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La Audiencia Nacional concede protección a Ricardo Costa tras recibir amenazas después de denunciar la corrupción del PP

El exnúmero dos de Francisco Camps aseguró ante el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, que era objeto de amenazas anónimas después de confesar la financiación ilegal del PPCV

La Fiscalía estudiará si investiga a Camps cuando acaben las declaraciones de Gürtel

El ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa (i), acompañado por su esposa y su abogado a su llegada a la Audiencia Nacional EFE

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aprobado conceder medidas de protección al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, a raíz de las amenazas que asegura haber recibido desde que comenzó a colaborar con la Fiscalía tras confesar en el juicio de Gürtel la financiación ilegal del Partido Popular y señalar directamente a Francisco Camps como principal responsable de estas prácticas. Tal y como ha adelantado À Punt, se le va a aplicar la Ley de Protección de Testigos, aunque no se han concretado las medidas que se van a aplicar por cuestiones de seguridad.

De la Mata, había citado a Costa como testigo en su investigación sobre la caja b del PP. Costa, condenado a cuatro años por la financiación ilegal del PPCV, solicitó protección al magistrado del caso Bárcenas después de afirmar que estaba siendo objeto de amenazas anónimas telefónicas "que no cesan" tras haber desvelado el pago de comisiones por parte de los empresarios que confesaron haber financiado irregularmente al partido que presidía Camps -entonces president de la Generalitat-.

El exsecretario general del PPCV ratificó ante de la Mata que recibir dinero de los empresarios era una práctica habitual en el PP valenciano, un dinero que era remitido a la dirección de Génova en cantidades no superiores a los 3.000 euros para eleudir las previsiones de la ley de financiación de partidos políticos.

Concretamente, aseguró que recibió una entrega de 150.000 euros en billetes de 500 euros en 2008 del empresario José Mayor Oreja (FCC) para financiar actos de la campaña de las elecciones generales. Ese dinero era a cambio de contratos en la Comunitat Valenciana. En contreto, mencionó que más de 600 millones fueron adjudicados a empresarios que habían realizado aportaciones.

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