Un jefe de la Guardia Costera libia, clave en el acuerdo migratorio con Italia, era antes traficante
A Abdel Rahman Al Milad lo acusan de seleccionar desde las playas libias a quienes se embarcaban en las lanchas de goma con dirección a Europa, de torturar a los migrantes y de devolverlos a los centros de detención del país norteafricano. Algunos testigos lo señalaron como traficante de seres humanos, antes de convertirse en jefe de la llamada Guardia Costera libia en la ciudad de Zawiya, cercana a Trípoli. La ONU sospecha que desde este cargo ha seguido colaborando con las mafias.
El hombre, más conocido como Bija, fue uno de los protagonistas del acuerdo migratorio firmado entre Italia y Libia en 2017, que acaba de ser renovado después de que el Gobierno italiano haya decidido no poner fin al pacto.
El acuerdo se firmó en febrero de 2017 bajo el Ejecutivo del socialdemócrata Partido Democrático (PD) y, poco después, Bija acudió al menos en dos ocasiones a Italia como interlocutor autorizado. Ya en marzo de ese año formó parte de una delegación libia que visitó al centro de acogida de la ciudad siciliana de Mineo, mientras que en mayo se desplazó a Roma invitado por la Guardia Costera italiana, donde participó en una serie de “encuentros de formación”. En Roma también se reunió con miembros del Ministerio del Interior. Distintas investigaciones periodísticas señalaban entonces a Bija como presunto traficante y un año después el Consejo de Seguridad de la ONU lo incluyó en su lista de sanciones alegando que estaba al mando de una unidad de los guardacostas “a la que se relaciona constantemente con la violencia contra los migrantes y con otros traficantes de personas”.
La revelación de que este hombre estuvo en estos encuentros y, por tanto, jugó un papel importante en los acuerdos a nivel gubernamental la ha ofrecido el diario italiano Avvenire. Al autor han tenido que asignarle un escolta por miedo a las represalias. El semanario L’Espresso publicó después una entrevista con el propio Bija, en la que reconoce sus contactos con las autoridades italianas, aunque desmiente toda relación con las mafias. Según su versión, fue apartado de la Guardia Costera libia cuando se inició la investigación de la ONU, pero recientemente ha vuelto al cargo.
El turbio pasado del funcionario libio no supuso ningún impedimento para que Italia firmara entonces un acuerdo para frenar la inmigración en el país vecino. Reuters y Associated Press también publicaron en aquel momento que distintas milicias libias recibieron dinero de las arcas italianas.
El resultado fue que a partir de julio de 2017 se desplomaron las llegadas a Italia, que pasó de recibir 180.000 migrantes al año a los cerca de 10.000 que han desembarcado este año. El precio lo pagaron otras 40.000 personas que han sido devueltas desde entonces a Libia, donde han sufrido de nuevo todo tipo de maltratos en los centros de detención, como han documentado las agencias de Naciones Unidas. Unas 4.400 personas han muerto intentando atravesar esta ruta desde la firma del acuerdo.
Italia otorgó medios técnicos, financiación y formación a las autoridades libias, a quienes se confió la labor de las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Según cálculos de Oxfam, todo esto le ha costado al Estado italiano unos 150 millones de euros. Un gasto con el que el Gobierno de Roma intentaba impedir entonces que el discurso ultraderechista siguiera creciendo con las llegadas de migrantes –y con la sensación de falta de apoyo de la Unión Europea para abordar el fenómeno–, pero hoy esta política ha quedado completamente asumida. El acuerdo de 2017 incluía una cláusula por la que se renovaría automáticamente este noviembre, como así ha ocurrido.
Además, en el marco de la Operación Sofía, la UE dota de formación, equipos y entrenamiento a los cuestionados guardacostas libios. Según datos del Consejo Europeo, han participado en este programa 400 agentes. Por otro lado, desde 2014, la UE ha destinado 286 millones de euros para “proyectos relacionados con la migración” en Libia.
