Una mirada diferente de las elecciones del 14F

Una de las incógnitas que despejarán los resultados de las elecciones del 14 de febrero en Catalunya es la del peso de la derecha española que reclama el monopolio del constitucionalismo en todo el país, pero de manera muy acentuada en dicha “nacionalidad”. Conviene recordar que en diciembre de 2017 entre Ciudadanos y el PP obtuvieron casi el 30% de los votos válidamente emitidos y 40 escaños. Ciudadanos el 25,37% y 36 escaños. PP, 4,24 % y 4 escaños. Es mucho más de lo que nunca tuvo la derecha española en Catalunya en todas las elecciones desde la primera en 1980.

Si las encuestas no se equivocan de manera estrepitosa, parece que el peso de la derecha que se autocalifica de constitucionalista, incluyendo en la misma a Vox, que no consiguió ser partido parlamentario en 2017, va a quedar considerablemente alejado del que alcanzó hace tres años. Sumando los escaños que los diferentes sondeos atribuyen a los tres partidos de la derecha española, no llegan a los 30 escaños. De confirmarse tales pronósticos, se produciría una pérdida de un 25% de la representación parlamentaria. 

Es una perspectiva a la que no se le está prestando la atención que, en mi opinión, merece. Únicamente se está prestando interés a qué partido de los tres será el que tenga mayor número de escaños, independientemente de cuantos sean dichos escaños. La derecha autocalificada de constitucionalista está planteando las elecciones catalanas como una batalla interna, desvinculada de la gobernabilidad de Catalunya, en la que se da por supuesto que no tendrá nada que decir. Una batalla interna en torno a entre un 15 y un 20% del electorado. Ese es su horizonte electoral. 

Para una derecha que se califica de constitucionalista de manera excluyente, tal horizonte debería hacerla reflexionar. Si ese es el peso electoral del constitucionalismo en Catalunya (y en el País Vasco, en donde la aplicación del 155 tuvo un impacto electoral todavía mayor que en Catalunya), resulta difícil de entender que con ese tamaño en ambas “nacionalidades” dicho constitucionalismo considere que puede ser portador de un proyecto de dirección del Estado. 

Aunque los tres partidos de la derecha española parecen interesados en considerar las elecciones del 14-F exclusivamente desde esta perspectiva, al día siguiente de conocerse los resultados tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que los mismos representan para la derecha española en lo que al presente y al futuro de la dirección política del país se refiere. 

Con ese peso electoral en Catalunya y País Vasco la Constitución en manos de la derecha no puede ser aplicada sin el recurso a la represión. No cabe una interpretación democrática de la misma. El compromiso entre el principio de unidad política del Estado y el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones” que integran España, que  fue el núcleo esencial del pacto constituyente relativo a la Constitución territorial, exige que se compita electoralmente en “todos” los territorios, es decir, también en las “nacionalidades” y no que se concurra simplemente a las elecciones que se convocan en estas últimas, no para competir en ellas, sino para dilucidar quien queda primero en el interior de la derecha, con la finalidad de poder competir de verdad en el resto del Estado. E intentar con la victoria en el resto del Estado ocupar el Gobierno de la Nación. 

Esa manera de proceder conduce inevitablemente al autoritarismo en el ejercicio del poder, en el caso de llegar a conseguirlo. Por eso el 155 fue el programa electoral de las tres derechas en 2019. La reducción de su presencia electoral les conduce a no poder aceptar siquiera el ejercicio del derecho a la autonomía. El origen de esta deriva está en el Gobierno de José María Aznar después de la mayoría absoluta del año 2000. Mariano Rajoy la continuaría en los años de oposición recurriendo al Tribunal Constitucional y la impondría de manera brutal desde su llegada al poder en 2011. 

Dicha deriva desvirtuadora del compromiso constituyente entre principio de unidad y derecho a la autonomía, ha conducido a reducir la presencia de la derecha española en las “nacionalidades”. No solamente de la derecha, ya que también la izquierda se ha visto afectada, pero de manera muy especial de la derecha. De ahí deriva el rechazo radical del PP como partido de gobierno desde la aplicación del 155, que se expresó de forma implícita en el resultado de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, para hacerlo de manera expresa en la moción de censura de 2018 y en las elecciones generales de 2019. 

La reducción de la presencia electoral de la derecha española en Catalunya y País Vasco es el resultado de su pretensión de apropiarse en exclusiva de la Constitución y de desvirtuar el pacto sobre la Constitución Territorial que se alcanzó en 1978. Sin el concurso del Tribunal Constitucional tal pretensión no hubiera podido hacerse realidad. 

La situación en la que nos encontramos es en buena medida consecuencia de esa apropiación en exclusiva de la Constitución por el PP con el concurso del Tribunal Constitucional, primero, y de la Fiscalía General, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, después. Ese camino conduce inexorablemente a la insignificancia política de la derecha española en Catalunya y País Vasco y a que el autoritarismo sea la única respuesta para ambas nacionalidades. 

Tengo la impresión de que el resultado del 14 F va a apuntar en esa dirección.