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La enmienda de la discordia

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En las últimas semanas hemos visto un pulso de poder entre las entidades feministas y el Consell a colación de la propuesta que se presentó, vía ley de acompañamiento a los presupuestos, sobre la prelación de personas adjudicatarias de las indemnizaciones en casos de asesinatos machistas. Un pulso que tenía la esperanza de que el criterio asentado por el Consell, conformado por PSOE y Compromís, se modificase; necesitaba, por tanto, de un traslado institucional.

La enmienda presentada por Podemos a este criterio sirvió para que este cambio, que pedían los colectivos – tanto como para convertirlo en una de las demandas en las manifestaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres- , fuese posible, pero especialmente y, desde mi punto de vista, para un asunto no menor y de gran importancia: sentarse a negociar una cuestión que para los colectivos era fundamental, es decir, que los hijas e hijas fuesen los beneficiarios prioritarios de las indemnizaciones, en contra del criterio asentado por el Consell (quien priorizaba a los cónyuges).

En verano de 2015 y recién llegadas a les Corts, una de las primeras propuestas de Podem fue la creación de una comisión que estudiara la situación de las violencias machistas en la Comunidad Valenciana; una comisión aprobada por unanimidad y cuyas conclusiones sirvieron para la base del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. A través de esa comisión presidida por Podemos, y por primera vez en la historia de les Corts Valencianes, una delegación de diputadas nos trasladamos a conocer, en primer persona y en sede de una asociación de mujeres supervivientes de violencia machista, sus relatos de vidas maltratadas. Esta filosofía continuó en la confección del Pacto, cuya finalidad para su existencia, habiendo ya unas conclusiones asentadas de forma unánime por todos los grupos políticos en el seno del parlamento valenciano, era aunar todavía más agentes comprometidos y afectados por este tipo de violencia, especialmente, los colectivos feministas. No se entiende, por tanto, como una decisión de tanto calado político, no pasase por esta Comisión de seguimiento del Pacto, donde no solamente están representados los grupos políticos y diferentes instituciones, sino – y necesariamente- los colectivos feministas.

El Consell, con su propuesta –pionera en todo el Estado Español en asumir la responsabilidad pública de los asesinatos machistas, cabe decir-, erró en no hacer partícipe la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano, tanto como para casi romperlo. Esta fue una de las razones por las que Podemos presentó su enmienda, más allá del contenido de la misma.

La clase política, en un momento histórico donde los movimientos sociales han conseguido logros como una moción de censura, no puede permitirse que los colectivos se sientan instrumentalizados en sus causas, atendiendo a que para ciertas cuestiones son atendidos y para otras, no. Y mucho menos se lo puede permitir en un momento donde la desafectación de la ciudadanía respecto de esta clase política puede beneficiar grupos ultraderechistas, los cuales son justamente quienes trabajan para normalizar el odio a las mujeres y despreciar las causas feministas.

La enmienda de Podemos nunca debió existir, porque el Consell nunca debió de dejar de pactar con los agentes implicados en el Pacto valenciano contra la violencia de género y machista algo tan importante como quiénes deben recibir las indemnizaciones en casos de asesinatos machistas. Pero cumplimos con nuestra función y el sentido de querer hacer las cosas de una forma diferente. También eso, es actuar de forma feminista.

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