Un PP valenciano acorralado por los escándalos de las VPO en Alicante y València acusa al PSPV de bloquear planes de vivienda
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha aprovechado el marco de sus Jornadas Interparlamentarias en Dénia para lanzar un ataque frontal contra la oposición, tratando de blindar su política de vivienda ante el avance de diversas investigaciones judiciales. El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al PSPV de “intentar paralizar la construcción de viviendas” y de buscar únicamente la “crispación y el ruido” frente al Plan Vive impulsado por el actual Consell. Sin embargo, esta ofensiva dialéctica se produce en un momento crítico para los populares, cercados por tres escándalos de gestión que contradicen el discurso de transparencia y utilidad pública defendido por su líder.
El foco más reciente se sitúa en la ciudad de València, donde la Fiscalía investiga la permuta de 39 Viviendas de Protección Pública (VPP) en el barrio de Patraix. La operación, inicialmente defendida como un éxito de gestión, ha sido denunciada por presunto fraude después de que se detectara que la promotora podría haber comercializado y cobrado reservas a familias particulares antes de entregar el edificio al Ayuntamiento. Aunque el concejal de Urbanismo aseguró inicialmente que la adjudicación se frenaría hasta “clarificar este extremo”, el consistorio rectificó posteriormente para no detener el proceso, amparándose en una declaración responsable de la empresa que ahora está bajo sospecha.
A este conflicto en la capital se suman las graves polémicas que sacuden al PP en Alicante. Por un lado, la gestión de las viviendas de protección oficial en la ciudad se ha visto empañada por el escándalo de la adjudicación de una VPO a la esposa del propio alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, en la que nunca vivió y que alquiló desde el primer momento. Por otro lado, la sombra de la irregularidad se extiende a la promoción Les Naus de VPO en la ciudad alicantina, donde se investigan los criterios de adjudicación y el control de las listas de espera de los demandantes de vivienda social, ya que entre los beneficiarios hay diferentes personas de la órbita del PP, entre ellos la exconcejala de Urbanismo que ya dimitió de su cargo.
Pese a este escenario, Pérez Llorca ha insistido en que su formación no va a detenerse y que ya cuentan con “más de 4.800 viviendas en marcha” bajo un modelo de consenso con alcaldes de distinto signo político. En su intervención, el líder popular ha defendido que los pliegos de sus planes son redactados estrictamente por técnicos municipales y no por políticos, intentando desmarcar así a la cúpula del partido de las sospechas de arbitrariedad. No obstante, el contraste entre el anuncio de miles de nuevas casas y la realidad de las investigaciones en València y Alicante sitúa la gestión de vivienda del PP en el centro de la polémica parlamentaria y judicial.