La Oficina Nacional de Caza pide a la Junta de Castilla y León que sancione la obstrucción de cacerías “ante la deriva violenta del animalismo radical”

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) cree que la Ley de Caza de Castilla y León tiene que incluir de forma expresa y como hechos sancionadores los actos de acoso, violencia y obstrucción de cacerías, hechos “cada vez más frecuentes” especialmente “ante la deriva integrista y violenta del animalismo radical”.

La ONC ha formulado alegaciones al anteproyecto de Ley de Caza de Castilla y León de la mano y de forma complementaria a la Federación de Caza regional, al tiempo que ha defendido que se dé prioridad en los aprovechamientos de los espacios públicos y privados a todos aquellos que generen riqueza, apoyando especialmente a los propietarios y a los usos tradicionales.

En este sentido, la ONC considera que toda la normativa que se está desarrollando “puede y debe ser compatible” a lo largo del año con el ocio de colectivos cada vez más activos en el medio natural, siempre que se respeten las normas y la propiedad y que se actúe con civismo, teniendo muy clara, cual es la diferencia entre “uso” y “aprovechamiento”.

El presidente la ONC, Felipe Vegue, ha mostrado “la indignación y preocupación” del sector por la situación de “hostigamiento y acoso injustificado” que viene sufriendo una actividad legítima y legal como la caza. La ONC recuerda que la Administración “debe velar por la compatibilidad y ejercicio ordenado de cualquier actividad” y, a su juicio, “parece lógico que ocupando una cacería de mayor un solo día al año de 364 y siendo los cazadores los únicos que pagan por la utilización de ese medio, tengan prioridad y se les respete en dicho aprovechamiento”.

Para esta entidad, es “imprescindible” apostar por la coordinación de todos los colectivos interesados en la ordenación de las aprovechamientos y usos de los montes, siempre teniendo en cuenta la prioridad de la caza como uno más de los aprovechamiento forestales necesarios para rentabilizar explotaciones y propiedades.

En esta línea, la ONC ha recalcado en sus alegaciones que la caza tiene una función social “innegable”, y que gracias a la misma se aminoran y minimizan daños a la agricultura; se reducen los accidentes de tráfico; se mitigan los daños ecológicos a la cubierta vegetal; se avanza en la lucha contra enfermedades animales; se genera riqueza; y se fija población en el medio rural.

Otro aspecto “importante” de este proyecto legislativo, según la ONC, es el que se refiere a la carga burocrática. Para la Oficina Nacional de la Caza es necesaria una “mayor simplificación”, ya que una mayor carga administrativa no lleva implícita una mejor ordenación cinegética, sino que, al contrario, se producen numerosas duplicidades.

En cuanto a una de las novedades de la norma, el nuevo registro de capturas 'online', que debe llevar a cabo el cazador tras cada lance, la ONC considera necesario “reflexionar” sobre el modelo que se propone y sus “grandes dificultades de implantación”. Así, considera necesaria una fase previa de estudio pormenorizado sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema que se plantea.

Por eso, la Oficina Nacional de la Caza cree que esta ley debe recoger la participación voluntaria de los cazadores en el sistema de registro telemático de capturas, y que este se actualice al finalizar la jornada y no después de cada lance. La posible obligación de cazar con el smartphone operativo afecta directamente a un valor incuestionable de la caza que es la libertad.

Por otro lado, se destaca la gran cantidad de datos sobre especies existentes, y la necesidad de que la Administración se dote de los recursos, personas y medios necesarios para abordar el desafío de la presión animalista. La administración autonómica “tiene que reaccionar”, ha destacado el presidente de la ONC.

Por último, la ONC defiende una “armonización legislativa” en todo el territorio para evitar situaciones de inseguridad jurídica a los cazadores de otras autonomías que se desplacen a Castilla y León. Para ello plantea modular las definiciones de gancho y de rehala, para tratar de igualarlas al resto de normativas no sólo cinegéticas, sino también de sanidad animal.