Los comerciantes exigen a Catalá que frene la proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales

La proliferación de apartamentos turísticos en bajos comerciales ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los comerciantes de València por la reducción de espacios para la expansión de comercios de proximidad, una preocupación que es compartida también por las diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad.

Tanto es así que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València ya le ha trasladado a la alcaldesa, María José Catalá, la necesidad de poner freno a esta situación.

Fuentes de la entidad han informado a elDiario.es de que en una reciente reunión que tuvieron con la primera edil a cuenta de la campaña navideña se comentaron diferentes temas que preocupan al sector para que en el equipo de Gobierno municipal fueran conocedores con el objetivo de abordarlos tras las fiestas: “Uno de los temas que trasladamos fue que había que poner sobre la mesa el tema de legislar los apartamentos turísticos o viviendas en los bajos. Está claro que habrá calles que nunca han sido comerciales y que esa puede ser una forma de darles vida, pero en el centro histórico esto es un peligro porque los bajos tienen que ser para empresas, para actividad económica, porque si no lo que se consigue es languidecer las calles”.

Sobre la respuesta de la alcaldesa a este planteamiento comentaron desde la asociación que reconoció que sobre este tema habrá que hacer “cirugía” con este tema y que era consciente de que había que abordarlo.

Sobre la situación que genera este fenómeno en las comunidades de vecinos, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de València y Castellón, Sebastián Cucala, ha explicado a este diario que cuando los bajos se destinan a vivienda habitual y no a apartamento turístico no suele haber excesivo conflicto teniendo en cuenta que los usuarios no acceden a las zonas comunes.

“Cuando lo que se quiere instalar es un apartamento turístico sí que suele haber más pegas o condiciones por parte de la comunidad, como por ejemplo incrementar los gastos de comunidad al propietario hasta en un 20%, una posibilidad que incluye desde hace un año la nueva Ley de Propiedad Horizontal”, explica.

La misma reforma de la ley incluye la posibilidad de que las comunidades limiten el uso turístico de las viviendas y “aunque se habla de límites, en la práctica se está aceptando que incluyan en sus estatutos la prohibición total del uso turístico de las viviendas, tanto los notarios como el registro de la propiedad que deben validar los estatutos lo están admitiendo”.

Sobre si la modificación de los estatutos de una comunidad para prohibir los apartamentos turísticos tiene efectos retroactivos, Cucala explica que “si la comunidad de propietarios lo aprueba antes de que los apartamentos tengan todos los permisos para entrar en funcionamiento, esto es la licencia de compatibilidad del Ayuntamiento y el número de registro, sí que impediría que un proyecto que está en trámite saliera adelante; si el apartamento ya está funcionando y está en regla, no le afectaría”.

Como informó esta redacción, el portal de Instagram 'Lamataobras' ha trasladado al Ayuntamiento un centenar de denuncias en menos de un mes de propietarios que no saben cómo paralizar obras de transformación de bajos comerciales en apartamentos turísticos.

Según la el Plan General de Ordenación Urbana de València que data de 1988, en un mismo edificio no puede haber bajos comerciales y bajos destinados a vivienda turística. Si ya hay un comercio, el apartamento debería habilitarse siempre en el entresuelo o primera planta, que también se debería destinar en su totalidad a este uso turístico.

La Federació d'Associacions Veïnals de València también se ha manifestado en contra de la proliferación de apartamentos turísticos en los bajos comerciales. La entidad vecinal organizó recientemente un debate sobre turismo y ciudad ante los problemas generados por las viviendas turísticas, con el foco puesto en el problema de los bajos, y propuso una moratoria en la concesión de nuevas licencias y más inspecciones.