El espionaje político y la tesis del 'tragar sapos' como automordaza estratégica

El pasado martes, varios periódicos anunciaban que, en 2019, los teléfonos de Roger Torrent, President del Parlament, la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y otros representantes políticos catalanes habían sido pinchados con un programa de espionaje disponible solo para gobiernos. Otra más de las tantas vulneraciones derechos denunciadas, en este caso por los afectados, que, seguramente, quedará impune. Frente a las denuncias, el PSOE cierra filas con el CNI y Unidas Podemos (UP) se limita a poner un tweet y esperar que amaine la tormenta sin hacer mucho ruido, para seguir como si no hubiera pasado nada.

En la literatura política hay autores que afirman que evitar tratar ciertos temas controvertidos de manera pública es condición necesaria para conseguir logros políticos. Las automordazas estratégicas no son nada nuevo. A lo largo de la historia, ha sido común que los parlamentos prohíban el debate sobre cuestiones delicadas. En los primeros momentos del senado y la cámara de los Estados Unidos se empleaba la técnica parlamentaria llamada “la cuestión previa” para evitar discusiones o decisiones indeseables. En 1836 se aprobó en el Congreso norteamericano una regla mordaza que afirmaba que no podía tratarse en la Cámara el tema de la esclavitud. El propio presidente Jackson afirmó, en palabras de biógrafo, que “toda discusión en el Congreso acerca de la cuestión de la esclavitud era, en última instancia, antidemocrática”, ya que limitaba la capacidad de la legislatura para afrontar otros asuntos de gran importancia y ponía en peligro la conservación de la República. En resumen, ha sido usual escuchar que evitar ventilar públicamente determinados temas moralmente reprobables puede ser provechoso para conseguir otros fines políticos.

El acceso de UP a un Gobierno de coalición implica, también, gestionar autocensuras estratégicas. En España, el interior del aparato de Estado está lleno de episodios moralmente reprobables (corrupción, terrorismo de estado, torturas y montajes policiales, violación de derechos humanos, una cúpula judicial parcializada, etc.). El hecho de que UP quiera evitar ventilar y enfrentar públicamente muchos de estos asuntos es algo que, desde afuera, puede verse como reprochable y cobarde, sin embargo, desde dentro, esquivar determinados conflictos, afirman algunos, puede servir para lograr otros objetivos estratégicos.

La apuesta por la automordaza estratégica ha sido frecuente en la historia reciente de la izquierda política y sindical española mayoritaria desde la transición. Después de la muerte de Franco, ésta formó parte de un pacto de silencio, amnesia y suspensión de la memoria en la que cualquier intento de sacar a la luz el recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo era acusado de deslealtad a la Constitución y convertido en tabú. Hoy, 40 años más tarde, UP se abstuvo en la votación de la Ley mordaza digital, evita tratar el tema del incremento por parte del Gobierno de los contratos de venta de armas a Arabia Saudí durante 2019, o tras la publicación del documento de la CIA donde se dice que Felipe González acordó la creación del GAL, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, afirmaba que “no hay que darle mayor importancia” y que “no van a dejar que nada los distraiga de poner en marcha el escudo social y relanzar la economía social”.

Como digo, limitarse a criticar, desde afuera, esta autocensura de UP no solo es muy fácil sino que, tampoco, creo que aporte nada, por eso no lo voy a hacer. La pregunta que sí considero interesante formular y que sí abre un debate, no con voluntad de crítica sino de intercambio, es: ¿Puede considerarse, pensando desde dentro del Gobierno, que estas automordazas son estratégicas o útiles para las mayorías sociales del país?

Mi posición es que depende. Las autocensuras de la izquierda podrían llegar a tener sentido si fueran fruto de un compromiso mutuo entre partes. Es decir, cuando a cambio de tu silencio sobre determinados comportamientos mantenidos hasta este momento, la otra parte, el bloque de poder del régimen (cúpula judicial, monarquía, derecha política, ejército, iglesia, guardia civil, policía, etc.), adoptara, a la vez, un compromiso firme con la garantía de una institucionalidad y un sistema de relaciones políticas plenamente democráticos, en el marco de la cual se asegurara el pleno respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir de los pueblos del Estado, como Reino Unido hizo con Escocia o Canadá con Quebec.

Sin embargo, en España, la automordaza de la izquierda no se da dentro de ningún compromiso mutuo. A pesar de lo silencios, el bloque de poder del régimen continúa desplegando en el interior de los aparatos de Estado su corrupción, violación de derechos y su cultura política facistoide con total impunidad. La monarquía, la guardia civil, la cúpula judicial, el CNI, la derecha política, etc. siguen utilizando, impunemente, las instituciones básicas del Estado, unos para enriquecerse y otros para la persecución política de la disidencia. De la misma manera que siguen sin aceptar el pluralismo político y viendo a los que no piensan como ellos no como un “adversario” de legítima existencia y al que se debe tolerar, sino como “enemigo” a abatir y eliminar no por lo que hace sino por lo que es. Cuando a los jóvenes de Altsasu se les acusa de terrorismo por una pelea de bar y se les encierra en una cárcel, no se los condena por lo que han hecho sino por lo que son. Lo mismo que a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez o Pablo Hasel. Asimismo, cuando la portavoz del PP en el Congreso, Álvarez de Toledo, sale al atril a atacar al Vicepresidente Pablo Iglesias no lo ataca por lo que hace sino, literalmente, por ser quien es, el hijo de un exmilitante comunista que para ella solo puede ser “un terrorista”.

Creer que “tragar sapos” en el interior de un Estado facistizado es estratégicamente adecuado para mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales es, a mi entender, un error. Entre otras cosas, porqué es creer que la facistización del Estado y las condiciones de vida de su población son departamentos estancos, autónomos, que van por separado y no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando, en realidad, es todo lo contrario, ambos elementos están estrechamente conectados. No tiene sentido pretender injertar leyes y medidas políticas progresistas en un cuerpo institucional estatal tutelado y controlado por fuerzas reaccionarias, neoliberales y ultranacionalistas que vulneran derechos de manera impune. En este contexto, tus medidas progresistas solo pueden devenir en injertos fallidos. El desarrollo cuantitativo y cualitativo de políticas sociales en favor de las clases populares, solo se puede dar explotando las condiciones que le propicia una institucionalidad estatal plenamente democrática. Resulta difícil decir que estas se puedan desplegar al margen de un modelo facistizado que no sea plenamente democrático.

En resumen, no sé si se trata de una mordaza autoimpuesta autónomamente por UP por razones estratégicas calculadas o de una mordaza impuesta por el bloque de poder del régimen y que UP acata, conscientes de que por su debilidad en el entramado gubernamental pueden ser expulsados del mismo si molestan mucho. Pero, en cualquier caso, mirar constantemente hacia el otro lado, como si no fueran parte del Gobierno, cada vez que sale una nueva vulneración manifiesta de derechos proveniente de la estructura de poder autoritaria incrustada en el Estado, no tiene nada de estratégico si lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales del país. Y con ello, tampoco quiero cargar toda la responsabilidad en UP, los movimientos sociales y los ciudadanos en general también somos responsables de que determinados temas se borren o no de la agenda pública y la acción de gobierno.