El Defensor del Pueblo exige corregir las "deplorables" condiciones en las que trabajan y viven los jornaleros

Un migrante camina con garrafas de agua hacia en la cabaña donde vive en Lepe, Huelva. Más de 1.400 migrantes viven en malas condiciones solo en Lepe, siendo este número de aproximadamente 3.000 en la provincia. Huelva, España, el 14 de abril de 2020. ©️ Javier Fergo

El Defensor del Pueblo ha exigido a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y las organizaciones agrarias una solución coordinada y urgente para garantizar "los derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas" a los temporeros para acabar con la "degradación en la que viven" en distintos puntos de España. Tras los últimos brotes de COVID-19 surgidos entre jornaleros, Francisco Fernández Marugán ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.

Fernández Marugán ha destacado las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles; o la "degradación" de asentamientos en Huelva o Almería, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias. El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo".

Además, denuncia, los temporeros "se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene". Según el Defensor, "ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias" han sido "capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas".

España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea, ha recordado. Según datos extraídos de diferentes estudios elaborados por universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, alrededor de 100.000 personas obtienen su sustento en este sector, muchas de ellas extranjeros extracomunitarios que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida. “Esta situación constituye un grave problema social ante el que ni las administraciones públicas ni el sector agrario han sido capaces de habilitar una respuesta adecuada”, ha cuestionado Fernández Marugán.

El Defensor recuerda en un comunicado los meses de confinamiento, cuando los temporeros "han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello". "Esto ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables, ha concluido.

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21 de julio de 2020 - 12:31 h

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