Manuela Carmena, cargos electos del PSOE y un centenar de juristas exigen al Gobierno en un manifiesto que no aplique las devoluciones en caliente

Un centenar de juristas, académicos y personalidades políticas ha firmado un manifiesto para exigir al Gobierno el cese “inmediato” de las devoluciones en caliente. Entre los firmantes se encuentran cargos electos del PSOE, como el eurodiputado López Aguilar, el senador independiente Javier de Lucas; la eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop; y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La misiva recuerda al Ejecutivo que “está legitimado” para dejar de aplicar estas prácticas y solicita al Tribunal Constitucional que no “existe una obligación” de hacer suyos los argumentos del aval de Estrasburgo de cara al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pendiente de resolución.

El 13 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló las devoluciones en caliente ejecutadas en la frontera española al considerar que los migrantes denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”. Con ello, la Gran Sala anuló la condena dictada por unanimidad en la misma Corte, recurrida por el Gobierno español.

El manifiesto, impulsado por CEAR, destaca que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el que basa las sentencias el Tribunal de Estrasburgo, “es una garantía 'de mínimos” y “ninguna de sus disposiciones se puede interpretar limitando o perjudicando aquellos derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la legislación de los Estados parte o en cualquier otro Convenio”.

El Constitucional estudia desde hace semanas un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su disposición final primera regula las devoluciones en caliente, llamadas “rechazo en frontera” por el Ministerio del Interior. El escrito señala que el Alto Tribunal no tiene “impedimento para que pueda declarar estas prácticas inconstitucionales”.

Entre las personas que han apoyado el manifiesto se encuentran la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el catedrático y senador independiente del PSOE, Javier de Lucas; la exministra socialista de Asuntos Sociales, Matilde Fernández; la eurodiputada por Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Juan Fernándo López Aguilar, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.

El escrito apunta a que las devoluciones en caliente, amparadas en la disposición disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, vulneran cuatro artículos de la Constitución (9.3, 15, 24 y 106). “La apreciación de inconstitucionalidad se basa, entre otras razones, en que este nuevo procedimiento de devolución resulta arbitrario y priva, en definitiva, al extranjero de su derecho a la tutela judicial efectiva por no garantizarse un acceso a los tribunales en condiciones que aseguren el ejercicio de sus derechos de defensa”, desarrolla la misiva.

Más allá de la decisión tomada por el Constitucional, los académicos enfatizan que el Gobierno “está legitimado para poner fin a estas prácticas, aunque el Alto Tribunal finalmente las declarase constitucionales”.

El manifiesto recuerda las palabras esgrimidas en 2017 por el actual presidente del Gobierno en las que pedía “la derogación total de la Ley Mordaza” y rechazaba “rotundamente las devoluciones en caliente”. En esta línea, los firmantes solicitan “coherencia” al actual Ejecutivo en relación a sus promesas y a los argumentos incluidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2015 por varios grupos parlamentarios, incluidos PSOE y Unidas Podemos. Ambas formaciones incluyeron en sus programas la eliminación de las expulsiones inmediatas en Ceuta y Melilla.

En su carta, los académicos citan la Convención de Ginebra para reiterar la prohibición de todo Estado firmante a “expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida e integridad física corra peligro”. Las devoluciones en caliente impiden la identificación de personas necesitadas de protección internacional y el acceso a las mismas al procedimiento de asilo.

Por su parte, las organizaciones integradas en la red euroafricana Migreurop han registrado este martes en el Ministerio del Interior un decálogo de propuestas relacionadas con las políticas migratorias que “garantizan los derechos de las personas migrantes”. Las ONG que conforman la plataforma se han mostrado “preocupadas” ante la posibilidad de que el fallo de Estrasburgo “sea utilizado para legitimar y blindar la práctica de las devoluciones sumarias que se realizan en nuestras fronteras”.

En este sentido, las organizaciones de Migreurop consideran que “todo esto es contrario al acuerdo de coalición del Gobierno”, que recoge el objetivo de promover “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”.