La fiscal general ve de “enorme importancia” formar a los fiscales contra la piratería

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha transmitido hoy a representantes de la Coalición de Creadores que considera de “enorme importancia” continuar con la formación de los fiscales en la lucha contra la piratería y ha reafirmado su compromiso en esta protección a los autores.

“Siempre que hay un fiscal general nuevo nos reunimos con él para pedirle la creación de esta fiscalía especial. Las fiscalías especiales para cualquier ámbito de delito implican una mayor especialización de quien tiene que hacer la instrucción a nivel de los juzgados”, ha explicado a Efe Carlota Navarrete, la directora de la Coalición de Creadores, al término de esta reunión.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Estado, junto a Segarra ha estado también la fiscal delegada de Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Por parte de los creadores, junto a Navarrete han acudido, entre otros, Jorge Corrales, director del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) y Estela Artacho de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine).

Según Navarrete, Tejada se ocupa de los “delitos de ciberdelincuencia y tecnológicos”, un campo “tan amplio” que acoge desde el “phishing bancario” hasta las redes de pornografía infantil. “Por eso querríamos que quien se ocupe de nuestros delitos supiera más de piratería de contenidos”, ha matizado.

Según ha recordado la directora de la Coalición de Creadores, una fiscalía especializada ya estaba incluida en el Plan Cultura 20/20 del anterior gobierno del Partido Popular, así como en el programa electoral del partido socialista desde 2015.

Pero, según matiza, no dejarán de insistir a los políticos la necesidad de fiscales formados en propiedad intelectual para que, cuando exista un caso de delito contra los derechos de autor, “sepan qué es lo que tienen que hacer para ir más rápido”.

“Hay que ver esto como una inversión; si se invierte en esto, el Estado va a tener más ingresos”, ha concluido, no sin recordar que el Estado, en los últimos cinco años, ha “perdido” más de 3.000 millones de euros en ingresos por culpa de la piratería.