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Sentido y futuro de la Audiencia Nacional

Mucho se ha discutido sobre el origen y el sentido de la Audiencia Nacional. También se debate sobre cuál será su futuro. Este artículo pretende dar una visión muy personal sobre un tribunal altamente discutido en España. Aunque no sé si lo conseguiré, intentaré presentar al lector mi opinión.

La Audiencia Nacional fue creada por Real Decreto Ley de fecha 4 de enero de 1977 y justo en este tiempo se suprimía el temido Tribunal de Orden Público (TOP), que estuvo -hasta esas fechas- encargándose de los llamados delitos políticos durante la dictadura de Franco. Por ello, muchos autores han entendido que en realidad la Audiencia Nacional era la que reemplazaba al TOP.

El legislador se preocupó entonces muy mucho de dotar a este nuevo tribunal de elementos que reflejaran su modernidad y su legalidad; sobre todo por los delitos que se le encomendaban: fundamentalmente, los de terrorismo.

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Universidad española: no es excelencia, es precariedad

Excelencia es la palabra últimamente más escuchada en los rectorados de las universidades públicas españolas. Precariedad es la realidad tristemente sufrida en sus campus por su personal, tanto de administración y servicios (PAS) como docente e investigador (PDI). Aunque pueda parecer extraño, ambos conceptos guardan relación, debido fundamentalmente a la forma como se interpreta el concepto "excelencia" por los responsables universitarios.

En efecto, en boca tanto del ministro Wert como de no pocos rectores, la excelencia se asocia –entre otras cosas– con una particular política de profesorado consistente en aumentar las figuras laborales temporales y evitar tanto la contratación indefinida como la funcionarización de docentes e investigadores que han completado con éxito su periodo de formación. Antes de nada, conviene recordar el origen de estas políticas, dado que no han surgido de un día para otro.

En 2001, bajo el Gobierno del Partido Popular, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), fuertemente contestada por la comunidad universitaria. A pesar de declarar su oposición a esta norma desde su propia tramitación, cuando el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, optó por mantener en vigor la ley y su espíritu. Tan sólo se realizaron algunas reformas en 2007, que en nada afectaron a la forma de contratación del profesorado universitario (sí lo hicieron, sobre todo, a la gobernanza de las universidades y al acceso a la carrera funcionarial).

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La reforma laboral y el Tribunal Constitucional

El Partido Popular ha hecho de la reforma laboral, desarrollada en fases sucesivas desde 2002 hasta su último hito normativo, el Real Decreto-Ley 16/2013, un elemento central de su modelo de política laboral y de gobernanza de lo social. Por eso le era muy importante garantizar que ese edificio normativo no fuera modificado ni puesto en cuestión. Ha abolido el diálogo social con los sindicatos como forma tosca de impedir cualquier negociación de los efectos de la reforma y se muestra extremadamente crítico ante los múltiples ejemplos de control judicial que mantiene ciertas garantías en el empleo de los trabajadores y de las trabajadoras contra los objetivos pretendidos por la norma.

Una preocupación importante en esta línea ha sido la de asegurar que la reforma no pudiera ser declarada inconstitucional en alguna de sus partes, como pretende un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) y aún no resuelto.

Pero el texto legal del Gobierno ha planteado también dudas de constitucionalidad a los jueces. Uno de ellos, de hecho, ha planteado al TC la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2012 al entender que se trataba de una norma no amparada por las situaciones de urgente necesidad y que dañaba derechos fundamentales. El precedente de una sentencia del Tribunal (la STC 68/2007), que declaró inconstitucional por estos motivos el Real Decreto-Ley 5/2002 de la reforma laboral del gobierno Aznar, permitía pensar que esta doctrina se iba a mantener.

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¿Restringir la justicia universal? No, cinismo legislativo

En un alarde de fingida pulcritud normativa, la proposición de ley orgánica que modifica la justicia universal pretende pulir la competencia de los tribunales penales españoles sobre el argumento de que “la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice”.

Sin tratado no hay jurisdicción, sería el lema. Así las cosas, casi habrá que agradecer que se hayan dejado los más graves crímenes internacionales dentro del ámbito de competencia de los tribunales penales españoles, teniendo en cuenta que los aspectos jurisdiccionales respecto de los mismos se regulan principalmente a través de la costumbre internacional y no hay, por tanto, tratado alguno que copiar.

