Víctimas de una “estafa” inmobiliaria en Sagunt: “De la noche a la mañana nos tratan de ocupas y nos dan un mes para dejar nuestras casas”

“Mi marido, mis dos hijos y yo llevamos cuatro años viviendo de alquiler en este residencial. En febrero del pasado año renovamos el contrato de alquiler por siete años y después de enterarnos de rebote de que la Sareb se había quedado con todo el edificio, ahora el juzgado nos dice que tenemos un mes para abandonar nuestras casas porque estamos en situación irregular, ya que los contratos no son válidos al no haberse presentado en escritura pública, una estafa en toda regla. De la noche a la mañana nos han convertido en ocupas de nuestras propias casas”.

B. G. forma parte de una de las 61 familias afectadas por el proceso de asignación de inmuebles de promotoras que incurren en impagos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Un proceso que ha motivado que hayan estado pagando sus alquileres desde principios del año 2021 a una empresa sin que constara a efectos legales, lo que en la práctica les ha impedido defender sus derechos como inquilinos ante el juez y les obliga a dejar sus casas.

Así, el 29 de junio es la fecha límite que el juzgado número 2 de Sagunt les ha marcado para que abandonen sus viviendas ubicadas en la calle de Antonio Blesa Martínez.

Según recoge la sentencia, que no es recurrible, en el primer contrato aparece como arrendador Iveriplus Gestión S.L., y en el segundo contrato, renovado en febrero del pasado año, aparece como arrendador RKS Real Estate, S.C.S.P..

Al quebrar la constructora que hizo el complejo, el juez adjudicó en mayo de 2021 a la Sareb la hipoteca y la titularidad de todo el edificio, momento en el que se inició un estudio de la situación de las viviendas en cuanto a sus ocupantes para comprobar su situación legal sobre ellas: “Es el procedimiento normal cuando se adjudican hipotecas a la Sareb, la entidad no solicita que echen a nadie de sus casas”, afirman desde el organismo.

Es en ese momento cuando el juzgado requiere a todos los inquilinos la documentación que les acredite como tal. Sin embargo, tal y como refleja el fallo judicial, los contratos de cesión requieren “de escritura pública, y como es de ver en los documentos aportados, son meros contratos privados que no públicos, por lo que ninguna validez se les puede otorgar a los mismos, dado que para que se considere perfeccionado es menester su elevación a escritura pública”.

Así pues, el juez resuelve que “habiéndose adjudicado el bien subastado sito en la Calle de Antonio Blesa Martínez de la localidad de Sagunto, (Valencia) al Sareb, procede requerir a los ocupantes a que la dejen libre, vacua y expedita en el plazo de un mes, y en el caso de no verificarlo, se procederá a su lanzamiento”.

“Estamos ya haciendo cajas porque no sabemos qué va a pasar, los niños nos preguntan porque saben que algo raro ocurre, pero no sabemos qué decirles. Por este piso pagamos 560 euros y por lo que hemos visto ahora de cara a verano por una vivienda mínimamente decente nos están pidiendo 1.000 euros. Si se cumple el plazo y no tenemos dónde ir no nos quedará más remedio que alojarnos en casa de mi madre temporalmente. La situación es angustiosa, desde que nos comunicaron la sentencia tenemos que tomar pastillas valerianas para dormir”, lamenta B. G..

Otro de los vecinos afectados asegura que afrontaban el proceso judicial “con la tranquilidad de tener un contrato de alquiler firmado, pero la sentencia ha sido un mazazo”. Este abogado, casado y con tres hijos, se muestra crítico con el fallo judicial: “El juez compra el argumento del abogado de la Sareb basado en una ley que ya no está en vigor, puesto que con la actual normativa de 2019, más garantista con los inquilinos, no es necesario hacer públicos los contratos para que tengan validez, pero el juez se acoge a esta circunstancia porque aprecia voluntad defraudatoria por parte de los inquilinos, cuando somos las víctimas, no hemos dejado de pagar ni un mes de alquiler”.

Los afectados consultados piden una solución que podría pasar por la compra o por un nuevo contrato de alquiler para no verse obligados a dejar sus viviendas, algo que ya han hecho 12 familias.

Tanto la Sareb como la Conselleria de Vivienda de la Generalitata Valenciana tienen una reunión este jueves para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio tanto para los residentes como para el organismo.