Ábalos trasladó a la Generalitat que Puertos del Estado es el organismo con competencias en la “tramitación ambiental” de proyectos como el del Puerto de València

Cuantos más detalles se conocen de la forma en la que el Gobierno se ha quitado de encima la responsabilidad de la polémica ampliación norte del Puerto de València más dudas surgen sobre la viabilidad del mismo en materia ambiental en el contexto de una Emergencia Climática declarada hace un año por el propio ejecutivo central.

En el año 2019 la Conselleria de Emergencia Climática remitió una carta al Minsterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige el socialista valenciano José Luis Ábalos, en la que mostraba preocupación por el proyecto y solicitaba información sobre la tramitación que iba a seguir en materia ambiental al considerar que la construcción de la nueva terminal podía resultar incompatible con declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 2007, e incluso con la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) aprobada en 2014.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Ábalos, que en 2007 alegó como concejal del PSPV en València contra la ampliación, afirma que “con el fin de que puedan ser debidamente examinadas y valoradas por este departamento las posibles actuaciones a realizar (...) se ha solicitado información sobre la tramitación del expediente a Puertos del Estado, en atención a las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a dicho ente público respecto a las Autoridades Portuarias, en particular en lo que respecta a la tramitación ambiental de proyectos constructivos”.

El ministro manifiesta así en la misiva justo lo contrario de lo que finalmente ha acabado haciendo, ya que mediante un acuerdo in extremis con el Ministerio de Trasición Ecológica, Puertos del Estado cedió la condición de organismo sustantivo a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dejándole la responsabilidad de determinar si es preceptivo realizar una nueva DIA y eximiéndose de posibles consecuencias penales.

Además, en el escrito remitido al Gobierno valenciano, Ábalos aseguró que trasladaría el informe de Puertos del Estado sobre la validez de la DIA de 2007 al Ministerio de Transición Ecológica para que se pronunciara “sobre la necesidad de someter el proyecto de referencia a nuevas evaluaciones de impacto ambiental”, algo que finalmente no se ha realizado ya que el Ministerio que dirige la también socialista Teresa Ribera no se ha pronunciado.

Un hecho que deja en el aire el resultado que hubiera arrojado esa consulta, teniendo en cuenta que poco antes de hacerse público el documento de Puertos del Estado, Ribera anunció la aprobación de la Ley de Cambio Climático  que obliga a reducir casi a cero las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con su ampliación mediante una nueva terminal de 134 hectáreas, el puerto duplicaría su superficie, su capacidad para mover y almacenar contenedores e incrementaría exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados.