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El Gobierno valenciano adjudica la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante a una empresa investigada por las mordidas de la F1 de Camps

La sociedad sevillana Ayesa forma parte de la causa del presunto amaño en el diseño del circuito urbano de Valencia

Fachada de los juzgados de Alicante, con grandes problemas de medios materiales.

Fachada de los juzgados de Alicante, con grandes problemas de medios materiales.

La Consellería de Justicia adjudica la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante a una empresa investigada en el caso Fórmula 1. La firma sevillana Ayesa, que recibirá una primera partida de 800.000 euros para diseñar el proyecto constructivo y la dirección de obra, está vinculada al caso de la Fórmula 1, investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por prevaricación, malversación y falsedad documental.

La firma sevillana está en la causa del presunto amaño del diseño del circuito urbano de carreras que acabó en millonarios sobrecostes que apuntan a la presunta financiación irregular del PP de Francisco Camps. La UTE de la que formaba parte con la firma Typsa se constituyó después de la adjudicación del contrato.

Un ingeniero de esta unión de empresas denunció ante los investigadores que empezó a trabajar en el diseño del circuito antes de que supieran que eran adjudicatarios del contrato para diseñar el circuito.

A la primera partida de 800.000 euros le seguirán cantidades plurianuales, previstas en los presupuestos de la Generalitat, hasta completar los 35 millones de la construcción. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, señaló que no quiere "escatimar en calidades" porque busca "un edificio del siglo XXI que pueda seguir creciendo" y, así, evitar "que el edificio nazca enfermo, como la Ciudad de la Justicia de València" 

La titular del departamento realizó estas declaraciones un día antes de firmar la adjudicación en una visita a las neuvas nuevas instalaciones de la fiscalía en el Palacio de Justicia de Benalúa, en las que se ha invertido 138.000 euros.  Este proyecto se ejecutó "por la vía de urgencia" por parte de la empresa Tragsa.

De esta manera, se han habilitado 17 despachos para los 15 fiscales que desarrollan su labor en esta sede judicial, y se ha incluido una sala multiusos tras duplicar la superficie disponible, que ha pasado de 490 a 1.200 metros cuadrados.

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