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La nueva FP excluye a los jóvenes de origen marroquí a los que España negó la escolarización

Una de las aulas de la ONG Digmun durante una de sus clases. / Fotografía: Gonzalo Testa

Juan León García

Ceuta —

“Muchas veces me he preguntado por qué yo no puedo estudiar y ellos sí”. Cada mañana, los caminos de Mohamed Ali y sus cuatro hermanos se separaban. Es entonces cuando se pregunta por qué.

Con un 19,97% de tasa de abandono escolar, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de niños y niñas fueras de las aulas de forma prematura. Según el último informe de Eurostat, el objetivo marcado por la UE para España se fijó en un 15%, la cifra más alta de abandono escolar de las primeras cinco economías continentales, entre las que se encuentra nuestro país.

En Ceuta, la tasa de abandono escolar sube hasta un 29,8% en 2015, 0,3 puntos más respecto al año anterior, según la última estadística del Ministerio de Educación. Es la más alta de todo el país.

Lejos de estadísticas y datos macroeconómicos están las palabras de Mohamed Kareem, de 19 años: “Me gustaría seguir estudiando, lo que sea, trabajar, pero no estar parado. Llevo muchísimos años con ello”. “Ello” es vivir en Ceuta siendo hijo de marroquíes en situación irregular. Al no estar empadronado, no puede acceder a la educación pública, aunque tanto la Ley de Extranjería como la Ley Orgánica del Menor garantizan este derecho, recogido, además, en el artículo 27 de la Constitución.

Entre estos datos tampoco está Mohamed Ali. Cuando se le pregunta qué le gustaría hacer, contesta que “tener un futuro bueno para mí, como todos. Quiero estudiar”. Ambos comparten nombre, edad, miradas al suelo, voces quebradas y, en el recuerdo, una infancia y una adolescencia distintas. Ninguno tuvo garantizado el derecho a la educación. Ambos llevan toda su vida en Ceuta, donde se encontraron con un requisito que en el resto de la Península no restringe el acceso a la escuela pública: el empadronamiento.

Mohamed Ali y Mohamed Kareem fueron alumnos de la escuela para niñas y niños de entre 5 y 17 años sin derecho a escolarización, que la Asociación para la Diginidad de Mujeres, Niñas y Niños (Digmun) de Ceuta impulsó en 2007. Tras muchos años denunciando la situación de sus alumnos, ha conseguido, con la ayuda del partido político Coalición Caballas, que el Ministerio Fiscal les reconozca el derecho de escolarización en los colegios públicos de Ceuta, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma no haya acatado la misma postura.

Del PCPI a la Formación Profesional Básica

Aunque la tasa de abandono escolar en España es superior al resto de la UE, no es así en las enseñanzas medias y superiores, donde disminuye.

Pero, ¿qué ocurre al cumplir 16? “¿Dónde van esos chavales? A ningún sitio. No hay ninguna estructura educativa aquí para ellos. Primero no hubo cobertura educativa cuando era obligatoria. Si no había cuando era obligatoria, lógicamente, cuando no lo es, mucho menos todavía”, explica Maribel Llorente, presidenta de la asociación Digmun. Para los jóvenes que ya han perdido la oportunidad de una educación obligatoria existen las mismas trabas administrativas que impiden el acceso a centros de adultos o una Formación Profesional.

Después de tres años solicitándolo, Mohamed Ali consiguió el pasado mes de noviembre el empadronamiento. La administración marroquí contribuyó a retrasar su petición: “En Marruecos tarda mucho. Tienen que tramitar la residencia” dice, para que, posteriormente, la ceutí le pudiese conceder el estatus de residente. Aunque haya superado uno de los mayores obstáculos con que se encuentran niñas y niños de Digmun, tras haber salido de la escuela de la asociación, y sin titulación oficial que demuestre su nivel educativo, no puede acceder a la Formación Profesional que ofrece el Ministerio de Educación. Haber cursado la enseñanza obligatoria es un requisito que se exige a quienes quieren inscribirse en estos programas formativos.

“Ahora, ¿dónde lo metemos?”, pregunta Maribel Llorente. “Vamos al Ministerio y preguntamos qué hacemos con él. Dicen que, como no ha estado estudiando en un centro educativo y no tiene una titulación, aunque tenga papeles, tampoco puede seguir estudiando”. Todo ello deja en evidencia la falta de cobertura de Educación para las personas que se encuentran en la situación de Mohamed, causada por los requisitos que imponen tanto el Gobierno de Ceuta como el Ministerio.

