El PP pide 18 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Valencia en el 'caso Alquería'

El PP ha solicitado una pena de 18 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, José Ramón Tíller y Agustina Brine, además de 34 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El escrito de acusación adjudica a todos los acusados la comisión de los presuntos delitos de malversación de caudales y organización criminal mientras que a Rodríguez y a los dos exgerentes también los considera presuntos autores de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El escrito cifra el importe supuestamente malversado en 1,1 millones de euros, cifra que se corresponde con las retribuciones y cotizaciones a la seguridad social derivadas de los contratos de alta dirección.

Los 'populares' consideran que “siguiendo un plan preconcebido”, el expresidente de la institución provincial, en aquel entonces militante del PSPV-PSOE, “organizó una distribución o reparto de áreas de la empresa pública (...) por afinidades políticas vinculadas” a los socialistas y a Compromís. Jorge Rodríguez fue, a juicio del PP, el “cabecilla” que daba las “órdenes precisas” que los demás procesados “ejecutaban cada uno dentro de su función”.

Los nombramientos de alta dirección en la empresa pública se hicieron para que cargos de los dos partidos ostentasen un “cargo ficticio o simulado”, añade. “Los nombrados de manera ilegal carecen de los necesarios poderes para el ejercicio de la alta dirección para la que habían sido contratados y, de hecho, nunca toman decisiones fundamentales o estratégicas con independencia de que exista un acto formal de apoderamiento”, señala el escrito de acusación.

Los directivos fueron nombrados y retribuidos “única y exclusivamente por la relación de confianza política y de afinidad”, afirma el PP, todo ello en perjuicio económico de Divalterra (heredera de Imelsa). El partido cree que se trataba de una “organización dedicada a obtener lucro económico personal y poder político” y que estaba “perfectamente jerarquizada y con división de funciones”. 

El escrito recuerda los hasta once informes en contra de las contrataciones del personal de alta dirección, lo que demostraría el “pleno conocimiento de la ilegalidad que se estaba cometiendo”. Además, el PP asegura que los nombramientos no fueron formalizados en el Consejo de Administración sino “ordenados directamente” por Rodríguez. “Todos los acusados eran plenamente conocedores de las ilegalidades que estaban cometiendo y aun así continuaron con su plan”, añade.

El PP también sostiene que “en toda esta trama”, los responsables del PSPV-PSOE y de Compromís, “no han dudado en ejercer presiones y amenazas contra aquellos funcionarios públicos que advertían de las patentes ilegalidades que se estaban cometiendo”. En definitiva, el partido conservador cree que hubo una “mala praxis de corrupción política y económica”.