El mundo al revés

Estoy completamente convencido de que don Juan Carlos considera no que está cometiendo un error ahora por no dar explicaciones de su conducta a lo largo de su reinado, calificada jurídicamente de manera impecable por el Ministerio Fiscal en los dos decretos en los que se pronunció sobre la misma, sino que, cuando cometió el error, fue cuando pidió perdón tras el incidente de la caza del elefante, del que el lector sin duda se acuerda. 

En la tradición de la monarquía española el Rey no pedía perdón nunca. Y con esa tradición es con la que conecta Juan Carlos, que no se nos debe olvidar que juró las Leyes Fundamentales del Régimen del general Franco, pero no juró nunca la Constitución española de 1978. La propia fórmula de la promulgación de la Constitución pone de manifiesto que el Rey que la promulga lo hace desde arriba, no considerándose sometido a ella. Resulta curioso que la fórmula de la promulgación que figura en el BOE no es reproducida en las colecciones de Normas Políticas que usan los alumnos. Véase, por ejemplo, la edición de las Normas Políticas de Luis Aguiar de Luque y Pablo Pérez Tremps en la editorial Tecnos. No tengo la menor duda de las convicciones democráticas de ambos profesores, uno de los cuales falleció hace poco. Por eso mismo, sorprende que no se considere importante incluir la fórmula de la promulgación en una edición claramente dirigida a los alumnos. Un indicador de lo que fue el proceso constituyente de la Transición se les oculta a los alumnos, en lugar de llamar la atención sobre el mismo. Estoy seguro que no es una maniobra de ocultación deliberada, sino que entra en la forma en que se ha aceptado la presentación de la restauración de la monarquía como Transición a la democracia. Lo que se hizo en 1978 no fue una restauración monárquica acompañada del mínimo de democracia indispensable a finales del siglo XX, sino la recuperación de la democracia gracias a la institución monárquica. Gracias a la monarquía, España está constituida democráticamente. Ese es el mensaje que se ha transmitido a lo largo de estos últimos decenios.

La monarquía restaurada por el general Franco inicia, en consecuencia, su andadura como monarquía parlamentaria subrayando que ha sido el Rey el que toma nota de que el texto ha sido aprobado por las Cortes y ratificado por el pueblo español en referéndum, para ponerlo en conocimiento general a fin de que sea obedecida. La Constitución va con los demás, pero no con el rey Juan Carlos I de Borbón. Por eso, no se ve obligado a jurarla.

Así se hizo la Restauración y en ese punto se quedó el rey Juan Carlos. Con la aceptación implícita de la mayoría de la sociedad española durante varios decenios y, especialmente, de todos los medios de comunicación. Aunque en la Constitución la legitimación democrática figura en el artículo 1.2 y la Monarquía parlamentaria en el 1. 3, en la práctica es el 1.3 el que pasa por encima del 1.2. 

Todavía no se han atrevido ni las Cortes Generales ni el Gobierno a exigir al Rey que dé explicación de su conducta, por muy irregular que haya sido. El resultado salta a la vista. Juan Carlos ha decidido que puede hacer lo que le dé la gana y responde con carcajadas a la solicitud de que dé explicaciones por su conducta.

En realidad, reacciona como la persona agraviada, a la que no se le agradece lo que ha hecho por el país y por los ciudadanos. En lugar de darme las gracias, se me piden explicaciones. Hasta aquí podíamos llegar. A la película que hemos asistido esta semana le queda todavía mucho recorrido. 

Las Cortes y el Gobierno parecen considerar que estamos ante un tema familiar, ante un asunto privado, en el que únicamente el padre Juan Carlos y el hijo Felipe tienen que decidir lo que les parezca pertinente. Me temo que este enfoque “privatista” nos acabará estallando en la cara. Tal vez más pronto que tarde.