Compromís y el PSPV abren la vía de la protección del Valencia CF como bien de interés de cultural
Las fuerzas políticas que gobiernan el Ayuntamiento de València empiezan a moverse tras la multitudinaria concentración del pasado sábado 11 de febrero junto al estadio de Mestalla en la que los aficionados reclamaron al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, que venda su mayoría accionarial y que abandone al club, sumido en una grave crisis social, económica y deportiva tras más de ocho años de gestión.
Los en torno a 20.000 valencianistas que protestaron en la avenida Suecia convocados por la asociación Libertad VCF también pidieron a las autoridades políticas de la ciudad que dieran un paso al frente para forzar a Lim a desvincularse del club, una reivindicación que parece que empieza a surtir efecto.
Precisamente, la entidad, cuyo objetivo es que Peter Lim haga público un cuaderno de venta del club que posibilite trazar una estrategia para realizar una oferta de compra de sus acciones con sello valenciano, ha presentado en el Ayuntamiento una propuesta para que el club sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), de forma que sus símbolos, identidad y colores queden protegidos, tal y como anunció este lunes su presidente, José Pérez, en el programa 'Esports Migdia' de Valencia Capital Radio.
Una propuesta que ha sido recibida con buenos ojos tanto por parte de Compromís como del PSPV. En este sentido, fuentes de Compromís han asegurado a elDiario.es que quieren explorar la vía de la declaración BIC de los clubes deportivos centenarios de la ciudad como el Levante UD y el València CF, siguiendo así el camino comenzado por Compromís en Alicante con el Hércules: “Queremos actuar con responsabilidad, prudencia y respeto, por eso pensamos que lo primero es tener muy clara la viabilidad y las consecuencias legales de una declaración de Bien de Interés Cultural. En ese sentido, propondremos al Pleno del Ayuntamiento una moción para consultar a la conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana sobre este aspecto al tiempo que iniciaremos una rueda de contactos con las bases sociales de los clubes para hacerlos partícipes de este proceso”.
Además han añadido que “es indudable el valor social, identitario y patrimonial de entidades deportivas centenarias como los dos grandes clubes de la ciudad y pensamos que es fundamental que, siempre dentro del marco legal competencial, las administraciones velemos por su preservación tal y como procuramos desde Compromís con la presentación de 44 enmiendas a la ley del deporte en el Congreso de los Diputados”. En el ámbito deportivo “hay pocos precendentes de declaración BIC, como fue la del Recreativo de Huelva y por eso pensamos que este proceso debe de arrancar con una consulta clara sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias”.
Por su parte, la vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, también se ha mostrado favorable a la declaración BIC: “Me parece muy oportuno por el momento que estamos viviendo y es una medida que se puede aplicar a otros clubs centenarios de la ciudad como el Levante UD. Desde nuestra área vemos con buenos ojos poder impulsar esa protección que luego debe determinar la conselleria de Cultura, una declaración que lo que hace es proteger nuestro escudo, nuestros colores, nuestra simbología ante cualquier decisión arbitraria y caprichosa que ya se ha dado en España de cualquier máximo accionista que no conoce la historia del club”.
Una declaración BIC propició la expropiación del Recreativo
La tramitación de la declaración BIC no debe contar necesariamente con el beneplácito de la institución protegida, si bien no suele ser lo habitual. Basta con que lo solicite una entidad para que al menos se inicie la tramitación.
Existen precedentes en España de otros clubs que se han declarado BIC y en el caso de uno de ellos, el Recreativo de Huelva, esta declaración posibilitó que el Ayuntamiento expropiara las acciones de una empresa que era propietaria de la entidad y que la tenía sumida en impagos.
En esta línea, Libertad VCF, la entidad promotora de la iniciativa de declaración BIC ha explicado que “dicha declaración, entre otros aspectos, establece la obligación de los propietarios a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural, aportar toda la información que se requiera por la Generalitat Valenciana sobre el estado de sus bienes y facilitar la inspección y examen de los mismos”.
Además, “esta declaración permitiría a la administración la ejecución subsidiaria con el objeto de que se cumplan las mencionadas obligaciones y, llegado el caso, abre la vía del artículo 21 que habilita a la administración a expropiar el bien si existe peligro para la destrucción o deterioro del mismo”.
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