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Denuncian que Conselleria quiere desahuaciar a una familia por una deuda de 2.800 euros

El diputado autonómico de Esquerra Unida Víctor Tormo junto a representantes de la PAH Castellón

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VALENCIA —

El diputado autonómico de Esquerra Unida Víctor Tormo, junto a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón han denunciado la situación de una familia de Almassora que según explican están “amenazados” de desahucio por la Generalitat Valenciana, “una familia compuesta por cuatro menores, una anciana discapacitada y un padre sin trabajo y con muy pocos recursos económicos”.

Tormo ha recriminado la conducta de la consellera de Territorio, Isabel Bonig, catalogándola como “más propia de un director de un banco que de un cargo público de la administración”. Así, ha recordado que el deber de la conselleria de Territorio y Vivienda es “garantizar el derecho a una vivienda digna a los valencianos, no tirarlos a la calle por no poder pagar la hipoteca”.

Así, explica Tormo que estamos ante una situación “tremendamente injusta, y lo peor de todo es que no estamos hablando de un banco, sino de la propia administración”, al tiempo que lamenta el “deplorable” estado del edificio, “completamente abandonado por el Consell, que ha dejado que poco a poco se convirtiera en una auténtica ruina y que tiene la intención de derribarlo en diciembre”.

EU exige el realojo de esta familia, “sería una auténtica barbaridad que después de estar pagando la hipoteca durante 14 años, de quedarse sin trabajo y no poder afrontar su pago, con una deuda de tan sólo 2.800 euros, la propia conselleria de Vivienda los dejara en la calle”.

Deuda con 50.000 familias

Tormo recuerda que la Generalitat debe 240 millones de euros en ayudas a la vivienda a 50.000 familias valencianas, “pero no puede tolerar que una familia tenga una deuda de 2.800 euros, no porque no quieran pagar, simplemente porque no pueden”, además de cargar contra la consellera Bonig.

De igual forma, el parlamentario autonómico asegura que tras este desahucio se encuentra una concepción “racista y clasista” de la realidad, “como se trata de una familia con muy pocos recursos y de origen magrebí, desde el gobierno han preferido la opción facil, echarlos de casa y desentenderse de ellos definitivamente en una actuación que sólo se puede definir como miseria moral”.

Preguntas a Bonig

A raíz de este caso, desde EU preguntarán a la consellera Bonig acerca del número de ejecuciones hipotecarias iniciadas por la Generalitat Valenciana en pisos de protección oficial, a cuántas ha desahuciado o están en proceso“.

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