisión del equipo de gobierno “se pretende evitar el debate de la ciudadanía sobre los servicios que son necesarios en el centro de Alicante”.

Un nuevo colegio

En la misma línea, ha apuntado que las oficinas del Centro de Inteligencia del Agua ocuparían una superficie de 431 metros cuadrados, aunque esa parcela y la colindante “están destinadas a uso educativo” y, en conjunto, suman más de 3.000 metros cuadrados.

“Es un espacio suficiente para poder dotar, por ejemplo, de un colegio adicional en la zona centro de la ciudad, donde los recursos educativos están saturados y donde se registra un continuo desplazamiento de familias hacia otras áreas de la ciudad en busca de servicios”, ha defendido, al tiempo que se ha preguntado “por qué el Ayuntamiento no puede ampliar la oferta educativa para que los padres puedan elegir”.

Barceló ha sostenido que “no se puede permitir que el Ayuntamiento, y en concreto el gobierno de Barcala, se salte la legalidad urbanística y el PGOU”. “Haciéndolo además sin ningún tipo de debate, como si Alicante fuera un cortijo. Ha habido una irregularidad en el proceso a sabiendas de que no podían hacerlo”, ha reiterado.

Asimismo, la portavoz socialista ha defendido que este proyecto “nunca se podría haber llevado a cabo sin una modificación del PGOU”, por lo que ha sostenido que “no cabe ni modificación de uso del suelo ni ampliación de uso del suelo, como pretende ahora el equipo de gobierno, cuando las obras ya están en marcha”.