El futuro de l'Horta

“Hace unos años me planteé seriamente convertirme en agricultor. Mi familia tiene tierras en l'Horta y empecé a hacer cálculos para ver si podía ganarme la vida cultivándolas, pero me dí cuenta de que no era rentable y desistí”, asegura Jaume Chornet, un joven de 25 años de Pinedo. El caso de Jaume es un buen ejemplo de uno de los grandes problemas a los que se enfrenta l'Horta: la falta de rentabilidad económica de la actividad agrícola.

Por mucho que se proteja la Huerta de recalificaciones urbanísticas, la mayoría de los cultivos desaparecerán si los agricultores no pueden vivir de su trabajo. “La Huerta de Valencia no es solo un paisaje cultural que debe ser mantenido y protegido para ser visitado, si así fuera la huerta moriría en décadas, sería un parque temático urbano”, asegura Joan Romero, catedrático de Geografía de la UV. Para Romero la huerta valenciana solo puede ser sostenible en el tiempo si los agricultores mantienen una actividad y la agricultura está viva, y para ello es imprescindible que su actividad sea rentable.

“El principal problema al que se enfrenta l'Horta de Valencia y la agricultura valenciana en general tiene que ver con la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, y esta falta de rentabilidad se debe a los bajos precios que reciben los agricultores por sus productos”, asegura Vanessa Campos, doctora en Economía Social y profesora en la Facultad de Economía de la Universitat de València. “¿Por qué son tan bajos estos precios?, pues son tan bajos porque las grandes superficies, los principales compradores de producto agrario, tienen una posición dominante en el mercado, lo cual se traduce en un poder de negociación muy elevado que impone precios bajos a los agricultores”, asegura.

Vanessa Campos considera que los agricultores deberían evitar a los intermediarios y su poder para imponer los precios mediante la creación de un canal de distribución directo para llegar a los consumidores. Para ello se deberían establecer puntos de venta propios de los agricultores. “Es lo que los agricultores franceses llevan haciendo 40 años a través de Biocoop, una cooperativa que tiene una red de tiendas por toda Francia”, asegura Campos, que también destaca que esta cooperativa transforma el producto agrario y vende desde mermelada o zumos hasta productos de higiene personal o cosméticos. “De este modo añaden valor a sus productos, superan el problema que supone que el producto agrario sea perecedero y ganan tiempo y poder de negociación”, asegura.

El catedrático Joan Romero también defiende la creación de redes comerciales directas para reducir el poder de los grandes grupos alimentarios y las superficies comerciales “gigantescas”, y alerta de la conveniencia estratégica de mantener nuestra producción agrícola. “Los poderes públicos deberían tomarse esto muy en serio porque la huerta valenciana a lo mejor dentro de una década y media es un espacio estratégico fundamental como garantía de alimento, de modo que aunque fuese solo por el bien de la soberanía alimentaria los gobiernos deberían ocuparse en serio de que las producciones de alimento se mantengan”, sostiene.

No obstante, en la Comunidad Valenciana no se ha desarrollado un canal directo de distribución entre agricultor y consumidor que sea significativo a pesar del potencial agrícola. En el caso concreto de la huerta de Valencia, el nuevo alcalde Joan Ribó se ha comprometido a fomentar que la huerta sea productiva para dignificar el trabajo agrario. “No queremos proteger l'Horta solo de palabra, incentivaremos que los mercados municipales incluyan paulatinamente productos de kilómetro cero cultivados en la huerta y crearemos la marca Horta de València para identificar unos productos de calidad, conreados en uno de los terrenos más fértiles del sur de Europa”, sostiene.

Ribó también asegura que desde el Ayuntamiento pretenden crear un “verdadero cinturón verde” que sirva de transición entre el espacio urbano y la huerta, incentivar la agricultura ecológica en el término municipal y recuperar la posibilidad de cultivar algunas zonas de huerta destruidas durante el gobierno del Partido Popular, como en el caso de la ZAL de la Punta. “Al PP solo le interesaba la huerta como espacio para especular urbanísticamente y el Ayuntamiento de Valencia no ha llevado a cabo nunca ninguna política agraria. El nuevo gobierno municipal se encargará”, asegura.

