La Generalitat Valenciana se ahorra la reclamación por el fin del contrato de limpieza y desratificación de Canal 9

El cierre de la anterior televisión autonómico dejó un páramo en el sector audiovisual valenciano y varios flecos que se arrastraban a consecuencia del abrupto final que el Gobierno popular de Alberto Fabra decretó para Canal 9. La empresa Secopsa, encarga de la limpieza y desratificación de las instalaciones, reclamaba una responsabilidad patrimonial de 283.783 euros por la finalización anticipada del contrato. Sin embargo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado el recurso de la empresa aduciendo que es competencia, en todo caso, de la jurisdicción civil.

La firma suscribió un contrato en 2009 con el ente público Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) para la prestación del servicio de limpieza, jardinería, desinfección, desinsectación y desratificación de los centros de producción de Burjassot, Alicante y Castelló, así como de las delegaciones de Madrid y Barcelona, por un importe de 693.299 euros y con una duración de dos años. Transcurrido ese periodo, la nueva licitación del concurso quedó desierta y RTVV suscribió un nuevo contrato con la empresa, por 559.296 euros, que rebajaba el número de trabajadores para prestar el servicio de 46 a 35. 

Tras el cierre de la cadena autonómica en 2013, la Comisión Liquidadora acordó con la empresa un anexo al contrato que rebajaba los trabajadores a 32 y el importe anual a 555.450 euros. Al año siguiente, con las instalaciones desérticas, se revisó el precio del contrato y se redujo el número de trabajadores a 25. En 2015, fueron 21 trabajadores y el nuevo anuncio de licitación fue declarado desierto por la Comisión Liquidadora. Finalmente, al año siguiente, la Comisión Liquidadora informó a la empresa de que debía cesar la prestación del servicio.

La consecuencia de la finalización anticipada del contrato, según Secopsa, fue el despido de los trabajadores encargados de la limpieza, por lo que en vía administrativa (“ante el silencio” de la Comisión Liquidadora) solicitó una reclamación de 250.106 euros. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia inadmitió el recurso al estimar que era competencia de la jurisdicción civil.

Tras el cese de los miembros de la Comisión Liquidadora, la empresa presentó ante la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana una reclamación de responsabilidad patrimonial, por importe de 283.783 euros, que fue a su vez inadmitido. 

La Abogacía de la Generalitat defendía la tesis de que el contrato se extinguió en 2012 y, por lo tanto, hasta 2016 “se hace sin cobertura jurídica”. Por el contrario, la resolución del TSJ-CV no acepta el argumentado: “Aunque sea de forma irregular”, explica, “desde 2012 la Comisión Liquidadora ha acordado con la empresa que siguiese prestando el servicio hasta el cese el 19 de febrero del 2016”.

El decreto de cese de los miembros de la Comisión Liquidadora, recuerda el TSJ-CV, subrogó las acciones, bienes y derechos del ente público.“Cuestión diferente hubiera sido que la acción se hubiera ejercitado inicialmente una vez producida la subrogación, con lo cual sería discutible ejercitar una acción civil frente a la Generalitat Valenciana, tanto por responsabilidad contractual como extracontractual, pero la reclamación ya se había iniciado tanto extrajudicial como judicialmente”, agrega la sentencia, que no es firme, de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa.