Podemos quiere más fondos para cultura y menos IVA

¿Un aumento presupuestario?

Podemos denuncia “el vaciamiento progresivo de las estructuras públicas y la cesión del espacio y de los presupuestos al mercado”, lo cual requiere, según el documento, el desarrollo “de un soporte legislativo y económico adecuado para la puesta en marcha de iniciativas públicas y privadas que garanticen la circulación y visibilidad del patrimonio y las nuevas creaciones culturales”. Esto implica, por defecto, el aumento de los presupuestos de cultura, que en los últimos tiempos han sido drásticamente recortados.

Ante esta evidencia, Pablo Iglesias Simón, del Círculo de Cultura, anticipa un “replanteamiento de cómo racionalizar ese presupuesto teniendo en cuenta el impulso por una cultura emancipada”, y Jazmín Beirak, también del Círculo de Cultura, apunta a una “redefinición presupuestaria, teniendo en cuenta que los proyectos deben generar beneficios y un retorno social”.

La reducción del IVA, pero ¿de cuánto?

Podemos apuesta “por el establecimiento de un IVA superreducido común a todos los productos y las manifestaciones culturales”, después de dos años en los que el gobierno lo ha subido espectacularmente. Ante la posibilidad de dar una cifra, se prefiere a esperar “y no hacer una subasta”, declara Pablo Iglesias Simón. Se apunta que se tratará de un IVA transversal, y que “hay que tener en cuenta también los impuestos directos e indirectos”.

Propiedad intelectual y derechos de autor

Podemos propone “modificar la legislación en materia de propiedad intelectual, a partir de un diálogo amplio con los sectores implicados y la ciudadanía, para adaptarla a las particularidades del mundo actual”, y “modificar el modelo, las formas y el ámbito de actuación de las sociedades de gestión de derechos de autor”. La apuesta parece ir directamente en relación con la última reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual. Jazmín Beirak alude a la falta de puesta al día de estas leyes: “No se pueden aplicar modelos analógicos al acceso cultural a través de las nuevas tecnologías”.

Ante la problemática de cómo lidiar con la remuneración de creadores y a la vez gestionar la piratería, Germán Cano, del Consejo Ciudadano, es más duro: “No se puede tildar de piratas a la gente que no ha podido acceder a la cultura de otra manera. Hablar de piratería es un concepto grosero para lo que hay en juego, especialmente cuando hay quien ha usado como bandera la propiedad intelectual para defender cotos privados.”

Gestión institucional con apoyo ciudadano

Hay un amplio apartado en el que se propone el establecimiento de “instituciones en las que la ciudadanía pueda participar en su gestión y evaluación” y que estas sean “autónomas e independientes del poder político”. Ante las posibles dudas que afloran de plantear algo que puede sonar utópico -instituciones con control estatal pero con independencia real-, Beirak asegura que “el control se establecerá precisamente a través de la pluralidad, para que no haya riesgo de consolidar redes clientelares, a través de instituciones diversas con participación ciudadana y sectores profesionales”.

El nivel de intervencionismo ciudadano se plantea para Germán Cano a partir de “una cultura que abandone el cortoplacismo y de fuerza a asociaciones vecinales, fomente las iniciativas populares y los consejos ciudadanos”. Su capacidad de intervención no está definida en el documento.

Transparencia pública y códigos de buenas prácticas

Se propone “equilibrar y controlar la externalización de los servicios culturales públicos para que no implique su privatización encubierta o mercantilización ni la precariedad de las y los profesionales de la cultura” y la “aplicación de códigos de buenas prácticas para la gestión de entidades culturales públicas, empresas públicas y fundaciones públicas de gestión privada”. Iglesias Simón propone que “estén en los estatutos de cada institución y sobre el que se pueda ejercer un control ciudadano”, pero no se define el grado de vinculación.

Intervencionismo en el panorama comunicativo

Quizás uno de sus puntos más polémicos puede llegar a ser el que se apunta con el establecimiento de “una política integral y transversal de la comunicación y de la cultura”. Se expresa la necesidad de “equilibrar el panorama de medios públicos y privados para evitar la presencia de grandes poderes financieros”, lo cual puede sonar a una futura ley de medios.

Germán Cano aclara que “no necesariamente hay que establecer una ley, pero nuestra posición es que los medios puedan ser cauces de participación e información democrática”. El documento también habla del papel primordial que tendrá un “Consejo Audiovisual, independiente de los gobiernos”. Las garantías de la independencia se basarán en la incorporación de profesionales y especialistas del sector. Ante la pregunta de si se tratará de un comité de expertos, Podemos sólo aclara que “implicará a todos los agentes posibles”.

Se explicita en el documento “el desarrollo de una visión sobre los servicios digitales e Internet basada en la neutralidad de la red, la lógica de los pares y el servicio público”, que, Germán Cano aclara, busca “regularizar la pluralidad al acceso a la información”. En la misma línea, el documento habla abiertamente del “desarrollo de un espacio definido en el espectro radioeléctrico que permita a las emisoras de radio y televisión comunitarias” la capacidad de ejercer labores comunicativas. Teniendo en cuenta que este espacio ya existen licencias libres en relación a la red wifi, surge la duda de si el modelo que plantea Podemos será regulado estatalmente o no. Iglesias Simón anticipa que estas licencias “no tiene que ser necesariamente estatales, y se inspirarán en los espacios públicos comunitarios”.