¿A quién corresponde contar primero e informar después de los fallecidos?

España, se nos dice de manera reiterada por buena parte de nuestros líderes políticos así como por la mayor parte de nuestros académicos en Derecho Público, es uno de los países más descentralizados del mundo, más que muchos definidos formalmente como Estados Federales.

No se entiende, si es así, que, en el momento en que el virus calificado como Covid-19 ha hecho acto de presencia y provocado la crisis sanitaria que está provocando, el foco se haya puesto en el Gobierno de la nación como si los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas no tuvieran ninguna responsabilidad en la respuesta que a dicha crisis sanitaria se debería haber dado.

La sanidad y los servicios sociales son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Son los gobiernos de las Comunidades Autónomas los que deciden quiénes son los directores de todos los hospitales y centros de salud. Son los que deciden qué residencias de mayores son de titularidad pública y qué residencias se conciertan con el sector privado para atender a la población que lo necesita, debiendo vigilar la forma en que dicha atención se presta.

El Gobierno de la nación no tiene la más mínima presencia en la gestión ni de hospitales o centros de salud, ni en la de los centros de mayores. La información de la que dispone el Ministerio de Sanidad es la que le suministran las consejerías de las Comunidades Autónomas.

Esto ha sido así desde los primeros años ochenta, tras los Pactos Autonómicos de 1981 en las cuatro Comunidades del artículo 151 de la Constitución (País Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía) más Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Navarra. Sería así en todas las demás a partir de los pactos autonómicos de 1992. Desde hace casi 40 años en las primeras y casi 30 en las segundas, la política sanitaria y la de atención residencial a los mayores ha sido gestionada por los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

Estos tienen mucha más experiencia que el de la nación en lo que a la gestión de la sanidad y la asistencia a mayores se refiere. Son ellos los que saben de cuántos recursos humanos y materiales disponen para garantizar el derecho a la salud de la población. El Gobierno no dispone de más información que la que ellos le transmiten.

Este es el marco constitucional de la democracia española en la materia. La protección del derecho a la salud se encomienda a las Comunidades Autónomas de manera exclusiva y excluyente. El Estado no podría intervenir, aunque quisiera hacerlo. Que yo sepa, esto no ha sido discutido por nadie. No ha habido ni una sola iniciativa para reformar el modelo.

No se entiende, en consecuencia, que una vez que la Covid-19 ha hecho acto de presencia, desatando la crisis sanitaria sobradamente conocida, se haya eximido de toda responsabilidad a los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

No cabe duda de que una emergencia como la desencadenada por la Covid-19 no pueden dejar de alterar el marco normativo en cuya base se garantiza el derecho a la salud. Pero una cosa es que lo altere, que exija la necesidad de introducir algunos cambios y otra distinta que lo sustituya por otro distinto. El Sistema Nacional de Salud de España está integrado por los 17 sistemas de salud de las Comunidades Autónomas. Y desde esos 17 sistemas de salud se está dando respuesta a la pandemia. Con la ayuda que está prestando el Gobierno de la nación, pero desde ellos, porque no hay otros a los que acudir. Incluso, cuando el Gobierno central decide a través de la Unidad Militar de Emergencia transformar instalaciones como el IFEMA en hospitales de emergencia, confía la gestión del mismo al titular de la competencia que es la Comunidad Autónoma.

No se ha producido centralización de ningún tipo en lo que a la gestión de la sanidad o la atención a los mayores en residencias se refiere. Ha habido contribución por parte del Estado a las distintas Comunidades Autónomas mediante la adquisición y distribución de material sanitario. Pero nada más.

La gestión de la sanidad y de la atención a los mayores no se ha visto afectada por la declaración del estado de alarma. Tampoco hubiera podido verse afectada si se hubiera declarado el estado de excepción. Se trata de materia sustancialmente resistente a cualquiera de los instrumentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado previstos en el artículo 116 de la Constitución.

Quiere decirse, pues, que la información que recibe la sociedad española respecto de la crisis sanitaria no puede ser otra que la que transmiten las comunidades. No la transmiten directamente, sino que lo hacen al ministerio de Sanidad y es este el que la hace llegar diariamente a los ciudadanos. Pero cuando al mediodía se dan las cifras de contagiados, ingresados y fallecidos, dichas cifras son las que han transmitido las Comunidades Autónomas. Y si en ellas figuran los fallecidos exclusivamente en los hospitales o también en las residencias de mayores, dependerá de lo que hayan decidido sus autoridades. El Estado no es que no tenga nada que ver, sino que, aunque quisiera, no podría. No tiene acceso directamente a la información. Únicamente puede transmitir la que recibe. Que yo sepa, no ha habido ningún consejero de Salud que haya denunciado que en la información que se transmite por televisión todos los mediodías se están falsificando los datos que las Comunidades Autónomas transmiten.

De “traicionar a los muertos” acusó Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero respecto de las víctimas de ETA. No podía no saber que estaba lanzando una infamia, como el tiempo vendría a demostrar. De ocultar los muertos de la pandemia y traicionar de esta manera a sus familiares y amigos están acusando de manera no menos infame Pablo Casado y Santiago Abascal a Pedro Sánchez.

Ya está bien. A ver si es posible que se deje a los muertos descansar en paz.