La Justicia tumba las restricciones a las VTC aprobadas en 2021 por el Ayuntamiento de València

La sección 4 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la empresa Automóviles Zirconio S.L. en el recurso que interpuso contra diversos artículos de la ordenanza de Movilidad aprobada por el Ayuntamiento de València en el año 2021, con Compromís y el PSPV en el equipo de Gobierno, en relación a las restricciones impuestas a los vehículos de transporte con conductor (VTC) con los que operan plataformas como Uber o Cabify, con el objetivo de diferenciarlos del servicio que prestan los taxis.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, insta al Consistorio a eliminar los artículos por los cuales se establece un plazo mínimo de antelación de una hora para contratar el servicio cuando tenga origen y destino en la ciudad de València, y por los que se prohíbe a los VTC estacionar a menos de 300 metros de lugares de alta demanda, como estaciones de ferrocarril y autobuses, el puerto, centros comerciales, hoteles de más de 400 plazas y paradas de taxi con capacidad para más de nueve plazas, entre otros.

El portavoz del Gobierno municipal del PP y de Vox, Juan Carlos Caballero, dio cuenta de la resolución tras la reunión de la junta de Gobierno local y no aclaró si el Ayuntamiento piensa recurrir la sentencia: “Vamos a esperar a ver qué nos dice la asesoría jurídica municipal y por lo tanto con un estudio y de forma rigurosa y sabiendo que tenemos que cumplir con la legalidad actuaremos en consecuencia. Lo que no vamos a hacer es improvisar o tomar una decisión sin haberlo tratado con los servicios jurídicos de la casa”.

Caballero criticó al anterior ejecutivo de Compromís y del PSPV por “su falta de rigor marca de la casa” y calificó de “chapuza” la normativa que aprobaron relativa a las VTC: “Todo lo que se les imponía para poder trabajar en València nos toca hacer una revisión porque hicieron una normativa que no se ajustaba a derecho”.

El colectivo del taxi, en concreto la Federación Sindical, junto a la Confederación y Antaxi, han recurrido el fallo ante el Supremo y según informan sus escritos ya han sido admitidos a trámite.

Compromís y PSPV piden que se recurra el fallo

Sobre esta cuestión, Compromís ha pedido a la alcaldesa María José Catalá “que defienda en los Tribunales, recurriendo tantas veces como sea necesario y en todas las instancias que corresponda, la regulación de las VTC que se aprobó la legislatura pasada para garantizar que el taxi pueda seguir proveyendo el servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal”.

Según el concejal Giuseppe Grezzi, responsable de Movilidad en el pasado mandato, regularon la prestación de los servicios discrecionales de los VTC “para que se haga de la forma más correcta y así garantizar la competencia efectiva y el respecto a la legalidad”.

Además, ha añadido que “la regulación redunda en un sistema de movilidad mejor y con más garantías legales” y que “el sector del taxi, que está perfectamente regulado, ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece a la ciudadanía”.

No obstante, “de las palabras del señor Caballero, trasciende la intención del gobierno de PP y Vox de utilizar la sentencia para favorecer la entrada masiva e intrusiva de las VTC, un movimiento al que nosotros nos opondremos firmemente, siempre a favor del transporte público y el sector del Taxi”, ha afirmado.

Desde el PSPV, la concejala María Pérez ha emplazado a María José Catalá a que “aclare si va a dar barra libre a las licencias de VTC para competir contra el sector del taxi y convertir València en una franquicia del caos en el que el PP ha transformado Madrid”. 

Pérez ha lamentado que el PP se refiera a la normativa como “chapuza” y que se “esconda tras los técnicos cuando la normativa está redactada técnicamente y consensuada”. “Que dejen de mentir y tomar el pelo a la ciudadanía contestando con lugares comunes y aclaren qué van a hacer”, ha señalado. “Tienen que informar sobre si van a recurrir o no, no tiene más complicación que decir la verdad y es a lo que no está acostumbrada María José Catalá”. 

María Pérez ha apuntado que el sector del taxi “tiene derecho a saber cómo van a funcionas estas empresas de VTC”. Ha a Catalá que “garantice una competencia leal” y le ha recordado que en campaña electoral “decía que apoyaba a los taxistas”.