A raíz de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se sustituyeron por la Formación Profesional Básica (FPB).

Los PCPI eran programas de dos cursos que, según fuentes de la Dirección Provincial de Educación, registraban una tasa alta de abandono en su segundo año. Con la nueva FPB (de misma duración) según las fuentes citadas, se ha conseguido reducir esta tasa. En cambio, los requisitos para acceder a esta nueva formación se han endurecido. Aunque ambos programas se pueden cursar a partir de los 16 años, en la Formación Profesional Básica se exige, como mínimo, que el alumno que solicite entrar haya agotado todos los intentos de cursar la ESO. Es decir, estar matriculado en 2º de ESO y repetir, mínimo, dos veces.

La diferencia entre estos dos programas, señalan desde la Dirección Provincial de Educación, es que para acceder a un PCPI bastaba con cumplir 16 años y la oferta de éstos se repartía entre organismos oficiales, instituciones y asociaciones de Ceuta. Como explica Maribel: “El año pasado había convocatorias para acceder a la FPB. Pero las redujeron considerablemente, y se quedaron 8 ó 9 nada más. Eso no es suficiente para abastecer la demanda que hay en Ceuta. Estos niños, hasta hace dos años, podían acceder a los PCPI, porque no necesitaban una titulación previa. Ahora, como ya no está esa oferta, y nosotros ya no la tenemos, tampoco podemos darles por esa vía la cobertura que los chavaales necesitan”. Desde Educación se señala que estos jóvenes elegían las asociaciones porque era más fácil acceder a los PCPI.

Con dos títulos tan distintos como cocina e informática a sus espaldas, Mohamed Kareem encuentra respuestas en los suspiros: “Lo de los PCPI se acabó”. Su situación no es única, como tampoco lo es la frustración que les describe. “Si no consiguen la residencia, no tienen derecho a absolutamente nada. A nada. Provocando una caída en picado de niños que tienen muchísimo interés por los estudios, y se ven abocados a no estudiar, a no conseguir el trabajo que les gustaría tener”, afirma Rosario Vicente, coordinadora de programas de Digmun.

La web del Ministerio de Educación, a pesar de facilitar un mapa para conocer la implantación de la Formación Profesional Básica en las Comunidades Autónomas, no muestra información sobre cómo se implanta ésta en Ceuta y Melilla. Al intentar acceder a los programas de FPB en las ciudades autónomas, la web remite a las 982 páginas de la LOMCE. En cambio, en el resto de comunidades autónonas están disponibles enlaces donde se detalla el procedimiento de admisión, los requisitos, la oferta de FPB y los distintos plazos para acceder a ella.

El efecto llamada

Detrás del enredo administrativo que ocasionan a los menores, se esconde una problemática social. “Aquí el temor es el efecto llamada. A ver si se van a venir todos para acá y cómo vamos a atenderlos, si no tenemos recursos, si no tenemos aulas suficientes para los propios niños que viven aquí en Ceuta...”, señala Llorente. La falta de recursos, unida a una tasa de natalidad superior a la media nacional, genera aulas cada vez más masificadas.

La escasez de aulas se ve desde la población ceutí como una razón de peso para priorizar la escolarización de unos respecto a otros. Estamos también ante los recortes efectuados en Educación: a pesar del aumento presupuestario total durante los últimos tres años, las políticas de educativas tienen una partida ligeramente superior a la del año 2012, según datos de Civio.

En vista de las pocas o nulas oportunidades que le ofrece un sistema excluyente, Mohamed Kareem empezó a hacer pequeños encargos que se pagaban en negro: “Trabajaba en la frontera algunas veces, algunas veces no. Entonces me quedaba en casa”. Porque las opciones son pocas: intentar regularizar la situación, trabajar de manera clandestina o quedarse en casa.

Mohamed Ali acude todas las mañanas a la sede de Digmun como voluntario a la espera de poder entrar en un centro de adultos.

Kareem recuerda cómo un compañero de clase acabó en la cárcel. La ausencia de futuro, el no ver más salida que “el mal camino”, es a lo que temen ambos. A pesar de las dificultades que afrontan desde pequeños, dice Rosario, “los niños están con muchísimas ganas, no se derrotan fácilmente. Lo normal es perderles la pista por algo bueno: se han escolarizado”.

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