Josep Piqué y Borja Sémper

No sé si los lectores recordarán que Josep Piqué encabezó la lista del PP en las elecciones parlamentarias de 2003 en Catalunya como candidato a la presidencia de la Generalitat. El desplazamiento de Josep Piqué a Catalunya tenía mucho sentido para quien así lo decidió, que no era otro que José María Aznar. Tras haber alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2000, José María Aznar se disponía a cumplir la promesa de no permanecer más de ocho años en la presidencia del Gobierno, pero no por ello dejaba de planificar lo que debería ser la trayectoria del PP en el futuro. Y en esa planificación del futuro Catalunya ocupaba un lugar muy destacado. El PP había conseguido ir mejorando sus resultados en Catalunya, pero estaba todavía lejos de la representación que necesitaba en dicha “nacionalidad” para asentarse como “partido de gobierno” de España. El resultado de las elecciones generales de 2000 era engañoso para el PP, como lo fue el de las elecciones de 1989 para el PSOE. Eran resultados que difícilmente se repetirían para cualquiera de los dos partidos. Para aproximarse nuevamente al resultado del año 2000, aunque no se alcanzara, el PP tenía que mejorar su presencia en Catalunya primero y estabilizarla después. Para ello, necesitaba poner al frente del partido a un catalán fiable en el interior del partido y con proyección política consolidada. 

El proyecto de futuro de José María Aznar empezó a quebrarse con el resultado de las elecciones catalanas en otoño de 2003, en las que se impuso el PSOE en número de votos y CiU en número de escaños. Pasqual Maragall acabaría siendo president de la Generalitat al frente de un “tripartito” constituido por PSC-PSOE, ERC y ECV-EUiA, e inmediatamente se puso en circulación el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Catalunya. 

Continuaría quebrándose con el resultado de las elecciones generales de marzo de 2004, en las que el PSOE encabezado por José Luís Rodríguez Zapatero conseguiría la presidencia del Gobierno. La reforma estatutaria que, con el PP en el Gobierno, no tenía posibilidad alguna de llegar a ser tomada en consideración por las Cortes generales, se convirtió en un proyecto político viable. 

En esa inicial puesta en marcha del proceso de reforma del Estatut, Josep Piqué intentó convencer a la dirección del PP de que sería conveniente que el partido se implicara en la misma, con la finalidad de impedir que la reforma llegara a donde no debería llegar en ningún caso. Pero el PP se negó rotundamente a participar en el proceso de reforma estatutaria, confiando en que tal proceso naufragaría ante el Tribunal Constitucional, como así ocurriría.

Como consecuencia de ello, Josep Piqué abandonó el Parlament y la presidencia del PP en Catalunya y dejó de estar activo en política a continuación. Nunca más volvió a concurrir a ningún proceso electoral. El rechazo del PP a participar en la negociación de la reforma estatutaria y el abandono de Josep Piqué acabarían teniendo consecuencias funestas para todos. En ese momento PSOE y PP tenían consistencia suficiente en Catalunya para condicionar la reforma estatutaria que empezaba a dar sus primeros pasos. Pero no fue así. El resultado es conocido.

De la trayectoria de Josep Piqué en aquel momento me acordé este martes cuando se produjo la intervención de Borja Sémper en euskera en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que por primera vez se hizo uso de las lenguas cooficiales tras la oportuna reforma del Reglamento parlamentario.

Es obvio que no es lo mismo la reforma del Estatut de Autonomía que la reforma del Reglamento del Congreso para posibilitar el uso de las lenguas cooficiales. Jurídicamente sin ninguna duda. Y políticamente también, pero no tanto. La reforma del Estatut de Autonomía suponía una reinterpretación de la Constitución con consecuencias profundas en el bloque de la constitucionalidad que define el contenido y alcance tanto de la titularidad como del ejercicio del derecho a la autonomía por parte de la “nacionalidad catalana”. La reforma del Reglamento del Congreso tiene un alcance mucho menor. Aquí no hay comparación posible.

Sin embargo, políticamente, sí hay una cierta relación entre ambos momentos. En ambos casos, el PP se niega rotundamente a discutir siquiera sobre cualquier tema que afecte a la integración de las nacionalidades en el Estado. Ese tema está resuelto en la Constitución y únicamente el Tribunal Constitucional tiene autoridad para decidir sobre el mismo. Darle entrada en el debate parlamentario supone deslizarse por una pendiente que, en un primer momento, puede parecer de poca importancia, pero que después se convierte en una bola de nieve imparable. En lo que a la distribución territorial del poder se refiere en el sentido más amplio en que pueda hacerse uso de dicha expresión, el PP se ha autoatribuido la potestad de decidir lo que se puede discutir. No lo que se puede decidir, sino sobre qué se puede hablar. 

Esto es lo que supone la reacción dentro del PP frente a la intervención de Borja Sémper del pasado martes. No se puede siquiera contemplar la posibilidad de que pueda ocurrir lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados este martes. Lo mismo que le dijo Mariano Rajoy a Josep Piqué, le está diciendo quien sea a Borja Sémper. En este terreno el PP sigue estando donde ha estado siempre. Se sigue considerando con la autoridad para decidir de qué se puede hablar y de qué no se puede. O en qué lengua se puede hablar y en cuál no se puede.  

Con ello el PP se cierra la posibilidad de hablar con nadie que no sea la extrema derecha, como Alberto Núñez Feijóo está comprobando. Pero, al cerrarse a sí mismo esta posibilidad, además de hacer difícil para sí mismo el acceso a la presidencia del Gobierno, afectando de esta manera a la normal alternancia en el poder, condena al sistema político español a conflictos constitucionales de imposible solución. Con la actitud del PP en el Pleno del Congreso sobre el uso de las lenguas cooficiales, ¿es posible pensar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?, ¿o en definir un estatuto de RTVE que garantice de manera indefinida la imparcialidad mínimamente exigible del mismo?, ¿o en llegar a acuerdos que impidan la tramitación de proposiciones de ley como la que está a punto de aprobar el Parlamento Andaluz sobre los regadíos en Doñana? 

El PP tiene que poder hablar con todos, menos, tal vez, con el único con el que está hablando. Por él y por todos. Así no puede llegar al Gobierno, y si por azar llega en algún momento, estará condenado a un ejercicio brutal del mismo. Esas son las alternativas, si continúa empeñado en considerar que tiene la autoridad para decidir de qué se puede hablar y de qué no. 

Josep Piqué ya sabemos lo que hizo. Me parece que Borja Sémper está condenado a ir por el mismo camino.