El censo de gitanos que propone Salvini es ilegal y la Justicia ya lo frenó con Berlusconi

“Aquí nadie tiene en mente hacer registros basándose en etnias porque sería, ante todo, inconstitucional al ser totalmente discriminatorio”. No son palabras de ningún colectivo en defensa de las personas gitanas ni ninguna ONG, sino de Giuseppe Conte, primer ministro de un Gobierno del que el ultraderechista Matteo Salvini es vicepresidente.

Tras el sonado rechazo al buque Aquarius, el también ministro del Interior italiano sorprendió el pasado lunes con una nueva polémica al proponer la elaboración de un censo de la población gitana. Sugirió expulsar a “los irregulares”. “A los italianos, por desgracia, hay que quedárselos”, dijo.

Sin embargo, son varias las voces que, como Conte, han recordado que las leyes italianas no permiten un registro de carácter étnico. Así lo consideró la justicia italiana, que determinó que una medida similar del Gobierno de Silvio Berlusconi era discriminatoria. Como señala el propio primer ministro, la Constitución italiana establece que “todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas, condiciones personales y sociales”.

Además, la llamada ley Mancino condena con penas de hasta tres años de cárcel “la propaganda de ideas fundadas sobre la superioridad o sobre el odio racial o étnico”. Esta norma fue aprobada en 1993 para combatir la propaganda fascista. Por esta razón, cuando Salvini anunció su última propuesta estrella, la prensa italiana recordó las leyes raciales aprobadas por el dictador Benito Mussolini.

“No estamos en la Alemania de 1938, sino en la Italia de 2018”, lamenta Carlo Stasolla, presidente de la Asociación 21 de julio, que defiende los derechos de la comunidad gitana. El responsable de este colectivo se pregunta “qué pasaría si en lugar de 'gitanos', pusiéramos la palabra 'judíos”. “Probablemente se desataría un conflicto diplomático, el ministro del Interior no se atrevería. Sin embargo, lo hace con nosotros, ya que hay una discriminación constante sin ningún tipo de pudor”, responde.

Esta misma agrupación se lleva encargando durante años de realizar el censo romaní más preciso que se conoce en este país. Según el informe de 2017, en Italia hay entre 120.000 y 180.000 personas gitanas, “nómadas” o miembros de la comunidad sinti.

Según sus datos, el 43% de quienes se viven en territorio italiano han nacido en este país, mientras que el resto procede, sobre todo, de Europa del Este, por lo que no se les puede expulsar al ser en su mayoría ciudadanos comunitarios.

Cerca de 26.000 personas habitan en diferentes tipos de asentamientos al aire libre. De ellos, 16.400 viven en poblados considerados formales –construidos por las instituciones– y unos 10.000 en campamentos informales. Estos últimos son quienes se encuentran en peores condiciones. “Por supuesto que en estos puntos la situación sanitaria es dramática, existe criminalidad y la escolarización es muy baja”, sostiene Carlo Stasolla. Pero “no porque vivan personas gitanas”, dice, “sino porque están abandonados en una situación de marginalidad extrema”, añade. El colectivo subraya que el 55% de la población gitana tiene menos de 18 años y sus miembros tienen especial dificultad para encontrar trabajo.

También el ISTAT, el instituto de estadística italiano, ha publicado diferentes estudios junto a la Oficina Nacional Antidiscriminación Racial. Mientras, el Ayuntamiento de Milán aprobó un proyecto en 2012 para acudir a los poblados e “incluir a las familias y niños, superando todo tipo de discriminación y negación de la dignidad de la persona”. Se trataba de un intento para ofrecer acceso a la sanidad y a la educación a esta comunidad, algo diferente a lo que subyace de las palabras de Salvini, que afirmó en un tuit: “Si lo propone la izquierda está bien, si lo propongo yo es racismo. Yo no cedo y voy de frente. Primero los italianos”.

El ministro de Interior ha precisado que lo que le interesaba es tener a su disposición “una radiografía” de esta parte de la sociedad para saber dónde hay que apuntalar la escolarización o perseguir el pago de impuestos. También insistió en que “muchos alcaldes” le están pidiendo que se ponga a ello.

El censo ya lo intentó Berlusconi

El líder de la ultraderechista Liga suele mantener un doble discurso, y mientras matiza sus propios arrebatos, el mensaje queda dicho y asimilado por sus votantes. Como ejemplo, esta semana publicó en sus redes sociales una fotografía de una excavadora arrasando con una casa que él consideraba “ilegal”, que terminó siendo la cocina de una mujer de 70 años enferma de cáncer.

Por esta razón, los colectivos de personas gitanas temen que las palabras puedan pasar a los hechos. “Si lo hubiese dicho cualquier otro, podía ser solo un anuncio político, pero un ministro leguista con ganas de imponer un puño de hierro es peligroso”, considera el presidente de la Asociación 21 de julio. Su preocupación se basa en un precedente: un proyecto similar aprobado en 2008 por Roberto Maroni, también miembro de la Liga y ministro de Interior con Silvio Berlusconi en el Gobierno.

Funcionarios italianos fueron a los diferentes asentamientos a tomar la huella digital, hacer fotografías de familia e incluso realizar un control de los tatuajes a la población gitana. Si pasaba por allí un ciudadano de otra etnia, quedaba exento del registro. La medida fue impugnada por un tribunal administrativo de la región del Lazio, cuya capital es Roma; censurada por el Parlamento Europeo y, en 2013, el Gobierno tuvo que indemnizar con 8.000 euros a una mujer que había sido sometida a estos registros. La Justicia terminó frenando la iniciativa al considerarla discriminatoria, pero el Ejecutivo la aplicó durante año y medio.

Arrasar con los poblados donde se ven empujadas a vivir muchas personas gitanas es una proclama que la Liga lleva lanzando antes incluso de abanderar su campaña contra los migrantes procedentes de África y consiguió imponerla en el programa de Gobierno pactado con el Movimiento 5 Estrellas. En la práctica, los desalojos se realizan periódicamente, pero poco después los campamentos vuelven a levantarse en otras zonas. Solo en Roma ha habido cerca de una treintena de desmantelamientos en lo que va de año.

“Esta propaganda continúa produciendo veneno”

El fundador de la ONG Emergency, Gino Strada, se pregunta si la propuesta del ministerio del Interior es solo propaganda. “Sí, probablemente, pero esta propaganda continúa produciendo veneno, desatando violencia y desprecio por los últimos”. Su organización ha lanzado un comunicado para pedir al Gobierno que “frene en la política de producir eslóganes, trabaje para encontrar formas de convivencia y afronte los verdaderos problemas de la pobreza y el malestar social”.

El director del Instituto de sondeos IPR Marketing, Antonio Noto, juzga que “la posición férrea en materia de inmigración de Salvini está basada fundamentalmente en criterios electorales”. Cree que no podrá mantenerla de forma ilimitada, pero el líder ultraderechista, asegura, “vive al día y de momento le está yendo muy bien”.

Según las encuestas de este organismo, un 60% de los italianos comparte la política migratoria que está poniendo en práctica el Gobierno, tras años de varios momentos en los que Italia se ha visto “abandonada” por la Unión Europea en la acogida de migrantes. También según estos cálculos, la Liga de Salvini sería ya el primer partido en intención de voto, con un 30% de los apoyos, frente al 17% que consiguió en las elecciones de hace solo tres meses.