Legislar al pie de la letra es, efectivamente, la tónica general en relación con la persecución y enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos. Así ocurre con prácticas atroces como la tortura o las desapariciones forzadas: ni una concesión más allá de las obligaciones convencionales asumidas conforme a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

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Venezuela, del proceso democrático a la desestabilización

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En 1998, Venezuela –un país petrolero por excelencia, aliado natural de Estados Unidos, cuyos gobernantes respondían a un acuerdo bipartidista entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, liderados por figuras carismáticas desde 1958– sufría un terremoto político. Entraba en escena un militar cuya popularidad devenía del frustrado golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.

Se trataba del comandante Hugo Chávez Frías, detenido, juzgado, encarcelado y amnistiado el 26 de marzo de 1994. Desde su puesta en libertad, fue gestando una alternativa popular en los extramuros del sistema: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Aunó voluntades y luchó –hasta conseguirlo– por cambiar la imagen de ser un "golpista-gorila".

Sus actos venían precedidos de un gran apoyo popular y, sobre todo, de un liderazgo carismático. El 2 de febrero de 1999 prestó por primera vez juramento como presidente ante el Congreso Pleno, y sus palabras fueron contundentes: "Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre esta moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias para que la república nueva haga una Carta Magna adecuada a los tiempos".

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¿Verificar a los verificadores?

Con absoluta independencia de la categorización o calificación que se le quiera dar al conflicto vasco, lo que resulta innegable es la necesidad de solucionar un problema que se viene arrastrando no sólo por décadas sino, peor aún, por generaciones; solucionar este conflicto implica, guste o no, la búsqueda de caminos que permitan llevar a las partes a un punto concreto en el cual todos admitan la finalización del mismo y siendo innegable que nadie, absolutamente nadie, alcanzará la totalidad de sus objetivos y ello porque de conseguirse lo que no se lograría es la propia solución del problema.

Partiendo de esta premisa, y de otra no menor como es la propia existencia de ETA con todo lo que ello implica, al ser una organización que ha actuado por la vía armada, la búsqueda y consecución de una solución definitiva conlleva que todos los implicados deban acudir a medios, sistemas y métodos que garanticen que el final del conflicto o del problema sea de carácter definitivo y, para ello, nada mejor que seguir caminos ya contrastados en otros conflictos y que han dado resultados aceptados, también de forma definitiva, por las partes litigiosas.

El conflicto vasco no iba a ser la excepción y quienes están buscando ese fin definitivo no sólo de la violencia sino, especialmente, del propio conflicto, han acudido a mecanismos que internacionalmente se aceptan como válidos, seguros y aseguradores de una salida definitiva para ambas partes. Se trata de la utilización e implementación de mecanismos internacionalmente contrastados en conflictos similares o de parecidas características.

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Ceuta y la Frontera Sur

Hace poco más de un lustro, un grupo de activistas e investigadores publicó en la editorial Virus un libro demoledor, titulado Frontera Sur. El trabajo comenzaba recordando algo elemental. Que las fronteras no son instituciones naturales ni políticamente neutrales. Que son creaciones convencionales que varían en el tiempo. Y que no afectan a todos por igual. Para el rico de un país rico, la frontera no suele ser más que una formalidad superable con la simple exhibición de un pasaporte. Para el pobre de un país pobre, en cambio, la frontera aparece como un obstáculo en el que puede dejarse la vida. O como una experiencia, en todo caso, que lo acompañará como su sombra, que determinará su vida cotidiana y su relación con la ley, los tribunales, la administración y la policía.

Cuando la Unión Europea procedió a su ampliación, lo hizo bajo la promesa de la apertura de las fronteras interiores. Esa apertura nunca fue plena. Y tuvo lugar a cambio de una contrapartida: la bunquerización de las fronteras exteriores. La libre circulación de capitales y de mercancías exigía cerrar el paso a las multitudes empobrecidas del Sur y del Este. Eso, o dejarlas entrar con cuentagotas, adaptando los flujos migratorios a las necesidades de un mercado de trabajo precarizado y discriminatorio indispensable para mantener la “prosperidad” del Norte.

La Unión Europea y los Estados guardianes de la frontera sur -Italia, España, Grecia- han tenido un papel central en esta política. Para ello, han desplegado legislaciones de control cada vez más autoritarias y reñidas con las exigencias garantistas más elementales. Esas medidas no solo afectan a las fronteras exteriores. Crean, en realidad, múltiples fronteras. Espacios de restricción de derechos, dentro y fuera de los Estados, que a menudo operan de manera opaca, sin controles, e incluso como espacios de muerte.

