Urbanismo contra medio ambiente en Godella: movilización ciudadana contra el desarrollo de un proyecto de hace más de dos décadas

La muntanyeta de la Torre del Pirata es un espacio pendiente de urbanizar desde hace casi dos décadas en la localidad valenciana de Godella. Catalogado como suelo urbanizable en el Plan General (PGOU) de 1990, el desarrollo de este sector, Canyada de Trilles, se impulsó a principios de siglo (2002) con el objetivo de construir medio millar de viviendas en el PAI (Programa de Actuación Integrada) que afecta a unos 150.000 metros cuadrados. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a finales de la primera década de 2000 paralizó un proyecto que ahora se intenta retomar pese al rechazo de diferentes colectivos vecinales, que reclaman la protección de este espacio como paraje natural.

En 2015, después de una moratoria de cuatro años, se inició un proceso de caducidad de esta actuación. Sin embargo, cinco años después, en 2020, el Ayuntamiento de Godella dejó sin efecto esa caducidad y se retomó el proceso de urbanización en lo que la concejala de Unides Podem (UP) Irene Ferré califica como una decisión “de dudosa legalidad”, al considerar que es una actuación “incorrecta administrativamente”. UP votó en contra en el pleno y presentó un recurso contencioso-administrativo contra este acto: “Estamos ante un continuo de irregularidades”. Según explica Ferré, el Ayuntamiento alega para no proceder a la caducidad del programa que esta decisión tendría un elevado coste económico. Desde elDiario.es hemos intentado contactar, sin éxito, con el concejal de Urbanismo, Carles Albert Durán, de Compromís (la alcaldía está en manos de la socialista Teresa Bueso), para recabar la versión del Gobierno municipal.

Diego Escrivà, portavoz de la asociación Godella en Lluita Contra les Inundacions i en Defensa del Medi Ambient, y José Valenzuela, miembro de la asociación Clot de Barrabás, alertan de que el PGOU de 1990 “no contempla muchas cuestiones que hoy son prioritarias, como la falta de servicios, el problema de inundaciones, el aumento del tráfico -podemos estar hablando de unos 1.500 nuevos residentes y un millar de nuevos coches circulando cada día por la zona- y, sobre todo, las cuestiones medioambientales. La situación no es la misma que hace tres décadas, cuando se redactó el Plan General”. “No existe voluntad política por parte del Consistorio”, lamentan, para añadir: “Mientras se pronuncian en contra de proyectos como Puerto Mediterráneo, la ampliación del by-pass o del Puerto de València, permiten un proyecto como este, que pretende acabar con uno de los pocos espacios verdes que existen en Godella”.

En este sentido, Escrivà defiende la “extraordinaria biodiversidad” de la zona, con “más de 300 especies de flora y fauna, como el jabalí, la jineta, el zorro rojo, el murciélago de herradura, aves como el cernícalo o el búho real... Se ha convertido en un auténtico corredor biológico entre el parque de la Bonaigua, les Moles, el Barranco...”. “Quieren cargarse un paraje natural que no se puede trasladar a otro lugar”, explican: “Toda esa diversidad está documentada e incluso publicada en un libro elaborado por un vecino que es botánico”.

Denuncian el “oscurantismo” del Ayuntamiento, “que ha llevado el tema con opacidad y se niega a decirnos quién está detrás del proyecto... Promociones Camarena, Canyada de Trilles, Serma, Bertolín”, que se ha encontrado “con un chollo”.

Precisamente, esta misma semana se presentaba el proyecto, “de más de mil páginas”, en la comisión municipal de urbanismo y medio ambiente. “Fue una justificación de la decisión tomada por un equipo de gobierno que se llama de progreso”, denuncian. Diferentes colectivos cívicos cuestionaron el proyecto y anunciaron que presentarán alegaciones: “Tienen la decisión tomada y solo podremos incidir si la ciudadanía presiona, y vamos a continuar haciéndolo”. De momento, se han recogido unas 1.400 firmas de vecinos de la localidad que se oponen al desarrollo de este programa urbanístico, “lo que demuestra la respuesta ciudadana, que se ha volcado en defensa de este paraje”.

Estos colectivos lamentan que desde 2017 están reclamando un nuevo plan general, “pero siempre nos han dado largas”. “Hemos sido proactivos, pero no han aceptado ninguna de nuestras propuestas”, sostienen, y concluye Ferré que lo que al final puede suceder aquí es que “se urbanice y no se construya, como ha sucedido en otros lugares, porque no necesitamos 460 nuevas viviendas cuando hay casas vacías en el casco urbano que se podrían rehabilitar y sacar al mercado”.