Al margen de las actuaciones desde los poderes públicos, Vanessa Campos considera importante que sean los propios agricultores y la propia sociedad civil la que impulse un nuevo modelo agroalimentario. Cree que en el caso valenciano no se han desarrollado canales de distribución alternativos por el bajo sindicalismo de la agricultura valenciana y por el nivel de los políticos valencianos. “Mientras aquí estamos más pendientes de hacerse fotos y de ver quien se queda con la silla en la región italiana de Emilia-Romagna han utilizado el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para desarrollar una red de mercados locales donde los agricultores pueden vender su producto. Han adaptado lo que se venía haciendo en Francia y ahora los agricultores de la zona tienen una alternativa a la gran distribución y han ganado en libertad y precios”, asegura.

Ayudar a los agricultores a organizarse y a utilizar las estrategias empresariales de la gran distribución, crear una red de mercados de productos de proximidad que supongan una opción real frente a la gran distribución o fomentar una industria agroalimentaria en manos de los agricultores que sea capaz de transformar el producto podría favorecer también la creación de puestos de trabajo. “Si la industria agroalimentaria se desarrolla a través de empresas propiedad de los agricultores los beneficios se quedarán repartidos en el territorio. Se trata de utilizar un recurso como la tierra que está infrautilizado para solucionar un problema social como es el paro y la exclusión social”, asegura Vanessa Campos, que actualmente está trabajando en un proyecto entre la Universidad y el tejido agrario valenciano para desarrollar canales de distribución cortos sin intermediarios.

Joan Ribó también defiende su intención de utilizar el desarrollo agrícola para crear puestos de trabajo en l'Horta. “Desde Compromís queremos establecer un banco de tierras comarcal junto con el consorcio por la Ocupación de l'Horta Nord y la Mancomunitat de l'Horta Sud. El trabajo conjunto debe garantizar la protección de la huerta pero además incorporar personas desocupadas a la actividad agraria, porque lo que necesita la huerta es garantizar su futuro con la protección ambiental pertinente, pero también procurando que sea una herramienta útil como sector productivo”, asegura el nuevo alcalde de Valencia.

Para Joan Romero vivimos un momento en el que se está produciendo una ruptura con el modelo neoliberal alimentario, que se caracteriza principalmente por la concentración de todos los procesos en pocos grupos alimentarios, por la dependencia “total” de los agricultores a estos grandes grupos y por la aparición de un mercado globalizado que desborda la capacidad de los Estados. “En los últimos años en distintas partes del planeta se está empezando a reivindicar más soberanía y democracia alimentaria y más criterios sostenibles en la producción de alimentos. Criterios ambientales que persiguen la reducción de la distancia que recorre el alimento, del nivel de inputs industriales y venenos o de la manipulación genética”, asegura Romero, que considera que estos movimientos van a dar cada vez más importancia a la escala local. “Los ciudadanos cada vez desconfiamos más de lo que comemos y del pescado o las verduras que vienen de países donde no hay ningún control ambiental”, añade.

Precisamente la progresiva liberalización de la Unión Europea del mercado agrario comunitario es otro de los problemas a los que se enfrentan los agricultores para rentabilizar su trabajo. Productos más baratos de países con menos controles ambientales y donde hay explotación laboral, y que amenazan la producción agrícola autóctona. “Creo que la Unión Europea no debería tratar igual productos que no se han producido igual. Debería exigir los mismos requisitos ambientales que exige a los productos de la UE a los países terceros y tener en cuenta que si un producto que viene de países donde hay explotación laboral es más barato debería tratarlo de manera diferente o estaría permitiendo un dumping social que afecta a los agricultores europeos”, afirma Vanessa Campos.

Actualmente los agricultores tienen más herramientas que nunca para rentabilizar su producción agrícola al margen de las grandes distribuidoras. Hay agricultores en l'horta que venden su producción por Internet, hay aplicaciones móviles que permiten buscar y comprar directamente al agricultor, y cada vez se organizan más mercados de productores. También cada vez hay más tierras en l'Horta que se dedican al autoconsumo, en especial a la creación de huertos urbanos como los de Benimaclet, Sociópolis o los del Centro Social l'Horta. Estos terrenos dedicados al autoconsumo podrían ser una garantía de supervivencia para algunos cultivos de l'Horta, pues no dependen tanto de la rentabilidad económica, pero representan todavía una alternativa mínima.

En los últimos 50 años ha desaparecido más del 60% de la Huerta de Valencia según un estudio del geógrafo Víctor Soriano, sobre todo por la urbanización de los años del desarrollismo franquista. La ciudad ya no crece, pero la falta de rentabilidad económica podría dejar muchos campos vacíos. Veremos si en el futuro los campos de Jaume Chornet, el joven de Pinedo que quería ser agricultor, se cultivan o desaparecen.