Valencia activa el protocolo de acogida de refugiados que el Gobierno de Rajoy frustró

La Generalitat valenciana rescata su plan de 2015 para ser territorio de acogida. En uno de los momentos más graves y mediáticos de la crisis humanitaria, el Gobierno valenciano intentó negociar con el Ejecutivo central, entidades sociales y empresas para fletar un barco desde los campos de refugiados griegos y poder cumplir con un mínimo de lo establecido por la Unión Europea. Ante la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy, los representantes autonómicos desistieron, aún con el barco ya comprometido. El protocolo se reactiva esta semana, ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ofrecer el Puerto de Valencia y la ciudad como punto de acogida para un barco que lleva días deambulando por el Mediterráneo con 600 personas a bordo.

Mientras el Gobierno central trabaja en las labores diplomáticas y los gobernantes de Malta en las provisiones inmediatas para los tripulantes rescatadas, el Ejecutivo valenciano ha convocado este martes una reunión de urgencia con la Autoridad Portuaria, las conselleries implicadas (Sanidad, Educación e Igualdad y Políticas Inclusivas), la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las diputaciones, la Universidad de Valencia y las entidades Accem, Cepaim, CEAR, Cáritas, Acnur y Cruz Roja, y también representantes del Ayuntamiento de València.

Se estima, dada la distancia a la que se encuentra el Aquarius, entre Italia y Malta, que el barco tardaría unos cuatro días en llegar a las costas valencianas. Otros territorios como Madrid, Barcelona y el País Vasco se han ofrecido para ser ciudades de acogida. En la reunión del martes, cuando se contabilicen los recursos disponibles, se valorará cuántas personas se reasentarán en otros puntos del Estado.

El cónclave reactivará un protocolo creado en el primer año del Gobierno valenciano que preside Ximo Puig, cuando uno de sus principales compromisos era la acogida de personas que huían de la guerra. Mientras en Alemania cerca de un millón de personas fueron acogidas, los titulares del Estado español renegaban de las cuotas de acogida. El Gobierno de Rajoy finalmente se comprometió en Europa a acoger a 17.337 personas y, en 2018, apenas han llegado 2.000, un 11%. La Comunitat Valenciana recibió cerca de un centenar de personas, pese a estar preparada para acoger a más de 1.400.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, organizó un viaje institucional a los campos de refugiados de las islas de Lesbos y Kos para conocer de primera mano la situación de miles de personas que se encontraban en las costas griegas a la espera de una acción de Europa. Allí se firmaron varios convenios de colaboración con las autoridades griegas, instándose a trabajar codo con codo. A la vuelta, el Ejecutivo autonómico destinó 400.000 euros en ayudas directas a acciones urgentes para atender a personas refugiadas a causa de la guerra en Siria y países limítrofes en 2015. 

El mismo año se creó un plan de actuación de respuesta urgente de emergencia para coordinar todas las acciones y políticas públicas de atención a las personas demandantes de asilo, incrementadas por el recrudecimiento del conflicto sirio. Como consecuencia, además de los recursos económicos, se creó una red de municipios de acogida, donde cada ayuntamiento ponía a su disposición una serie de recursos. Esta red cuenta con 133 municipios adheridos entre las tres provincias valencianas. La Consellería de Sanidad estableció también un protocolo de coordinación para repartir las tarjetas SIP y coordinar la atención urgente.

Se creó además una comisión mixta entre el Gobierno autonómico, ayuntamientos, diputaciones, ONG, Acnur, Cruz Roja y otras entidades para estar preparados en caso de acogida urgente. El plan, que se tendrá que reactivar con la llegada del buque de la ONG francesa, incluye aspectos sanitarios, educativos, sociales y de ocupación. En su momento, se reunieron 1.400 plazas entre pisos de acogida, habitaciones en viviendas y albergues a disposición de las personas refugiadas. Además, la naviera Baleària se ofreció para transportar a los refugiados, fletando un barco con capacidad para 1.100 personas, pensando en el traslado desde Grecia. 

En 2016, once comunidades autónomas firmaron una declaración para exigir al Gobierno central que se implicara en la acogida y que permitiera a los territorios colaborar, además de numerosas declaraciones institucionales de la Generalitat y municipios para ser ciudades refugio. El alcalde de València, Joan Ribó, propuso el edificio Veles e Vents, sede de grandes eventos durante la década pasada, como un centro de distribución, un lugar para atender a las personas refugiadas a su llegada. Según el alcalde, la capacidad de València sería, con normalidad, de entre el 10% y el 20% del total que llegaran a España, teniendo en cuenta el compromiso con Europa.