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La realidad es testaruda

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, en el debate a la totalidad de los Presupuestos

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Sin la CUP no hay mayoría de investidura. Con la CUP no hay mayoría de gobierno. Tras la celebración del referéndum, disfrazado de “consulta participativa”, el 9 de noviembre de 2014, Artur Mas disolvió el Parlament y convocó elecciones en 2015. Si con los resultados de las elecciones celebradas en 2012 Convergència y ERC dispusieron de una mayoría de 71 escaños que les permitió volver a investir a Artur Mas como President y formar gobierno a continuación, con los resultados de las elecciones de 2015 el nacionalismo catalán únicamente tenía mayoría con los escaños de la CUP. JxC consiguió 62 escaños, los mismos que consiguió CIU en 2010 y 9 menos de los que sumaron Convergència y ERC en 2012. Sin los escaños de la CUP no era posible la investidura de un candidato nacionalista como president de la Generalitat.

El precio que puso la CUP a su participación en la mayoría de investidura fue muy alto, ya que vetó la candidatura de Artur Mas. Su veto estuvo a punto de provocar la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones. El mismo día en que se cumplía el plazo de los dos meses desde el primer intento de investidura, Artur Mas renunció a ser candidato, siendo sustituido por Carles Puigdemont, que había figurado como número 4 en la lista de JxC en la provincia de Girona.

Para el nacionalismo catalán fue una operación desastrosa. La devaluación de Artur Mas de President a simple diputado del Parlament facilitó su condena por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre de 2014. El Ministerio Fiscal y el TSJC se habían resistido a procesar a Artur Mas y tuvo que ser el Fiscal General del Estado, Torres Dulce, el que impusiera su procesamiento. De haber sido investido Artur Mas President de la Generalitat, no estaba nada claro que se hubiera producido una condena. Una vez devaluado por los propios diputados nacionalistas como consecuencia del veto de la CUP, la sentencia estaba dictada. Jurídicamente fue el TSJC el que condenó a Artur Mas. Políticamente fue la CUP.

Pero la CUP no se dio por satisfecha con el precio cobrado en la investidura. En el mes de junio vetó la aprobación de los Presupuestos presentados por el Govern presidido por Carles Puigdemont y defendidos ante el Parlament por Oriol Junqueras. El desbarajuste que se produjo fue enorme, llegándose a contemplar muy seriamente la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones. Carles Puigdemont salvaría la situación con el anuncio de la presentación de una cuestión de confianza en el mes de septiembre, cuando se reanudara la actividad parlamentaria. En esas condiciones tuvo que avanzar el Gobierno nacionalista hacia la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017. Obviamente no eran las mejores para una operación de tanta envergadura.

En las elecciones de 2021 los votos obtenidos por la CUP han permitido que por primera vez los partidos nacionalistas hayan pasado la barrera del 50% de los sufragios. 52% ha sido la suma de los votos de todas las candidaturas. Aunque hay que añadir que ese porcentaje se consiguió en unas elecciones con una participación muy baja. En porcentaje del censo electoral los votos obtenidos por las candidaturas nacionalistas en 2021 es inferior al obtenido en  las elecciones anteriores de 2015 y 2017.

La CUP no se ha comportado con el candidato de ERC, Pere Aragonés, de la misma forma que lo hizo con el candidato del espacio convergente en la investidura, pero sí lo ha hecho en lo que respecta a la acción de gobierno. Ha vuelto a vetar los Presupuestos presentados por el Govern como lo hizo en 2016, confirmando que ese 52% es un espejismo que se desvanece al contacto con la realidad.

Con los votos de la CUP se puede a duras penas alcanzar la investidura, pero no se puede gobernar. Y no porque la CUP juegue sucio, sino porque lo que no puede ser no puede ser. El nacionalismo catalán ha demostrado por activa y por pasiva que su heterogeneidad es extraordinaria. Tiene una gran resiliencia frente a los intentos de hacerlo desaparecer, pero no es capaz de poner en práctica un programa de gobierno. La idea de Catalunya del espacio convergente, de ERC y de la CUP es muy distinta. 

Ese es el talón de Aquiles del nacionalismo catalán. Si no es capaz a través del proceso electoral ordinario construir un proyecto de dirección política para Catalunya con posibilidad de imponerse de manera estable, ¿cómo puede pretender construir un proyecto de Estado independiente?   

La realidad es testaruda. Los partidos nacionalistas no tienen mayoría de gobierno ni en la Generalitat, ni en las diputaciones provinciales, ni en la mayoría de los municipios con mayor número de habitantes. Las mayorías de gobierno en Catalunya son, por lo general, mayorías “mestizas”. Todo lo contrario de lo que exige un proceso de independencia, como el que propone el nacionalismo catalán. Es a través de una mayoría de este tipo, con la colaboración de los Comunes,  como se va a poder evitar que se tenga que dar por concluida la legislatura.  

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