“Renovar el acuerdo puede ser criminal”
Las ONG, que llevan años denunciando este pacto, han vuelto a la carga para intentar impedir su aplicación. Reunidas en una agrupación que incluye a más de una veintena de ellas, la semana pasada remitieron una carta conjunta al Ejecutivo pedir la anulación del convenio. “Pedimos la evacuación inmediata de los centros de detención para migrantes [en Libia], garantizando la necesaria asistencia y protección, la puesta en marcha de un programa eficaz de salvamento en el mar a nivel nacional y europeo y canales de ingreso regular [en Europa]”, se lee en la misiva.
Antonello Ciervo, jurista de la Asociación de Estudios Jurídicos para la Inmigración, señaló además que “las cámaras no han ratificado nunca el memorándum”. Fue una decisión tomada por el Gobierno del momento, que los gabinetes sucesivos han mantenido. “Renovarlo no es un solo un acto inconsciente, sino ilegal e incluso se puede convertir en criminal. Esperamos todavía de este Ejecutivo de Giuseppe Conte una señal de discontinuidad en las políticas migratorias con el anterior”, añadió Ciervo.
La renovación del pacto con Libia ha vuelto a abrir grietas entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el Partido Demácrata, los actuales socios de Gobierno. Mientras el PD pedía modificar significativamente el contenido del acuerdo, que ellos mismos firmaron en 2017, el M5E defendía la reducción de las llegadas de migrantes y alertaba de que otros cientos de miles podrían partir desde las playas libias. Este último partido ha sido el más incisivo en defender el entendimiento con Libia, ya que exceptuando a un sector minoritario de la formación, hasta ahora no ha renegado de la anterior experiencia de Gobierno con la Liga, con quienes hicieron bandera de la mano dura en materia migratoria.
Finalmente, el memorándum ha quedado renovado con ligeras modificaciones, como la petición para que las distintas agencias de las Naciones Unidas puedan acceder a los centros de internamiento libios, un plan para su progresivo desmantelamiento, el traslado de los migrantes a otros espacios mientras se crean corredores humanitarios y un mayor esfuerzo en las “repatriaciones voluntarias” a los países de origen. Estas condiciones deberían ser aprobadas por las autoridades libias. La ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, asegura que estas tienen buena disposición. Aunque para su aceptación es posible que pidan más ayudas económicas.
La portavoz de Acnur en Italia, Carlotta Sami, reitera que sus peticiones son que “no haya más repatriaciones y que se cierren los centros libios, donde se concentran abusos, hambre y condiciones de salud precarias”. Según los cálculos de este organismo de la ONU, en estos momentos hay en estas estructuras del país norteafricano unos 4.700 migrantes encerrados, de los que 3.700 tendrían derecho al asilo en Europa. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) también denuncia que sus trabajadores solo pueden entrar en los centros bajo autorización libia y que en estas condiciones es imposible garantizar los derechos humanos.
La ministra Lamorgese compareció este miércoles en el Parlamento para defender la renovación del acuerdo con Libia. “En el momento de la firma los flujos eran preocupantes, mientras que hoy las dinámicas migratorias son menos intensas”, dijo la titular de Interior, que atribuyó el consiguiente descenso en el número total de fallecidos al pacto con el país norteafricano. Durante la política de cierre de puertos, una de las principales denuncias de las ONG de rescate ha sido la falta de testigos de posibles muertes en el Mediterráneo y su temor de que los balances oficiales no recojan cuántas personas desaparecen en su intento de llegar a Europa.
La sucesora de Salvini en el Ministerio no tiene intención de cambiar esta estrategia, que el líder ultraderechista exprimió al límite, pero que ya fue diseñada por sus predecesores. Un grupo de 25 dirigentes que apoyan al Gobierno también ha firmado un documento para pedir la cancelación del memorándum, con escaso éxito. El acuerdo con Libia seguirá estando vigente.
