València en Comú aporta 2.500 euros para paralizar una ZAL asumida por sus socios de Compromís y PSPV
Las diferencias en el seno del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València formado por Compromís, PSPV y València en Comú en cuanto a la puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) son más que evidentes.
Mientras que Compromís y el PSPV han optado por el pragmatismo y, pese a no estar de acuerdo en cómo se gestó la infraestructura e incluso en su necesidad actual, la han asumido al entender que no sería sensato revertirla tras una inversión de 160 millones de euros, València en Comú se ha desmarcado en todo momento de sus socios y ha apostado por desmantelarla para reconvertirla en huerta y en un gran corredor verde.
Tanto es así, que la formación vinculada a Podemos ha decidido aportar 2.500 euros para financiar los gastos judiciales de la causa que pretende parar la ZAL en los tribunales.
Según ha informado la formación, esta aportación económica sale del excedente generado por la limitación salarial de sus representantes públicos: “desde la llegada a las instituciones de València en Comú, el partido aplica a sus cargos una limitación salarial para invertir en proyectos e iniciativas sociales transformadoras ese dinero”.
El partido morado ha recordado la moción que planteó en el último pleno municipal y que fue rechazada por sus socios de PSPV y Compromís.
En la misma se pedía aprobar una moratoria para el plan de la ZAL, al menos hasta que los juzgados resuelvan el recurso presentado por el colectivo Per l'Horta.
La moción no contó con el apoyo de ningún grupo político de los presentes en el Consistorio, pese a los antecedentes -en dos ocasiones anteriores los tribunales han paralizado un plan que lleva casi veinte años coleando- “y las promesas electorales de alguno de ellos”, han lamentado, en alusión a Compromís.
De hecho, en el caso de la coalición valencianista, la aceptación de su puesta en marcha ha causado dos bajas en el seno del partido.
Agrupada en torno a Horta es Futur-No a la Zal y Per l’Horta, vecinos y ecologistas aspiran a detener por tercera vez lo que consideran que es una injusticia y un grave error de planificación urbanística.
“La ciudadanía esperaba del Govern de la Nau mayor valentía en este asunto. Incluso algún partido que hoy apoya la ZAL llevaba en su programa electoral del 2015 paralizarla”, han linsistido desde València en Comú.
Además, han asegurado que “convertir la Punta en un corredor verde es una oportunidad para hacer de València una ciudad referente en Europa. La Autoridad Portuaria es una entidad pública y debería actuar actuar en pro del interés general, cediendo los terrenos de la Punta al Ayuntamiento para desarrollar un corredor verde que conecte el Parque Natural del Túria y l'Albufera”.
María Oliver, candidata de Podem a la alcaldía en las próximas elecciones, ha manifestado que “La Punta es una oportunidad única para mejorar nuestra ciudad. Todos, incluso la Autoridad Portuaria, saben que el lugar apropiado para la ZAL es Sagunto. No tenemos alternativa, sólo tenemos un planeta, tenemos que cuidarlo y la lucha contra el cambio climático en el ámbito local pasa por transformar el modelo de ciudad que estamos construyendo, no debemos seguir la senda del urbanismo depredador del PP”.
Por su parte, desde la Plataforma Horta és Futur no a la ZAL informaron recientemente de que ya han logrado recuadar 9.600 euros aportados por diferentes colectivos y particulares para financiar el proceso judicial, cumpliendo el mínimo necesario 10 días antes del plazo.
Para el colectivo, “queda así de manifiesto el apoyo de la ciudadanía para llevar adelante el recurso judicial contra el Pla Especial de la Zona de Actividades Logísticas proyectada por el Puerto de Valencia sobre La Punta”.
Aun así, no dan por finalizada la campaña, puesto que “el objetivo es llegar a la cantidad óptima de 15.000 euros, que además de cubrir los gastos del abogado financiará también las del equipo de técnicos expertos que redactarán los tres dictámenes periciales que ayudarán a conseguir la suspensión cautelar”.
