La petición de nuevas explotaciones mineras enfrenta a los ecologistas con la gestión del Principado

La petición de nuevos procesos de investigación para detectar la riqueza mineral que guarda el suelo de Asturias está enfrentando a los ecologistas con el organismo autonómico responsable de las autorizaciones, en este caso de la consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado.

La Coordinadora Ecologista de Asturias considera que los proyectos presentados “no cumplen con los contenidos mínimos establecidos por la legislación”. No se concreta la actividad, ni la cantidad, ni la ubicación donde se van a realizar los sondeos; no hay un estudio económico de financiación ni se ofrecen garantías sobre su viabilidad; no se valora la posible contaminación de los acuíferos.

En el inventario ambiental, no existe ni se recoge adecuadamente la afección a aguas subterráneas y tampoco cuenta con el informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado, descartando el riesgo que pueden correr los yacimientos arqueológicos catalogados.

Para la administración autonómica, la versión que ofrece la organización ecologista no es acertada ni se ajusta a la realidad, una vez que los permisos que se solicitan no son de explotación, sino para la fase de investigación, que no exige un documento medioambiental exhaustivo, sino en base a una serie de principios generales. “Cuando se solicita un permiso de investigación no se sabe si hay interés de explotación minero. Primero hay que conocer los recursos y si se pueden explotar de acuerdo con la cantidad y la calidad”, dice el director general de Minería y Energía, Isaac Pola.

El ejecutivo asturiano ha sacado a información pública, antes de otorgar los permisos definitivos, dos procesos de investigación, ‘Azucena’ para buscar oro y wolframio, y el de ‘Ubiñas’ para buscar carbón. En sus escritos de alegaciones, la Coordinadora Ecologista no sólo solicita al Gobierno del Principado que deniegue los permisos para la realización de sondeos, “por las numerosas deficiencias en los documentos ambientales”, sino que “deje de ser un coladero para las actividades mineras”.

Los responsables autonómicos no están dispuestos a pasar por una acusación de este tipo, que consideran “una falta de respeto hacia la Administración” por parte de los ecologistas, porque “aquí se hacen las cosas de acuerdo con el procedimiento establecido”, en este caso la Ley de Minas. Para Isaac Pola, no se trata de “un proceso de opinión personal, de si nos gusta o no, sino que está reglado”.

Los permisos que solicitan estas compañías mineras suelen contemplar tres fases, una por cada año que dura el proceso de investigación. De ahí que, las autorizaciones se vayan tramitando y concretando, dependiendo de los posibles efectos sobre el medio, siempre y cuando “las empresas presenten los correspondientes planes laborales”, precisa el director general.

Pero, ¿cuál es la preocupación de los ecologistas asturianos ante los proyectos ‘Azucena’ y ‘Ubiñas’? Éste último, que abarca una extensión de 300 hectáreas, que está dentro del Parque Natural de las Ubiñas la Mesa, una zona de Interés Comunitario, de Especial Protección para las Aves y reserva de la Biosfera, “donde están prohibidas las actividades mineras de acuerdo al Plan Rector de Uso y Gestión, de ahí nuestra sorpresa a esta nueva tramitación minera”, argumenta el movimiento ecologista.

Además de ser una zona de uso restringido, “hay osos y urogallos, ambas especies protegidas, que se verán amenazadas por la actividad minera, por lo que no se entiende esta tramitación en una zona de tanto valor natural”, especifica la Coordinadora Ecologista.

En cuanto al proyecto ‘Azucena’, sospecha que detrás de la petición de investigar la existencia de wolframio -mineral que se está revalorizando tras la subida de precios de China- por parte de la empresa leonesa Sondeos y Estudios Mineros S.L, está la compañía canadiense Asturgold. La extensión a investigar es de 720 hectáreas y abarca un municipio completo y medio de otro en el occidente asturiano.

La administración reconoce que la empresa minera leonesa ha solicitado investigar la existencia de wolframio y los recursos minerales asociados a él, como oro, plata, cobre y estaño. “Es lógico que todo territorio trate de aprovechar sus recursos propios, nuestra obligación como administración es que se haga con orden y con optimización del impacto sobre el medio ambiente”, dice Isaac Pola.

Los ecologistas no están tan convencidos, ya que la primera explotación de Asturgold en Asturias, en la zona de Belmonte, no reportó tanto a las arcas del Principado ni al pueblo en cuestión, además de la afección que ha producido en el medio ambiente. Ahora, la empresa canadiense está pendiente del permiso de explotación de la mina de oro de Salave, considera una de las mayores reservas del occidente europeo.

Además de la Coordinadora Ecologista, la compañía Asturgold tiene en contra a la ‘Plataforma Oro No’, que en octubre pasado solicitó al Principado la paralización de este proyecto minero en la localidad de Tapia de Casariego, por incumplir la normativa minera, al igual que lo ha hecho la Xunta de Galicia en Corcoesto.

Para esta Plataforma, la decisión del ejecutivo gallego “pone de manifiesto la forma de actuar de estas empresas, que incumplen los requerimientos legales exigidos y muestran nula sensibilidad ante los peligros que entrañan explotaciones de estas características”, recoge el comunicado remitido a la Consejería de Economía.

En su escrito, solicitan al Principado que “tome ejemplo y paralice la tramitación del proyecto minero de Asturgold en Salave, por ser inviable financiera y técnicamente”. La petición de explotación sigue su curso y a la espera de que se presenten las alegaciones en el actual periodo de información pública, según reconoce el responsable autonómico.