La Generalitat Valenciana rebaja las incompatibilidades de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para poder crearla

La Agencia de Seguridad Ferroviaria que el Consell prometió a las víctimas del accidente del metro tiene complicada su puesta en marcha esta legislatura. Desde que se aprobara la ley en marzo de 2018 se han conocido pocos movimientos en esta dirección y las previsiones del Ejecutivo autonómico no son optimistas.

Las enmiendas que los grupos parlamentarios presentaron a la norma, pionera en el Estado español, modificaban el sistema de elección del Consejo Rector que debe poner en marcha el ente. En aras de garantizar la independencia de los órganos de Gobierno, se acordó que tres de los cinco miembros fueran elegidos por las Corts Valencianes, a propuesta de los grupos parlamentarios y mediante propuestas suscritas por un mínimo de dos grupos, por mayoría de tres quintas partes.

Además, con la misma filosofía, en el artículo 14 de la norma se estableció que los miembros gozarían “de independencia e inamovilidad, siendo su cargo incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad, tanto pública como privada, que no sea la administración de su propio patrimonio. El cargo de vocal de la agencia será incompatible con el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y colegios profesionales”.

Sin entrar a valorar las intenciones con las que los grupos plantearon estas medidas, desde la Consellería de Infraestructuras las consideran “altamente restrictivas” y difíciles de asumir. De hecho, en siete meses no han encontrado candidatos que cumplan los requisitos y nada saben sobre si los diputados tienen candidato. El departamento de Maria José Salvador remitió un escrito a los parlamentarios del que no ha obtenido respuesta.

Dada la dificultad para encontrar expertos con este régimen de incompatibilidades, y con el tic-tac en marcha -la ley da un plazo de doce meses desde marzo para estar al día-, desde la consellería han decidido pasar al 'plan B' para no quedarse en un vacío legal. Lo harán a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, solicitando la modificación de dos artículos: de un lado, que la Dirección General de Transporte -la competente en esta materia- asuma las labores de la Agencia hasta que esté constituida; de otro, rebajando los requisitos para encontrar a quien se haga cargo.

La idea es que las incompatibilidades se reduzcan al “ejercicio de aquellas otras actividades, tanto públicas cómo privadas el ejercicio de las cuales pueda producir un conflicto de intereses con las funciones de la agencia”, además de que el cargo de vocal sea incompatible con “el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y colegios profesionales”.

El acuerdo del 19 de octubre publicado en el DOGV señala la eliminación de 700.000 euros de la partida destinada a la creación de este organismo independiente que debe velar y poner las condiciones de seguridad del sistema de transporte ferroviario. Señalan las mismas fuentes que las previsiones presupuestarias se pasan para el año siguiente, aunque con un recorte considerable: se queda en 200.000 euros, menos de un tercio de lo esperado para el año en que debía empezar a funcionar.

La ley y la agencia de seguridad fueron una de las demandas de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio durante una década. Antes de las elecciones, seis partidos se comprometieron a impulsarla (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Unida y UPyD) y con el Gobierno del Botánico la consellera de Infraestructuras, Maria José Salvador, asumió el compromiso. La ley llegó finalmente en marzo de 2018 y establece que debe remitir un Reglamento de Circulación Ferroviaria a la Generalitat para su aprobación.