La Ley de Régimen Local amenaza a 25.000 empleados públicos en la Comunitat Valenciana
La Ley de Bases de Régimen Local que impulsa el Gobierno Central cuenta con la oposición de partidos y sindicatos, que consideran que el nuevo texto va a debilitar considerablemente a los pequeños ayuntamientos, que van a dejar de prestar servicios que hasta ahora vienen ofreciendo a sus vecinos. Esto podría afectar directamente a unos 25.000 empleos públicos en la Comunitat Valenciana, según advierten desde Comisiones Obreras.
Soledad Fernández, Secretaria de Acción Sindical de FSC-CCOO-PV, justificaba estas cifras recordando que con la nueva ley las mancomunidades “están en el aire”, y los pequeños ayuntamientos, menores de 5.000 habitantes, no van a poder gestionar servicios sociales, fomento de empleo, sanidad, educación... que pasarán a depender directamente de Diputaciones o Conselleria.
Además, se da la circunstancia de la el 85% de los municipios de la Comunitat Valenciana son de estas características, “muchos de ellos alejados de los grandes núcleos de población, razón por la cuál se han visto obligados a prestar estos servicios”, y añade Fernández que la ley no dice que ese personal pueda derivarse a otras administraciones, “por lo que existe un evidente riesgo de desaparición”.
De igual modo, Fernández también llama la atención a que esta reforma “abre una puerta a la privatización de muchos de estos servicios”, por lo que asegura que la situación es “tan alarmante como en Educación o Sanidad”.
Protestas
Esta semana, convocados por los sindicatos (CCOO, UGT y CSI-F) y con la participación de representantes de PSPV, EU y Compromís, se produjeron protestas en Alicante, Castellón y Valencia. Las denuncias se centran en que el proyecto de ley penaliza las prestaciones locales al pasar a financiación autonómica sin las dotaciones presupuestarias correspondientes, lo que “puede hacer muy restrictiva la prestación de servicios por parte de las comunidades autónomas”.
Las competencias de los Consistorios más pequeños, muchas de sus competencias podrían pasar a las Diputaciones, convirtiéndose en “administraciones tuteladas sin competencias, sin ningún peso político”.
Advierten que se pueden suprimir servicios tales como: atención a dependientes; asistencia de día a mayores; servicios educativos municipales de todo tipo; asistencia a mujeres víctimas de violencia de género; ayuda a domicilio y prestaciones de apoyo a la familia; prevención e inserción social; oficinas de información a los consumidores; orientación laboral y formación para el empleo; promoción económica; cultura; programas de infancia, de juventud, de la mujer, de tercera edad; inmigración, entre muchos otros.
Defensa de la ley
Desde el PP, por su parte, aseguran que con la nueva Ley se pone fin a uno de los problemas más graves que los ayuntamientos sufrían, como es tener que destinar una parte de sus presupuestos a atender competencias que no son de su competencia porque corresponden a otras administraciones.
