El currículum del concejal de Grandes Proyectos y responsable de contratación del Ayuntamiento de València es a la vez su mejor y su peor baza. La trayectoria laboral de José Marí Olano, que ha sido abogado del Estado, abogado de la Generalitat y consultor en una de las mayores firmas del ramo, KPMG, le han llevado, tal como ha venido publicando elDiario.es, a tener que abstenerse en al menos seis procesos de contratación pública en solo tres meses en el cargo por vínculos con las mercantiles que concurren.
Las incompatibilidades han sido reconocidas por el propio concejal popular, que las ha manifestado en los procedimientos en el momento, salvo en una Mesa de Contratación en la que, recién nombrado, olvidó hacerlo. Reconoció y rectificó el error tres meses después, en un escrito remitido a los servicios jurídicos. El edil se ha apartado en varias ocasiones, tal como recogen las actas de la Mesa de Contratación, señalando que ha tenido vínculos con algunas de las empresas que concurren en los dos últimos años, tal como marca la ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los seis procedimientos en los que el edil de contratación se ha abstenido son de los más cuantiosos de la ciudad. Uno de ellos forma parte del proceso de adjudicación del macrocontrato del alcantarillado de la ciudad, cifrado en 293 millones de euros más IVA, que ha sido recurrido por dos de las empresas que concurrieron. Otro es el de las obras de la Avenida Pérez Galdós, al que concurrieron casi una veintena de empresas a través de distintas UTE (la fórmula de la unión temporal), aunque también hay contratos como el del servicio de salvamento marítimo, a cargo de Cruz Roja. En el caso de los huertos urbanos de Orriols, las licitadoras fson Construcciones y Canalizaciones Cyca y Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), que ha concurrido a otros dos procedimientos en los que Marí Olano se ha abstenido. El PSPV le preguntó específicamente por esta mercantil, pero el concejal negó la respuesta.
En total, a estas licitaciones, mayores o menores, han concurrido más de 50 empresas diferentes, ya sea en solitario o en UTE. Se trata de seis procesos entre abril y junio, los primeros tres meses en los que Marí Olano ha estado a cargo de los procesos de contratación, antes en manos de Júlia Climent, también del PP. El edil de contratación ha negado sistemáticamente a la oposición información sobre sus vínculos profesionales directos o indirectos con las firmas por las que se le ha preguntado.
A la concejala del PSPV Elisa Valía, que preguntó por las empresas que concurrieron al contrato del alcantarillado, le respondió: “Cuando el concejal delegado de Contratación ha tenido relación profesional con una empresa interesada en un procedimiento de contratación se ha abstenido de intervenir en el procedimiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.1 y 2.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”. Nuevamente preguntado, apuntó que la solicitud “excede el marco legal” y “pretende requerir una manifestación personal sobre cuestiones de naturaleza privada que no constan en ningún expediente administrativo ni en archivo municipal alguno. No existe, por tanto, ni base normativa ni obligación legal que justifique o habilite la emisión de una respuesta en tales términos”.
La coalición Compromís, a través del concejal Ferran Puchades, ha reclamado las actas de las mesas de contratación, los expedientes en los que se ha abstenido y recrimina a la alcaldesa del PP que haya derivado esta responsabilidad en Marí Olano, que consideran incompatible. Los valencianistas apuntan: “Vamos a seguir insistiendo para garantizar la limpieza y pulcritud de los procedimientos de contratación tras la experiencia nefasta del concejal Badenas [exportavoz de Vox], que ha provocado una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y el desembarco de la UCO registrando el Ayuntamiento”, ha indicado el concejal.
En otra pregunta del PSPV, el consistorio informa que “no dispone de los datos necesarios para responder a la pregunta formulada”, y el Ayuntamiento remite a estatutos de la Abogacía Española relativos al secreto profesional. “El deber y derecho de secreto profesional del profesional de la Abogacía comprende todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional”, cita la respuesta del pleno.
El grupo del PSPV en el Ayuntamiento de València lleva al Síndic de Greuges la opacidad del concejal responsable de contratación de Valencia, que se niega a responder a la oposición sobre las empresas con las que trabaja. La concejala socialista Elisa Valía ha informado de que su formación ha puesto en conocimiento de la Sindicatura de Greuges la “falta de transparencia” en los procesos de contratación del equipo de gobierno de María José Catalá, que añadió esta responsabilidad a Marí Olano en la remodelación del gobierno efectuada el pasado abril. Valía manifiesta que con la negativa a responder, “se está vulnerando el derecho fundamental como concejala a fiscalizar y ejercer mi labor de control para que la ciudadanía sepa en qué lado de la mesa se sienta el Gobierno de María José Catalá y, en este caso, Marí Olano cuando se trata de empresas contratistas”. Además, considera la concejala, esta negativa “choca frontalmente con el derecho a participar en los asuntos públicos, acceder a la información y fiscalizar la acción del gobierno municipal, tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución”.