Síndic de Greuges: “Hemos recibido una queja en materia de igualdad en 2018. O no se conocen los recursos, o no hay confianza en ellos”

“Cuando una mujer que está siendo agredida no tiene seguridad en que su vida será mejor después de la denuncia, no la hace. Ahí está el problema. Nos hace falta una definición de víctima que vaya más allá, no llegamos al convenio de Estambul”. Es el diagnóstico que hace el adjunto al síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre la situación de la violencia de género en la Comunitat Valenciana. Luna ha comparecido este martes en la comisión de peticiones de las Corts Valencianes para evaluar el informe sobre la violencia machista que presentó el pasado año.

A preguntas de los diputados, interesados en saber cuáles son las medidas de máxima urgencia a implementar y su valoración sobre el pacto valenciano contra la violencia machista, el síndic adjunto ha señalado el trabajo que queda pendiente.

“Cuando hay una orden de alejamiento de una víctima es inconcebible que el agresor siga disfrutando de la patria potestad del niño y que sea la agredida quien tenga que pedirle permiso para cambiarlo de colegio”, “la situación en los puntos de encuentro es dramática por la falta de medios” o la ínfima cantidad de mujeres que denuncian son algunas de sus observaciones.

“Hemos recibido una queja en materia de igualdad en 2018. O no se conocen los recursos, o no hay confianza suficiente en ellos”, ha lamentado. “Que la atención a las víctimas y a los agresore la realicen los mismos abogados del mismo turno de oficio… es espeluznante”, ha añadido.

En el informe, el Síndic destaca que muchas mujeres “perciben que el sistema de protección y las ayudas están dirigidas a activarse solo en el momento en que se interpone una denuncia o abandonan su domicilio, tienen la sensación de quedar desamparadas por la administración y solo el voluntarismo de las profesionales que trabajan en esos dispositivos ambulatorios más cercanos posibilita que puedan hacer seguimiento, talleres y establezcan lazos de ayuda con ellas en una situación vital muy compleja”.

El síndic adjunto ha recordado de su último informe una batería de medidas que deben implantarse con carácter urgente, aunque algunas de ellas están en marcha. Estas urgencias van desde la activación de un protocolo sanitario que facilite la realización de los atestados policiales hasta que ls administración actúe cambiando de centro a los menores y se les considere víctimas directas. Entre ellas, relata Luna la siguientes medidas: que cuando se dicte una orden de protección para las mujeres se haga extensiva a los menores y se retire la patria potestad al progenitor violento, estableciendo un protocolo de seguimiento y control específico. Además, pide a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que asuma las autorizaciones pertinentes para cambiar de centro escolar y de centro médico a los menores como víctimas directas de violencia de género y que aún siguen necesitando la autorización paterna para estos trámites. Algunas de estas medidas están incluidas en la nueva ley de infancia que prepara el Consell, que obliga al agresor a abandonar el domicilio familiar.

Respecto a la coordinación de las administraciones, el síndic plantea que se facilite el Informe Médico de Presunta Violencia de Género (IMPVG) on line de manera que, si se observa un caso, el juzgado proceda a activar el protocolo correspondiente desde las primeras alertas. Siguiendo con los servicios médicos, pide que cuando se lleve a la víctima a los servicios médicos, se articule un procedimiento por el cuál el personal facultativo pueda entregar el informe a la policía con el fin de que el atestado se complete lo más rápidamente posible. En caso de que las víctimas tengan conductas adictivas, se recomienda que se les dé atención prioritaria en las UCA para iniciar los tratamientos cuanto antes.

Al Servef se le pide la inclusión en los planes estratégicos de empleo de las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo destinatario o participante sobre el que se desea impactar en términos de empleabilidad a través de la ejecución de la ayuda; es decir, ayudas a su empleabilidad específicas. Mientras, a la Conselleria de Vivienda le recuerda la necesidad de que las viviendas para victimas cumplan las condiciones de entorno y habitabilidad que garanticen la integración y seguridad de ellas y de sus descendientes -dado el mal estado del parque público de vivienda, actualmente en rehabilitación-.

En las escuelas, el síndic propone que se articulen protocolos de detección de violencia de género entre alumnos de los centros escolares, mientras que en las peticiones a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la que más recomendaciones acumula, está ampliar la red de oficinas de atención, así como la creación de dos centros de emergencia y que en los centros de atención se incluya en la memoria anual datos relativos a las causas y motivos por los que se producen las bajas de las mujeres y menores, así como el nivel de satisfacción del personal.