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La PAH ya ha ganado

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Este sábado 22 de febrero se celebrará en Barcelona la asamblea estatal de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que se esperan unas 400 personas. Tras la asamblea, celebraremos el 5º aniversario de la PAH. A la cita están convocadas las más de 200 PAH hoy existentes y, aunque por motivos económicos no todas podrán acudir, de un modo u otro todas estarán presentes.

Más de 1.000 desahucios parados. Se dice rápido. Más de 1.000 personas realojadas por la Obra Social de La PAH. Miles de daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales conseguidos en estos años, conquistados con gran esfuerzo, batallando caso a caso, semana tras semana, gracias a miles de heroínas y héroes anónimos que se dejan la piel en este movimiento.

Da vértigo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado: cosas que hace 5 años nos decían que eran imposibles. El respaldo de la opinión pública. Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que recogió un millón y medio de firmas. El apoyo de los jueces, del Parlamento Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa internacional, desde el New York Times o la BBC hasta Al Jazeera, pasando por Japón, Rusia o Finlandia.

Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. A pesar de todas las “pequeñas grandes victorias” de las PAH, aún no hemos logrado cambiar la ley en el sentido de los mínimos recogidos en la ILP. Pese a llevar ya acumuladas 500.000 mil ejecuciones hipotecarias, siguen aumentando los desahucios, con una banca rescatada y sobreprotegida por los poderes públicos.

El sistema es estructuralmente corrupto y la puerta giratoria entre los ministerios y los consejos de administración no ha dejado de funcionar, a costa de aumentar la desigualdad y los recortes en servicios básicos. El robo y el expolio se han instalado oficialmente en nuestras administraciones, bajo la forma contemporánea de la esclavitud llamada “deuda”.

Eppur si muove
. Aunque pueda sonar a provocación, o a ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que la PAH ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la versión oficial que nos condenaba a la soledad, al miedo y a la fatalidad. Una sociedad deprimida y culpabilizada no se moviliza, y eso el poder lo sabe. Por eso nos repetían todo el día grandes mentiras como que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “tenemos lo que nos merecemos”, “hay políticos corruptos porque en este país ya se sabe que todo el que puede roba”, o el clásico “no hay alternativa”.

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Sufragios, cooperación e inteligencia

Pierre Bourdieu

Afirmaba Pierre Bourdieu que a la teología neoliberal, al fin y al cabo una forma de fundamentalismo utópico, hay que oponer lo que Ernst Bloch denominaba «utopía reflexiva». Ante todo, esta postura exige una toma de conciencia de las posibilidades reales de la sociedad que se pretende transformar. Requiere también rechazar el fatalismo que confía en que las contradicciones del mundo bastan por sí mismas para cambiarlo. E implica igualmente repudiar el «activismo por el activismo, puro voluntarismo basado en un exceso de optimismo». Ponerse al servicio de este «utopismo racional», huyendo de toda claudicación ante la hegemonía conservadora e investigando, con los aperos de las ciencias sociales, lo que las sociedades pueden ir dando de sí para su evolución en sentido anticapitalista, tales habrían de ser, según Bourdieu, los deberes del intelectual crítico.

Sus observaciones sirven asimismo para señalar los retos y los riesgos a los que se enfrenta la izquierda transformadora. Combatir el integrismo liberal, ya plenamente infiltrado en las instituciones políticas y paulatinamente presente en la cultura popular, requiere ponderar con exactitud cuáles pueden ser las estrategias para el cambio, sin incurrir en el derrotismo descreído pero sin caer tampoco en un voluntarismo irrealista.

¿Cuál es el modo de conjurar ambos peligros?

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Un paso más en la deriva de la Fiscalía: el 'caso Valdeluz Agustinos'

El fiscal jefe superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix Blázquez, acaba de realizar unas declaraciones acerca de la no obligación de denunciar por su parte aquellos casos que atentan contra la libertad sexual de menores y en los que los padres del menor deciden no iniciar acciones legales.

Estas declaraciones se enmarcan en el hecho de que el Instituto Madrileño de la Familia y del Menor, a través del Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual de Madrid (CIASI), estaba conociendo y tratando el caso de una menor de 17 años, quien manifestó allí haber sido víctima de presuntos abusos sexuales por parte de uno de sus profesores.

De 2007 a 2008, este órgano de protección del menor de la Comunidad de Madrid estuvo realizando el seguimiento del caso, hasta que concluyó que lo relatado por la menor era verosímil y recomendó a los padres de la niña que lo denunciaran. Los padres nunca lo hicieron.

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