Un estorbo para la colonización israelí de Cisjordania: “Quieren echarnos de nuevo”

A mediodía el calor es difícilmente soportable en el pueblo de Abu Nuwar, a pocos metros de la localidad palestina de Al Ezariya, un barrio de la periferia de Jerusalén Este, aislado del resto de la ciudad santa por el muro de separación israelí. Resguardado bajo el techo de una tienda, Yunis Yahalín, al que sus vecinos conocen como Abu Atala, se toma un té caliente. “A nosotros nos gusta vivir aquí y no vamos a marcharnos”, explica este hombre risueño.

Abu Atala ejerce como portavoz de un centenar de familias beduinas, que fueron expulsadas de sus tierras en 1951 (tras la primera guerra árabe-israelí del 48), situadas en la ciudad de Arad, junto al desierto del Néguev. “Ya entonces demolieron nuestras casas y nos deportaron a Jordania, Jericó, Hebrón. De allí terminamos viniendo a esta zona (Cisjordania)”, señala. Ahora esperan una nueva expulsión.

Al término de la contienda, el gobierno de Israel ejecutó la transferencia étnica forzosa de decenas de miles de beduinos del sur y el este de Beersheva (a unos 40 kilómetros de la ciudad natal de Abu Atala y sus parientes), para acoger a la ingente cantidad de judíos que llegarían a la “tierra prometida” procedentes de Europa. Igualmente el desierto del Néguev era un enclave estratégico fundamental para el control de la península de Sinaí, así como para el acceso al mar Rojo y al canal de Suez. Un territorio tan primordial para el Estado en ciernes que hasta su fundador, David Ben Gurion, dejó escrito en su testamento político que “sin el Néguev Israel no tenía ningún futuro”.

En unas pocas décadas el Néguev se convirtió en el nuevo hogar de decenas de miles de judíos, en el campo de experimentación ideal para las últimas técnicas de agricultura automatizada y acuicultura o en el enclave perfecto para la construcción de grandes instalaciones militares. En ese “vergel” visualizado y diseñado por Ben Gurion, los beduinos —musulmanes de tradición nómada, desconocedores de alambradas o fronteras, “indómitos” (no acostumbran a pagar impuestos) y leales únicamente a las rutas que les enseñaron el camino a la supervivencian— no tenían cabida. Suponían un estorbo para el sueño sionista de unos líderes europeos avergonzados por el genocidio que se acababa de producir en el viejo continente. 

Abu Atala y sus parientes forman parte de esos miles de indígenas expulsados entonces de las tierras del Néguev —entonces de su propiedad, según la tradición oral transmitida durante generaciones (son ágrafos)— y que hoy vuelven a estar amenazados tras reasentarse en esta zona de Cisjordania. “Quieren echarnos de nuevo. Lo llevan intentando desde el año 2000”, explica Sandrine Yahalín, prima de Abu Atala, desde una destartalada tienda, construida a base de tablas de madera y hojalata, a pocos metros de la jaima bajo la que su primo continúa tomando té. 

Sin agua ni electricidad

Abu Nuwar se encuentra en la llamada área C —según la división territorial establecida por los Acuerdos de Oslo— que comprende más del 60% de la Cisjordania rural y se encuentra bajo control israelí tanto en el ámbito de la seguridad como en de la administración civil. Esta última entidad se encarga de la planificación urbanística del territorio y la infraestructura residencial de las colonias. Mientras que en el 70% del área C está prohibido levantar cualquier construcción de titularidad palestina, en el 30% restante sí se permite, en teoría, según recogen los Acuerdos de Oslo.

Sin embargo, en la práctica, la Administración Civil (departamento del ministerio de Defensa israelí que gestiona los Territorios Ocupados) rara vez concede permisos a quienes no son judíos para edificar viviendas, infraestructuras o estructuras agrícolas, bajo penas de multa o demolición. Esto implica que la mayoría de las aldeas beduinas carecen de servicios como electricidad, agua o red saneamiento, mientras no se escatiman gastos para abastecer de comodidades a los asentamientos israelíes cercanos, ilegales para la comunidad internacional. 

El contraste entre Abu Nuwar y sus alrededores es impactante. La tribu Yahalín está rodeada. De un lado, muy cerca, se vislumbran los tejados rojos de la colonia más grande de las afueras de Jerusalén, Maale Adumim. De otro, la ciudad palestina de Al Ezariya. Detrás, la carretera que conecta otros asentamientos cercanos como Kedar o el outpost (embrión de colonia) que se llama Kedar del Sur. Allí no faltan las torretas de electricidad o las casetas de obra ya habitadas por unos pocos colonos. Tampoco la clásica barrera de seguridad amarilla que en la Cisjordania ocupada viene a advertir: “no entres aquí si no eres israelí”. 

Con toda probabilidad ellos sí podrán seguir edificando aquí, pero los residentes de Abu Nuwar no. Mucho menos cuando suponen un “estorbo” para los planes expansionistas del ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que ya planeó construir el llamado Corredor E1, que conectaría territorialmente a Maale Adumim con Jerusalén Este edificando más de 1500 viviendas, impidiendo el desarrollo de este lado de la ciudad y partiendo gran parte de Cisjordania en dos. 

“Los planes para transferir a miles de beduinos y pastores pueden estar conectados con la expansión de los asentamientos”, dijo recientemente el Secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en relación con un informe elaborado por la ONU el pasado mes de marzo. “Están en riesgo de una transferencia forzosa, una violación grave de la Cuarta Convención de Ginebra”, añadió. Una denuncia en la arena diplomática basada en hechos sobre el terreno. 

Órdenes de expulsión

Hace algo más de un mes, Abu Atala y sus parientes recibieron la visita de algunos miembros de la Administración Civil israelí. “Nos estuvieron preguntando si queríamos mudarnos a un lugar mejor, donde no nos falte la luz y el agua”, explica Abu Atala. “Pero donde nos quieren trasladar es un sitio contaminado, al lado de un vertedero, sabemos que allí la gente enferma”, añade.

Este beduino se refiere al conocido como Al Yabal, una zona al este de Jerusalén, a escasos 300 metros del mayor basurero de Cisjordania y una de los tres emplazamientos escogidos por las autoridades israelíes para el traslado de al menos 7.000 beduinos repartidos en 46 comunidades. Los operarios llevan meses preparando el terreno para acomodar a los habitantes de Abu Nuwar. “Aquí somos 100 familias y sólo han construido viviendas para 34. ¿Quieren acaso que compartamos la misma casa?”, pregunta Abu Atala contrariado. Según la tradición beduina, las familias cercanas deberían ser capaces de “no escucharse ni olerse entre ellas”, por lo que una excesiva proximidad vulneraría los fundamentos más conservadores de sus tradiciones.

De momento, las familias han formado un comité de varios miembros como órgano de representación en las diligencias con el abogado israelí que les lleva el caso y que será quien mantenga los contactos necesarios con la Administración Civil, que ya les ha anunciado que no podrán continuar en estos terrenos porque, de acuerdo a esta entidad, “son propiedad del Estado”. “Estas estructuras son ilegales”, reza una nota enviada por la Administración civil a eldiario.es en respuesta a varias preguntas efectuadas sobre la situación de Abu Nuwar. “Fueron emitidas órdenes de demolición sin establecer una fecha como ultimátum. La Administración Civil ha preparado, junto a representantes de la comunidad beduina, un plan organizado de vivienda para ellos”, se lee en la respuesta enviada por correo electrónico a esta periodista. 

De momento, el letrado ha aconsejado a los Yahalín no tratar este asunto con nadie del gobierno sin que él esté presente y resistir los meses que habrán de pasar antes de que se tome cualquier decisión.  

Las familias también han recibido la visita de varios miembros de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) quienes les han animado a no moverse de allí. “No nos vamos a marchar”, asegura Abu Atala. “Prefiero morir antes que vivir allí donde nos quieren llevar, antes de que nos vuelvan a echar otra vez de nuestras casas”, concluye este beduino.